El presupuesto aprobado por la legislatura bonaerense para el 2018 es el fiel reflejo de la política económica que lleva adelante el gobierno nacional: incapacidad en el manejo de las cuentas públicas y emisión de deuda en moneda extranjera como principal estrategia para cubrir los desbalances fiscales. Por primera vez en los tres últimos años, se plantea un presupuesto provincial en el cual existen expectativas certeras de crecimiento en el agregado. Esto implica un aumento en la recaudación y una mayor disponibilidad para aumentar las partidas presupuestarias en términos reales. 

Dada la coyuntura de abundancia relativa que se vislumbra a corto plazo, producto del inminente acuerdo por el Fondo del Conurbano, el ejecutivo provincial podría haber optado por bajar el creciente nivel de endeudamiento. Sin embargo, la administración económica de Vidal tomó la decisión de bajar impuestos a las empresas, bajo la creencia de que es la única alternativa para fomentar la inversión productiva. Así, el nuevo presupuesto dispone la baja en Ingresos Brutos y Sellos, parcialmente compensado por el aumento al impuesto inmobiliario, que además estará acompañado de un pronunciado revalúo (superior al 50 por ciento).

La provincia de Buenos Aires comenzó el corriente período con una previsión deficitaria. En cambio, para el año venidero, el presupuesto prevé revertir el quebranto en materia de déficit económico (la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes de la Provincia a nivel consolidado). No obstante, este superávit aparente, debe ser merituado de acuerdo a los siguientes aspectos:

  • Dentro de los recursos corrientes, se encuentran las transferencias corrientes entre las cuales, a su vez, se contabilizan los aportes no reintegrables por parte del Estado Nacional.
  • El resultado después de intereses y flujos de capital se mantendrá en terreno negativo, disminuyendo en menos de 4000 millones de pesos respecto a 2017 (-11,1 por ciento).
  • El efecto final de contabilizar ambos fenómenos arrojaría un rojo de unos 82.000 millones de pesos.

El mecanismo elegido por la administración Cambiemos –de todos los niveles de gobierno– para cubrir el déficit financiero es la de incurrir en mayor endeudamiento. En ese sentido, el stock actual de pasivos no sólo se compone de títulos públicos emitidos en mercados estructurados de deuda, sino también en títulos del Tesoro Provincial a corto plazo. Así, entre 2016 y 2017, se acumulan emisiones de Letras provinciales por 4500 millones de pesos y se prevén 3000 millones extra para el próximo ejercicio. Es evidente que este instrumento, con vencimientos menores a un año, no puede más que cubrir urgencias de caja. 

Como muestra la historia económica de las jurisdicciones subnacionales, el principal riesgo de financiar el déficit fiscal a partir de estos papeles de corto plazo, es que se genere un efecto de “bola de nieve” imposible de sostener para las finanzas bonaerenses.

En materia de desembolsos efectivos por devolución de deuda, se estiman 39.107 millones de pesos para 2018, es decir, más del 6 por ciento del presupuesto total de la Provincia. Desde otra perspectiva, el gobierno bonaerense destinará a esta partida lo mismo que al Ministerio de Salud, el doble de lo presupuestado para el Ministerio de Desarrollo, o más de lo destinado para todas las jurisdicciones restantes de gobierno. 

El límite a seguir replicando este proceso, se manifiesta en la proximidad de los vencimientos, donde el 70,8 por ciento de la deuda acumulada deberá abonarse dentro de los próximos cinco años. 

Otro punto preocupante es la variación en la composición de la deuda con la nueva administración. Es un hecho que las obligaciones en moneda extranjera implican un perjuicio a la sustentabilidad de las finanzas de jurisdicciones que no generan recursos nominados en divisas. En la hoja de balance provincial, la deuda en dólares se incrementó en 56,1 por ciento en solo dos años, habiendo pasado de 9362 millones de dólares en 2015 a 14.616 millones de dólares en 2017. 

En el mismo sentido, la probabilidad de corridas contra los papeles bonaerenses se ve potenciado por la composición de los acreedores. De 2015 a 2017 el porcentaje de deuda en manos extranjeras dentro del total se incrementó 26,4 por ciento, habiendo pasado del 48,4 al 61,2 por ciento. En contraposición, el porcentaje de compromisos a pagar que la provincia mantenía con el gobierno nacional pasó a ser de casi la mitad en dos años. Este abuso del recurso de la toma de deuda llama la atención aún más en un escenario de cercanía respecto de la resolución por el Fondo del Conurbano, lo cual conllevará cierta holgura de caja en el mediano plazo.

Esta observación se ve aún más agravada al considerar que las exportaciones provenientes de Buenos Aires son todavía inferiores a las del 2015. Es decir que no solo hay un incremento en los compromisos de pagos en dólares, sino que, además, el ingreso de divisas genuinas a las arcas de la provincia se posiciona en niveles aún menores a los “heredados” de la administración anterior. Teniendo en cuenta que la deuda en moneda extranjera es cada vez mayor y que más de un 50 por ciento de los pagos correspondientes a 2018 serán en concepto de intereses, el panorama es poco alentador.

De estos números se puede concluir que la provincia de Buenos Aires se encuentra en una delicada situación financiera. Basta con observar que los aportes del Tesoro Nacional presupuestados para 2018 son 163 por ciento más elevados que los de 2015 para notar la vulnerabilidad de los números fiscales, que descansan en la necesidad de aportes internos y externos. Como fondo de la cuestión presupuestaria no se debe olvidar el hecho de que, a pesar del incremento exponencial de los pasivos en forma de inyección monetaria, los indicadores de actividad y desocupación no muestran una mejoría consistente. La llegada de un nuevo año, con una inyección de recursos importantísima para los objetivos de gestión del Ejecutivo, marcará las posibilidades reales de que la provincia pueda despegar en pos de cerrar su mayor deuda histórica: la relativa al déficit social, que en los dos últimos años no hizo más que reproducirse.

* Economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) e integrantes de EPPA.