Desde Tegucigalpa

Inconstitucionalidad como antesala y peligro de fraude para lo que viene. Así llega Honduras a las elecciones presidenciales de este domingo. Gracias a la aprobación del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, tan mayoritaria para el oficialismo como el propio Congreso, el presidente actual, Juan Orlando Hernández, irá por una hazaña que la Constitución prohíbe en un artículo pétreo: la reelección. “La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”, dice el artículo 4 que ni cosquillas le hizo a esta nueva forma de democracia que fue gestando Honduras desde el golpe de Estado de 2009, año a partir del cual ha sido más fácil crear las trampas para las leyes. 

La estrategia de la trampa para la ley es la columna vertebral de un proyecto de país que para seguir en marcha requiere de la continuidad del Partido Nacional a cargo del poder ejecutivo. De esto, de hechos que ocurren a pesar de que las leyes digan lo contrario, conocen las 46 comunidades garífunas de Honduras. Este domingo también votarán, muchos de ellos con la convicción de que no sirve para nada. 

La alerta roja de la segunda mitad de octubre llegó a la costa caribe de Honduras con lluvias torrenciales que pusieron en riesgo el cultivo y la pesca, acaso las dos actividades principales de la economía y la subsistencia en la región. En las comunidades de por sí ya falta trabajo y estas lluvias vinieron a ser, sin metáforas, las aguas que rebalsaron todo. 

Decir que en las comunidades garífunas hay poco trabajo es relativo. Trabajo hay, el problema es que hay principalmente para los extranjeros. Las playas de arenas claras de la costa caribe son cercadas cuando el capital foráneo llega seducido por el gobierno para impulsar, con más facilidades que exigencias, el desarrollo de la economía con hoteles y todo lo que necesita el turismo a su alrededor. Desde el 2013 el gobierno impulsa el más ambicioso programa capitalista de libre mercado: las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Son ciudades modelos, proyectos que en la teoría procuran la participación de ciudadanos de a pie para el crecimiento de una región, pero en la práctica dan lugar a la apropiación de tierras por parte de grandes empresas. 

El garífuna, que es negro, tiene su propia lengua, baila sus propias danzas, tiene su gastronomía típica, no cuenta con un currículum satisfactorio para los empresarios que buscan otros colores, otros sonidos, otros tonos. La lenguas, danzas, comidas, cantos y todo lo nativo y ancestral, serán para estos proyectos cosas del pasado. La segregación como base del racismo: de no llegar a la costa caribe resulta difícil creer que en el país hay al menos nueve etnias distintas.  

Los garífunas corresponden a una etnia descendiente de africanos y aborígenes del Caribe que convivieron a partir de 1635, cuando dos barcos que venían desde África hacia el continente americano naufragaron hasta la isla San Vicente. Los negros y los arahuacos confluyeron costumbres y culturas, forjaron el idioma que todavía hoy se habla, y pasaron los años hasta que una invasión británica provocó la deportación de miles de negros que naufragaron hasta llegar a Jamaica y la costa de Honduras principalmente.

Dato más o dato menos, esa es la historia que el garífuna promedio cuenta. Alguno la romantiza un poco más y jura que el naufragio inicial surgió a partir de que los negros se revelaron y torcieron el rumbo del barco que los llevaba como esclavos a algún lugar del continente. Esa parte de la historia también edulcora la virtud de resistencia y fortaleza que los garífunas suelen presumir, a veces con razón.

“Las comunidades estamos preocupadas porque hay muchas leyes encaminadas al despojo”, dice Geovany Bernárdez, miembro de la Coordinación General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Bernárdez va al grano. Dice que hay “políticas estratégicamente destinadas a desaparecer las comunidades”. 

El reclamo de OFRANEH se basa en la adhesión del Estado hondureño al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado en 1989. Dice muchas cosas el convenio: en cuanto al tema territorios procura la participación activa de los pueblos indígenas en programas de desarrollo nacional que los afecten directamente, como así también prohíbe, con aviso de sanción para quien no cumpla, el despojo de las comunidades de las tierras que ocupan históricamente. Para los garífunas nada de eso se cumple.

Las comunidades no se oponen por el solo hecho de oponerse. “Estamos de acuerdo con el turismo pero desde la cosmovisión de los pueblos”, dice Bernárdez y cuenta cómo se dan estos procesos: “Vienen cadenas hoteleras, donde trabajan los mismos inversores y a la comunidad solo le permiten bailar punta por un sueldo miserable de 20 dólares”. El punta es un baile típico en el que los bailarines se mueven de pies a cabeza al ritmo de las percusiones. Es parte de esa cultura que atraviesa a la comunidad y quieren ofrecer al turismo. “Queremos un turismo en el que nosotros podamos promocionar lo que somos y no que otros hagan dinero con nosotros. Deben consultarnos qué turismo queremos, tenemos la capacidad, tenemos la cultura”, dice Bernárdez. Además, naturalmente, se oponen al despojo de las tierras en las que crecieron las generaciones pasadas y hoy lo hacen las actuales: los niños y niñas juegan y bailan, los adultos trabajan, en playas que podrían ser privatizadas. 

La comunidad de El Triunfo de la Cruz fue la primera en elevar un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La resolución de la CIDH, de octubre de 2015, demanda al Estado hondureño el deber de darle a la comunidad el título de propiedad colectiva de los terrenos en peligro de despojo. El plazo era de dos años, que ya pasaron sin avances más que un poco de reticencia por parte del Estado al momento de seguir entregando tierras.

Lo que perciben los garífunas es ese plan destinado a “desaparecer las comunidades” del que habla Bernárdez. No solo quedan afuera del desarrollo económico. También son atacados para que dejen sus tierras. Las comunidades de la costa caribe sufrieron el “amarillamiento letal” del coco en una intoxicación de las plantaciones que se sospecha fue intencional con el fin de atacar un elemento básico de la vida garífuna: comen coco, curan con coco, se hidratan con coco y trabajan con coco. En OFRANEH, referentes de los procesos de resistencia de distintas comunidades fueron procesados cuando se negaron a retirarse de sus tierras ahora privadas. En tanto, sigue faltando trabajo, salud y educación como derechos básicos para la permanencia de la comunidad, que empieza a creer, muchas veces en vano, en la migración como camino para salir adelante. Por eso los garífunas hablan del tercer despojo: primero los sacaron de África, después de San Vicente, y ahora de Honduras y las tierras que habitan hace más de doscientos años.