El presidente de la central fabril respaldó la reforma laboral
La UIA quiere flexibilizar
Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial, apoyó los cambios que impulsa el Gobierno a la legislación del trabajo. En cambio, cuestionó subas de impuestos a economías regionales. La actividad crecería sólo 1,5 este año.
“No le tengo miedo a la flexibilización”, sostuvo Miguel Acevedo, titular de la UIA.“No le tengo miedo a la flexibilización”, sostuvo Miguel Acevedo, titular de la UIA.“No le tengo miedo a la flexibilización”, sostuvo Miguel Acevedo, titular de la UIA.“No le tengo miedo a la flexibilización”, sostuvo Miguel Acevedo, titular de la UIA.“No le tengo miedo a la flexibilización”, sostuvo Miguel Acevedo, titular de la UIA.
“No le tengo miedo a la flexibilización”, sostuvo Miguel Acevedo, titular de la UIA. 
Imagen: Sandra Cartasso

La UIA respaldó la reforma laboral que impulsa el Gobierno aunque se quejó del impacto de las modificaciones tributarias en las economías regionales. También criticó la política de altas tasas de interés que está en el centro de la estrategia antiinflacionaria del Banco Central. Según las previsiones de la entidad fabril, este año la actividad manufacturera cerraría con un avance de alrededor del 1,5 por ciento aunque todavía está algo por debajo del nivel de 2015. A diferencia de la producción, el empleo industrial todavía no repunta a raíz de la floja situación económica de los sectores mano de obra intensivos.

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, encabezó ayer en la sede de la entidad un encuentro con la prensa para adelantar la agenda de la Conferencia Industrial de la semana que viene, de la cual participarán varios ministros del gabinete nacional y se espera que el cierre esté a cargo del presidente Mauricio Macri. En términos de la agenda económica, en el convite se hará foco sobre la marcha de la actividad industrial, los claroscuros de la reforma tributaria y el apoyo patronal a la reforma laboral, que supone la transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital y la modificación a la baja de la ley de contrato de trabajo.

A pesar de la sintonía ideológica de la UIA con el Gobierno, la política oficial hacia la industria dispara puntos de conflicto con la entidad. Uno de ellos es la reforma tributaria, que plantea el aumento de impuestos internos en gaseosas, entre otros, algo que afecta a la industria azucarera junto a la reducción del precio que las petroleras pagan por el bioetanol. “El Gobierno venía diciendo que apoyaría a las economías regionales porque generan empleo y son exportadoras, pero las reformas planteadas golpean a las economías regionales. Nos sorprendió”, dijo Eduardo Nougués, de la azucarera Ledesma, vicepresidente de la UIA y presidente de la Conferencia Industrial.

Una medida que discrimina negativamente a las economías regionales es la reformulación de las contribuciones patronales. El Gobierno pretende establecer una alícuota unificada, lo cual afecta a determinadas actividades que venían tributando alícuotas por debajo del promedio. En cambio, las empresas que no son de esas regiones que venían aportando más a la seguridad social tendrán una baja de la alícuota. Al mismo tiempo, se establece un mínimo no imponible para que las empresas no paguen contribuciones patronales por una parte de la masa salarial. “Por el tema de las distancias al puerto, es clave compensar los fletes. Pero la reforma laboral lo plantea al revés. Buenos Aires sale beneficiada con respecto a las provincias del interior”, agregó Acevedo. “La reforma está en el Congreso y trataremos de que estas medidas no afecten”, dijo Nougués.

Los cambios que quiere impulsar el Gobierno en materia laboral despiertan un apoyo más contundente en la UIA. “No le tengo miedo a la flexibilización. Nuestra Ley de Contrato de Trabajo es de 1974, ha pasado mucho tiempo. No estamos como en esa época o como a mediados de siglo en donde el trabajador no tenía horarios y las mujeres no votaban. Este contexto es diferente. No creo que la relación entre el empleador y el trabajador sea desigual, para nada”, dijo Acevedo. La desigualdad entre el trabajador (que sólo puede vender su fuerza de trabajo) y el empleador (que cuenta con el capital) es la base del derecho laboral. La reforma que plantea el Gobierno lesiona esa concepción de desigualdad al atacar el principio de “irrenunciabilidad”. “El Gobierno pretende validar la renuncia a derechos adquiridos que se han incorporado a su contrato individual de trabajo cuando en realidad hoy la ley prohíbe esa renuncia entendiendo que hay una relación objetivamente desigual entre el empleador y el trabajador. La ley de contrato de trabajo –que ahora está en tela de juicio– presume que cualquier renuncia a un derecho adquirido es una renuncia inválida porque el trabajador no tuvo plena voluntad para renunciar y lo hace condicionado para, por ejemplo, mantener el trabajo”, confronta Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

La industria lleva en el año una suba del 1 por ciento y en la UIA confían en cerrar el 2017 con un avance cercano al 1,5 por ciento, adelantó el economista jefe de la entidad, Diego Coatz. Sin embargo, el nivel de producción seguiría algo por debajo de 2015. El panorama del empleo es peor, por el impacto que sufren sectores mano de obra intensivos a raíz del flojo desempeño del mercado interno y el avance de las importaciones.