La Comisión Provincial por la Memoria publicó un duro comunicado sobre el accionar tanto de las fuerzas de seguridad como de la Justicia, en la represión de la protesta frente al Congreso el miércoles pasado, que anticipa un informe aún más duro.

Roberto Cipriano García es abogado y psicólogo social, graduado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), e integra la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en calidad de secretario. En ese rol, analiza el comportamiento, tanto de las fuerzas de seguridad sobre el territorio como del sistema judicial. 

"Si así se manejan cuando supuestamente gozan de la mayor legitimidad, ¿qué podemos esperar de ellos cuando estén en retirada y las protestas sean generalizadas?", se pregunta en diálogo con Buenos Aires/12.

La CPM, designada como mecanismo local de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires, integrado en el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, según lo establecido en la ley nacional 26827, produce informes sobre los distintos hechos represivos, que publica en su propia página web y envía tanto a legisladores como funcionarios.

Con el informe sobre lo ocurrido el miércoles pasado y las detenciones posteriores aún en elaboración, la CPM publicó en sus redes sociales un comunicado en el que enumera “más de 200 personas heridas y 35 detenidas durante un operativo en donde registramos el uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública, con despliegue de camiones hidrantes, gases y disparos de balas de goma". "Además, se verificó que agentes de la Policía de la Ciudad y de la Gendarmería Nacional se encontraban en las inmediaciones de la manifestación portando armas de fuego, a pesar de estar prohibido”, anticipa. 

Consultado al respecto, Cipriano García comenta que “habitualmente, estas detenciones quedaban en la órbita de la Justicia de la Ciudad, que según el caso, las calificaba como contravenciones o como delitos menores, excarcelables". "Es inédito que pasen a la Justicia Federal y que los acusen de sedición, terrorismo y otros delitos con penas de hasta 20 años”, señala. 

“De todas maneras, a fines de esta semana se cumplen los diez días, que es el plazo que tiene la Justicia para excarcelar o dictar la prisión preventiva y las acusaciones son todas poco serias, irresponsables, infundadas y carentes de pruebas; no hay nada contra ellos, literalmente”, explica y asegura que "sería otro escándalo que les dicten la preventiva".

El funcionario, que recibió varios impactos de balas de goma en la represión del debate de la misma ley en enero pasado, agrega que “en cambio, lo que se tiene que investigar, que es el incendio del auto y los otros desmanes, de los que hay abundante prueba fílmica y fotográfica, no se investiga”.

“En términos constitucionales, el recurso para impedir esta clase de abusos de poder es la Justicia, pero de esta justicia amañada no se puede esperar nada", dice y asegura que "el gobierno heredó el aparato judicial macrista intacto". "En los tribunales superiores, corte suprema y casación, se consolidó un espíritu muy regresivo”, reflexiona y señala  "que, por ejemplo, Stornelli permanezca en su cargo después de las acusaciones que enfrentó es parte sustancial del problema".

Para Cirpiano García, el mismo espíritu después se extiende sobre las fuerzas. "Supimos que en estos días hubo varias prácticas de verdugueo por parte de los guardias del servicio penitenciario a los detenidos en la marcha del miércoles, de comentarios a algún empujón y a rociar con gas pimienta una celda en la que se encontraban”, destaca. 

Para Cipriano García, queda la condena internacional. "La Comision Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) citó a una audiencia, pero sus decisiones no son vinculantes,  a la vez, este gobierno ya demostró que estas cosas no le importan nada. O al revés, crean que la condena de la CIDH es una cocarda", dice e imagina que "lo más probable es que envíen a un funcionario de línea de la cancillería”.

Qué dice el comunicado

Acerca de las detenciones arbitrarias, el comunicado afirma que “de manera infundada se les imputan delitos graves que incluyen delitos contra la seguridad pública (art. 189 bis CP), incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones (art. 212 CP), organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213 bis CP), delito contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional (art. 226 CP) y se solicita la imposición de prisión preventiva”.

Y advierte: “Se recuerda que, de conformidad con los estándares internacionales y nacionales que rigen en la materia, la regla general de los procesos penales debe ser la libertad de la persona siendo que la aplicación de la prisión preventiva tiene un carácter excepcional; a su vez, para su dictado deben existir elementos de prueba suficientes que vinculen a las personas imputadas con el hecho investigado, y debe satisfacer los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad”.

Otra de las responsabilidades de la CPM, de acuerdo a la normativa vigente, es velar por la integridad de las personas detenidas. “El CNPT Y PPN en el día de hoy monitorearon de manera conjunta la situación de las personas que ya fueron trasladadas a las unidades penitenciarias federales. Próximamente el CNPT elaborará un informe en base a sus observaciones que será remitido a las autoridades pertinentes”.

“El CNPT y el CFML reiteran que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la protesta social y que las fuerzas de seguridad deben actuar con estricto apego a los principios internacionales y constitucionales en materia de respeto a los derechos humanos para las personas manifestantes. Se exige que se garantice la integridad física y atención médica tanto de las personas detenidas como de todas aquellas que fueron reprimidas durante la protesta, y que se respeten las primeras salvaguardias legales y procesales de los primeros momentos de la detención”.