El juez federal Julián Ercolini declaró que es “abstracto” el pedido de exención de prisión que hizo la defensa de Diego Lagomarsino anticipándose a su posible detención, ya que está citado a indagatoria el martes próximo por la muerte de Alberto Nisman, que el fiscal Eduardo Taiano definió como un homicidio. La resolución es una respuesta híbrida destinada a obviar una respuesta concreta sobre la suerte del informático. El juez dice que no necesita contestar porque por el momento tomó como medida “de sujeción al proceso” la colocación de la tobillera electrónica, reiteró la prohibición de salir del país y prohibió que le renueven el pasaporte, que tiene vencido. El allanamiento en la casa de Lagomarsino continuó hasta la mañana de ayer. También hubo procedimientos en los domicilios de los cuatro custodios citados a indagatoria.

“Soy inocente, voy a responder todo lo que me pregunten en la indagatoria. Es lo único que quiero decir ahora”, dijo Lagomarsino consultado por PáginaI12. Para sus defensores lo sorprendente de que le pusieran una tobillera fue que el técnico ya tenía custodia y sus movimientos conocidos.

En el pedido de indagatoria el fiscal acusa a Lagomarsino de haber participado de un supuesto plan para matar a Nisman, debido a que el arma hallada al lado del cuerpo del fiscal le pertenecía. Desde el primer día, el técnico sostuvo en la causa que Nisman le pidió una pistola porque temía por la seguridad de sus hijas y él se la dio. Uno de los custodios que ahora está imputado, Rubén Benítez, había declarado que también a él le pidió un arma, pero él no accedió. Taiano no pudo establecer quién fue el autor del supuesto homicidio, pero afirmó que Lagomarsino “colaboró” por haber proporcionado la Bersa calibre 22 y que cuatro custodios están implicados por haber permitido el ingreso de esa arma.

Para decir que a Nisman lo mataron, se basó en el peritaje interdisciplinario que le encomendó a la Gendarmería, que concluyó que el hecho fue un homicidio, que al fiscal lo drogaron con ketamina, le dieron una golpiza y lo mataron entre dos personas. Esa fuerza no hace autopsias habitualmente, no tiene expertos en tanatología; quienes intervinieron sacaron conclusiones por fotos y videos y un estudio toxicológico, que tampoco es su especialidad. Los técnicos de esa fuerza analizan sustancias secuestradas, pero no es lo mismo que estudiar muestras de las vísceras, que además están guardadas hace más de dos años. Taiano dice que los estudios que habían hecho los forenses del Cuerpo Médico de la Corte y de la Policía Federal y los expertos en criminalística no habían arribado a ninguna conclusión. Lo que habían dicho era que no había ningún elemento para afirmar que la muerte fue producto de un asesinato y que no había rastros de la actuación de terceras personas en el baño donde Nisman apareció muerto. Aquellos peritos no fueron citados ni escuchados por Taiano  y el juez Ercolini, a pesar de los pedidos de la defensa y de que varios de ellos habían estado en contacto directo con el cadáver y analizado en función de aquella observación. Tampoco fueron denunciados por ninguna irregularidad cuando dieron a conocer su evaluación. En los nuevos estudios actuó solamente una fuerza que depende del Ministerio de Seguridad, sin que se convocara tampoco a peritos independientes.  

Pero lo cierto es que desde el día que la causa cambió del fuero ordinario el fuero federal en función de una declaración de Antonio Horacio Stiuso, el ex jefe de operaciones de la ex Side que intervino en el caso AMIA con Nisman, era evidente que todo apuntaba a la teoría del homicidio, que tanto alentó –además- la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

El allanamiento en la casa de Lagomarsino duró cerca de trece horas. Después del espectáculo de la detención de Amado Boudou la semana pasada, Ercolini –precavido– le indicó a la Gendarmería que no se podía ingresar a la vivienda con celulares ni filmar nada. Se llevaron computadoras, celulares, archivos digitales y efectos personales. Lagomarsino terminó con la tobillera con GPS puesta, una prohibición de alejarse más de cien kilómetros de su casa así como de ausentarse de su casa más de 24 horas y la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. De todos modos, la resolución de Ercolini de rechazar la exención de prisión le deja abierta la posibilidad de tomar la decisión que quiera después de indagarlo el martes que viene: ya sea detenerlo, dejarle la tobillera o quitarle las restricciones.