Tras un debate maratónico, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó hoy la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los pilares del acuerdo de paz con las FARC, que define el marco para juzgar los delitos cometidos en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. “Agradezco a la Cámara de Colombia la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP. Con este paso avanzamos hacia la paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos”, dijo en Twitter el presidente Juan Manuel Santos al conocer la decisión.

Este sistema de justicia, que también alcanzará a los agentes del Estado y los particulares que se involucraron en más de medio siglo de conflicto, era uno de los puntos más importantes del convenio de paz pendiente de aprobación parlamentaria. Definido por el propio Santos como la “columna vertebral” de los acuerdos firmados hace un año con las FARC, la JEP debía abordarse en el Congreso antes de fin de mes, cuando caducará un mecanismo de tratamiento legislativo rápido llamado “fast track”.

En el debate, que comenzó pasado el mediodía de anteayer y se extendió por 12 horas, se debatieron los 163 artículos que componen la ley, entre ellos el que permite la participación en política de los ex guerrilleros y el de sometimiento a la justicia ordinaria a quienes hayan cometido delitos sexuales contra los menores de edad. “Con 84 votos a favor y cero en contra, la plenaria de la Cámara aprobó en último debate la JEP”, indicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Según precisó Rivera, el pleno avaló además “con 88 votos a favor el artículo 31 sobre la participación en política de las FARC”, reconvertidas desde septiembre en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Gracias a esta iniciativa, las condenas de los ex combatientes quedarán en suspenso para que aquellos que lo deseen puedan desempeñar esta nueva actividad, pese a la oposición vehemente de la derecha. Sin embargo, de resultar elegidos los ex guerrilleros deberán dejar sus bancas si son condenados mientras las ejercen en caso de que sus penas tengan que cumplirse en establecimientos penitenciarios. Otro de los artículos señala que quienes hayan abusado sexualmente de menores irán a la Justicia ordinaria.