Con el aval de los gobernadores y la CGT, Cambiemos apura en el Senado el tratamiento parlamentario de las reformas laboral y previsional y el pacto fiscal con las provincias, cuyos proyectos el Ejecutivo envió al Congreso en la madrugada del sábado. La Cámara alta comenzará a tratar la reforma laboral esta semana, mientras las cúpulas de la CGT y de las dos CTA –con posturas enfrentadas ante la reforma impulsada por el macrismo– estarán en Roma en un encuentro de sindicalistas de todo el mundo organizado con anterioridad por el Papa Francisco. En tanto, la resistida reforma previsional –que ayer cosechó el rechazo del Frente Renovador y del Defensor de la Tercera Edad– aun no tiene fijada una agenda legislativa propia, pese a que el oficialismo confía en que los gobernadores peronistas terminarán por alinear a sus legisladores.

El Senado estará a partir de esta semana en el ojo de la tormenta, con el tratamiento de proyectos que apuntan a cercenar conquistas laborales y previsionales acumuladas durante décadas. El Gobierno eligió la Cámara alta como el camino más allanado para avanzar con sus proyectos de reformas estructurales más controvertidos, tras el triunfo electoral de octubre.

El oficialismo no duda en imprimirle velocidad a las reformas. Los proyectos llegaron al Senado en la madrugada del sábado, recién hoy tendrán ingreso formal y serán girados a la comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el peronista pampeano Daniel Lobera. 

Hay indicios suficientes de que la comisión se reuniría esta semana para comenzar a abordar el proyecto denominado de “Ordenamiento Laboral”, que tiene 130 artículos. Entre ellos, el indulto impositivo y legal sobre el total de las deudas y evasión al sistema previsional para las empresas que blanqueen a sus trabajadores “informales” dentro de los primeros 180 días, y del 70 por ciento de sus deudas para quienes lo hicieran entre los 180 y 360 días posteriores. Además de modificar los cálculos indemnizatorios para los trabajadores despedidos, crear la figura de trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados que facturan a sus empleadores y avanzar sobre los trabajadores tercerizados, con los objetivos de “bajar la litigiosidad” laboral y “aumentar la productividad”.

Pero nadie arriesga cuándo abordará el Senado la reforma previsional, que incluye el cambio de la fórmula para el cálculo (a la baja) según inflación de la actualización de los haberes jubilatorios, garantiza el “82 por ciento móvil” sobre el salario mínimo, vital y móvil, que ya cobran las jubilaciones mínimas y la inclusión por primera vez en una normativa de la posibilidad de extender la edad para jubilarse hasta los 70 años.

En el oficialismo consideran que la comisión de Trabajo y Previsión Social podría debatir las dos reformas en paralelo. La intención del Gobierno es que la Cámara alta les dé media sanción antes del recambio legislativo del 10 de diciembre para evitar que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner asuma el protagonismo de encabezar la resistencia a las reformas –como ya anunció– desde su banca de senadora. 

El mismo anhelo comparten los dirigentes cegetistas que avalaron las reformas y los senadores peronistas más conciliadores con el Gobierno, que también las respaldarían. Pero unos y otros tendrán un primer contratiempo. Pichetto quiere que los popes cegetistas sean quienes defiendan en el Senado lo pactado con el Gobierno. Pero la primera línea de la conducción de la CGT estará esta semana en Roma, participando de la Conferencia Internacional sobre el Trabajo que organiza El Vaticano. Allí también estarán los sectores díscolos de la CGT que ya se pronunciaron en contra de la reforma, como el camionero Pablo Moyano y la Corriente Federal que encabeza en bancario Sergio Palazzo. Además de representantes de las dos CTA, aunque el docente Hugo Yasky adelantó que no viajará a Roma para participar de la movilización que estos sectores sindicales realizarán frente al Congreso para manifestar su rechazo (ver aparte).

También son varios los sectores parlamentarios que anticiparon su negativa a las propuestas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. Desde Tucumán, donde compartió ayer encuentros con dirigentes de la CGT local, científicos y organismos de derechos humanos, Cristina Kirchner confirmó cuál será la postura de Unidad Ciudadana. “Intentan presentar las cosas separadamente. Son tres patas de un mismo proyecto que apunta a destruir derechos, a quitar derechos y garantías que tienen nuestros trabajadores”, señaló la ex presidenta y completó: “Se quiere esconder bajo el pomposo nombre de reformas lo que son lisa y llanamente pérdidas de derechos” (ver página 9).

La jefa de la bancada massista en Diputados, Graciela Camaño, sostuvo que no acompañarán las reformas laborales y previsionales, que juzgó como imposiciones del Fondo Monetario Internacional. “Esto es un ajuste y no virtuoso sino brutal”, sentenció la diputada del Frente Renovador, que hasta cuestionó el blanqueo laboral, cuya intención es “resolverles el problema a los empresarios que evaden”. “Yo no puedo acompañar esto. No beneficia a los jubilados en nada, es un aumento basura”, sumó la diputada massista Mirta Tundis, especializada en temas previsionales. Y advirtió que “perjudica” al 70 por ciento de los jubilados, que “ya están por debajo de la línea de pobreza”.

Por su parte, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó el proyecto previsional de Cambiemos: “Los jubilados –dijo– vienen perdiendo por goleada histórica porque nunca hubo una recomposición del haber”.