La Legislatura porteña aprobó reducir a escombros la mole de catorce pisos  conocida como el Elefante Blanco, ubicado en Villa Lugano, para construir una sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. La iniciativa introduce una rezonificación del predio ya que esos terrenos no están autorizados por catastro para la radicación de dependencias gubernamentales. Sin embargo, los trabajos de demolición deberán esperar hasta que se resuelva la situación de las 70 familias cuyas casas están adosadas al muro exterior que rodea la construcción y que cuentan con un amparo judicial que impide que los desalojen. El Defensor público Ramiro Dos Santos Freire, quien representa a los vecinos, dijo a PáginaI12 que “seguimos trabajando para que se garantice el derecho a una vivienda digna de las familias que aun permanecen en la manzana 27 bis. Y esperamos que el gobierno respete la medida cautelar vigente y no realice desalojos forzosos”.

La aprobación en segunda lectura, previa audiencia pública, del proyecto impulsado por el ejecutivo porteño obtuvo 36 votos a favor de los legisladores del PRO, el Partido Socialista Auténtico, el Peronista y Corriente Nacional de la Militancia; en tanto, diez legisladores del Frente para la Victoria (FpV) votaron en contra y se abstuvieron 9 diputados del interbloque Evolución.

En el lugar donde se levanta el edificio que fue proyectado en 1923, que comenzó a ser construido en 1938, en el cruce de las avenidas Eva Perón y Piedra Buena, y que quedó inconcluso y abandonado tras la llamada Revolución Libertadora, en 1955, el gobierno de la Ciudad emplazará una sede de gobierno que tendrá planta baja y tres pisos. Asentada sobre un  terreno de 4.360 metros cuadrados y donde se prevé desarrollar 18.000 metros cuadrados de construcción y terrazas verdes que albergará a mil personas.

Según fuentes del gobierno porteño, la construcción de la sede irá  acompañada de un plan de infraestructura para las manzanas aledañas

al edificio que demandará una inversión de más de 100 millones de pesos: incluirá el trazado de calles, redes cloacales, pluviales y agua corriente, junto con el soterramiento de la red eléctrica y de fibra óptica.

La ley recategorizó el predio, que quedó retratado en la película dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Ricardo Darín y Martina Guzmán, como Distrito U52 dentro del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad, para posibilitar la construcción de la repartición pública.

Sin embargo, el legislador José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV) dijo a este diario que votaron en contra del proyecto “porque no garantiza el acceso efectivo a una vivienda de las familias que hoy viven allí y porque consideramos que se trata de una propuesta que si bien implanta un Ministerio, algo que no nos parece mal, no piensa en una reurbanización integral del barrio y de la gente que vive ahí”.

El bloque del FpV sostuvo que “no entiende la prioridad de plantear el traslado de un Ministerio y que no haya una ley de urbanización. En Villa Oculta (donde se encuentra el edificio) ni siquiera entran las ambulancias, no porque no quieran sino porque las calles no son anchas. Que exista un edificio no garantiza que haya políticas públicas. Además, el proyecto tampoco especifica que van a construir el Ministerio textualmente. No lo dice. En uno de los últimos dictámenes en la Legislatura plantearon la construcción de oficinas públicas”.

Y señalaron que “queremos que el Estado utilice parte de los 222 mil millones del presupuesto 2018 para un plan de urbanización”, y advirtieron que “sigue sin resolverse la situación de las familias que viven en el lugar”.

En este sentido, Enrique Galván, referente y vecino de la manzana 27 bis dijo que “el gobierno hizo todo mal de entrada con nosotros, porque no hicieron un relevamiento y no aceptaron incluirnos en el proyecto. Cuando somos muchas familias que vivimos acá desde hace muchos años y construimos nuestras casas con mucho esfuerzo, pasando de prefabricadas a las de material”. 

En el juzgado de Elena Liberatori, donde tramita el amparo, hay una mesa de trabajo donde se reúne el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio Público de la Defensa y la Asesoría Tutelar para reubicar a las familias.

Según Galván, “las familias que quedan quieren una solución y están dispuestas a negociar. Pero en muchos casos ofrecen montos que no alcanzan para reubicarse. La verdad es que nunca nos contemplaron”.