El plan de recomposición de tarifas que diseñó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, tiene dos componentes polémicos que conjugados lo hacen explosivo, aún luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que en agosto del año pasado le recomendó que aplique un criterio de “razonabilidad”: la injustificada decisión de introducir un cronograma para llevar el precio del gas en boca de pozo que pagan los usuarios a 6,80 dólares por millón de BTU y el reducido tiempo en el que quiere hacerlo.
Las tarifas de gas estuvieron prácticamente congeladas entre 2002 y 2015. Durante esos años, el peso de los servicios públicos dentro de la canasta básica de los hogares fue disminuyendo gradualmente y los usuarios comenzaron a gastar cada vez más dinero en otros bienes y servicios. Las empresas energéticas añoran volver al escenario anterior y Aranguren se propuso cumplir con sus deseos, pero quiere deshacer en cuatro años lo que se fue consolidando a lo largo de catorce.
El 24 de mayo de este año, PáginaI12 publicó un intercambio que mantuvo con Aranguren en el que lo consultó por un fallo del juez Luis Arias, que en ese momento había suspendido el tarifazo eléctrico en la Provincia de Buenos Aires.
–El fallo del juez Arias dice que las subas aplicadas en el sector eléctrico no respetan el criterio de razonabilidad que estableció la Corte el año pasado –le preguntó PáginaI12.
–¿Qué es razonable?
–El juez dice que el aumento no es razonable. Por eso le pregunto a usted cuál es su opinión.
–Cuando hablamos de razonabilidad tenemos que hablar de tiempos. Entre 2003 y 2015, los sueldos en Argentina aumentaron en promedio 1600 por ciento, el tipo de cambio 1500 por ciento, la inflación, aún aquella que considerábamos que no era la real, 1300 por ciento y las tarifas en Edenor y Edesur 200 por ciento, ¿qué es lo razonable?
–Tal vez no sea razonable que las empresas recuperen en cuatro años lo que perdieron en 12 años por el congelamiento de tarifas.
–Consideramos que sí, que el aumento es razonable porque si no está en riesgo el abastecimiento. Además, no es lo que perdieron las empresas, es lo que perdió la Argentina porque lo que las empresas no recibieron como tarifas lo pagamos con inflación al subsidiar. Si hoy hay un juez que dice que la tarifa no puede aumentar más que el aumento salarial la perdida que hubo en los últimos años no se recupera nunca y todos los argentinos, aún los que no consumen energía, van a estar subsidiando a los que sí consumen.
De ese modo, el ministro dejó en claro que si su plan no se aplica “el abastecimiento está en riesgo”. Sin embargo, en lo que refiere al gas, cuando se repasa la propia información oficial difundida ayer en la audiencia no termina de quedar claro por qué hay que llegar a convalidar un precio del gas en boca de pozo de 6,80 dólares el millón de BTU a partir de 2019 para que el abastecimiento deje de estar en riesgo.
En el sector petrolero reconocen que con un precio del crudo cercano a los 60 dólares, como en la actualidad, dentro de dos o tres años se podrían desarrollar los recursos de gas que tiene el país con un precio promedio cercano a los 5,5 dólares por millón de BTU. Puede ser que ahora necesiten un precio mayor como parte del aprendizaje que supone explotar Vaca Muerta, pero para eso están los incentivos que vino otorgando el Estado a través del Plan Gas, donde se le garantizó a las petroleras 7,5 dólares por millón de BTU por la producción adicional respecto de sus valores históricos. No hace falta comprometer al conjunto de los usuarios a pagar 6,8 dólares en promedio a partir de 2019 porque, si todo sale bien, la curva de aprendizaje que vienen recorriendo las petroleras las va a llevar para entonces a ser más eficientes a partir de un mayor conocimiento de los yacimientos, un mejor diseño de los pozos y una consecuente baja de costos.
