El espacio que ocupa las “cuestiones de privilegio” en el arranque de cada sesión de la Cámara baja fue uno de los momentos más álgidos en el recinto. Las diputadas Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) y Victoria Donda (LdS), arremetieron contra la diputada Elisa Carrió (ausente en la sesión), que pidió reabrir los juicios de lesa humanidad para revisar las condenas de los represores del terrorismo de Estado por “falta de pruebas”. “Esto atenta contra la democracia”, sostuvo Donda. “Esos dichos rozan la apología del delito”, sostuvo Ferreyra, que también cargo contra el juez federal Claudio Bonadio porque le negó acceder al expediente contra Julio de Vido para fijar su posición por el desafuero solicitado por el magistrado al que calificó como “juez de la servilleta”. Remo Carlotto (Movimiento Evita) criticó al “falta de transparencia” en el proceso en el Senado para la elección del Defensor del Pueblo. Y hasta el macrista Waldo Wolff embistió contra el diputado electo Leopoldo Moreau que se refirió a él como “agente de la Mossad”.
“Yo le quiero decir que en realidad no hubo falta de pruebas, y la diputada Carrió lo sabe, pese a que era funcionaria de la dictadura, es una abogada y fue profesora de derecho constitucional”, señaló Ferreyra. “Hacer ese planteo de que ‘son unos pobres viejitos’, es una afrenta a los derechos humanos, y es una afrenta a la democracia misma. Por eso les pido a la diputada Carrió que se rectifique o que avance la cuestión de privilegio, porque esos dichos rozan la apología del delito”, reclamó la diputada correntina.
“Las pruebas que están en los expedientes y los juzgados son aportadas por las víctimas que han sobrevivido”, tomó la posta Donda que también señaló el derecho a defensa en juicio que tuvieran los represores y dio datos de los condenados, como los que fueron absueltos y a los que le declararon falta de mérito en los procesos. Luego cargó contra Carrió: “no tiene vocación democrática quien dice que hay que absolver a aquellos que cometieron los peores crímenes que haya conocido el pueblo” y lo que dice “es que este país tiene que borrar los tratados internacionales a los que se comprometió, y revisar juicios, muchos de ellos que están firmes porque considera que no hay pruebas”. “Salir a decir que el proceso de justicia contra los militares está viciado porque no hay pruebas suficientes, no es otra cosa que atentar contra la democracia”, afirmó Donda.
Ferreyra también embistió contra Bonadio, quien le negó la posibilidad de revisar el expediente sobre De Vido que “había mandado un pedido de desafuero basado en un auto de procesamiento que ni siquiera estaba firme cuando había ordenado esas detenciones”. “Se lo llevaron puesto a De Vido, pero uno de los que se vendía y entregaba el gas con sobreprecio y lo pagaba, era la Shell de (Juan José) Aranguren”, continuó Ferreyra.
