El dron sobrevolaba la zona de Plaza Constitución mientras en la superficie circulaba la multitud habitual en esa zona. Algo falló en el aparato y se vino abajo: cuatro personas resultaron lastimadas. Ahora, el joven que lo manejaba terminó procesado, acusado por las lesiones de las víctimas, a pesar de que no hay ley que reglamente el uso de esos vehículos voladores no tripulados. La Justicia también le embargó los bienes por 15 mil pesos.

A pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N°14, Ariel Yapur, el juez Luis Schelgel procesó a Sebastián Ferrari como autor de las lesiones culposas sufridas por dos mujeres, el hijo de una de ellas y un hombre, al ser golpeados por el dron que operaba el imputado.

El hecho ocurrió en la tarde del 15 de agosto de 2015, cuando el joven “operaba de manera imprudente y sobre una zona densamente poblada un vehículo aéreo no tripulado (VANT)” desde la obra en construcción de la Plaza Seca ubicada en avenida Garay y Lima. En un determinado momento, perdió el control del aparato, que cayó abruptamente, lo que provocó traumatismos y cortes a las tres víctimas que esperaban un taxi sobre la calle Lima Este.

En su resolución, el juez destaca que, si bien “no se pudo determinar de manera fehaciente la causa de precipitación del vehículo aéreo no tripulado, el accionar del imputado resulta reprochable en tanto, y sin perjuicio de que no existía una ley vigente que reglamentara el uso del VANT al momento del hecho, no guardó el debido deber genérico y básico de cuidado, dado que su conducta superó el riesgo permitido, al operar dicho objeto en una zona poblada, con casas hogareñas y con mucha confluencia de personas”.

El magistrado también señaló que, en su descargo, el imputado manifestó que “se entrenó lo suficiente para manipular un dron y que ha trabajado con dicho objeto en muchas ocasiones, lo que me permite inferir que no podía desconocer que el objeto de marras trabaja con la misma frecuencia utilizada por la mayoría de los dispositivos wi-fi hogareños y que podía sufrir interferencias entre la comunicación del dispositivo con el radio control”.

Por ello, el juez dispuso el procesamiento del joven y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 15.069 pesos, para hacer frente a la tasa de justicia, los honorarios de los abogados y peritos y los demás gastos derivados del trámite de la causa.