Para frenar las reformas anunciadas

Las medidas anunciadas por el gobierno nacional anticipan una avanzada contra los derechos de los trabajadores y los jubilados, ajustes para las provincias y mayor transferencia de riquezas al sector financiero y más concentrado de la economía nacional.

De a poco se va conociendo la letra chica del paquete de reformas anunciado hace unos días por el presidente Mauricio Macri, basado en tres ejes principales: impositivo, institucional y laboral previsional. El triunfo logrado en las elecciones legislativas le ha dado el impulso que necesitaba para poder avanzar en la implementación de una cantidad de modificaciones que van a impactar fuertemente en los trabajadores, los jubilados y los sectores más vulnerables de la sociedad. "No se trata de ajustar o sacar, sino de ceder en algo para que gane el conjunto", nos dice salomónico el titular del Ejecutivo, pero iguala lo que en origen es desigual, ampliando los niveles de inequidad social y marcando de antemano quiénes son los ganadores y perdedores de este modelo económico. De hecho, no se trata de "ceder" sino de incumplir derechos adquiridos lo cual no puede ser nunca el camino para "reducir la pobreza", sino todo lo contario.

Como parte de los cambios tributarios, se exige a las provincias ajustar las cuentas y reducir el déficit, renunciando al cobro de ciertos impuestos como el de ingresos brutos y el de los sellos. Al mismo tiempo, se informó a los gobernadores por estos días la decisión de aceptar el reclamo de la gobernación de Buenos Aires por la actualización del Fondo del Conurbano, que había sido rechazado de forma conjunta por los mandatarios de todo el país, para que esta retire la demanda presentada ante la Corte Suprema. Si bien la Nación asegura que "mayoritariamente" se haría cargo del financiamiento, se advierte que esto repercutirá en las golpeadas arcas provinciales y se sumará a la retracción de los ingresos por la mencionada reducción de los impuestos que se propone. El desfinanciamiento y la inequidad se hacen más patentes, en el caso particular de Santa Fe, teniendo en cuenta que la administración nacional se niega a cumplir con un fallo del máximo tribunal que dictaminó el pago de la deuda histórica que tiene con la provincia por los recursos coparticipables que suman más de 50 mil millones de pesos.

El otro eje central de las reformas es la reeditada flexibilización laboral, que promete crear empleo formal bajando los "costos" a las empresas que contraten en blanco. Es llamativo cómo las estrategias discursivas del oficialismo pueden ser "exitosas", por lo menos eso se desprende de las urnas, sosteniendo dos cuestiones que son totalmente contradictorias: la reducción de la pobreza y la precarización de los trabajadores. Es llamativa, también, la profundidad de la transformación propuesta, que avasalla los derechos más básicos, como la jornada de 8 horas, la indemnización por despidos, los reclamos laborales, los aportes patronales, entre otras; la peor que se haya visto en la historia política del país, incluyendo el periodo dictatorial y el neoliberalismo de los noventa.

Por otro lado, el cambio en la fórmula de actualización semestral de las jubilaciones no supone un "ahorro", como lo llamó el presidente, de 100 mil millones de pesos para el año próximo, sino una clara y llana reducción de los aumentos de los haberes de los jubilados que, de por sí, ya son insuficientes. Al mismo tiempo, esto anticipa cuál será la dirección que tendrán las modificaciones planeadas para el sistema previsional, al que se consideró "no sustentable", lo que agita nuevamente los fantasmas de las AFJP. Dejaremos para más adelante el análisis pormenorizado y con detenimiento de cada uno de los puntos que se empiezan a conocer y a "debatir", ya que hay mucho para decir.

Nuestra posición es clara: no se pueden avalar estas reformas, que ya han sido probadas en nuestro país y han fracasado, con un aumento exponencial de la pobreza, la violencia y la marginación. Resulta difícil y algo frustrante tener que volver a discutir y defender derechos históricos, el retroceso en ese sentido es palpable. La lucha y resistencia, sin embargo, recién comienzan y la tarea de formar un frente unido con todas las fuerzas de centro izquierda es una necesidad urgente.

 

* Diputada provincial por el Partido Solidaridad e Igualdad

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