"Esta sentencia es un hito y un modelo de lucha y restitución de derechos en el largo camino por la justicia", celebró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, tras el fallo dictado ayer por el Tribunal Oral Federal 5, en el que condenó a 29 represores a prisión perpetua por cometer delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención ESMA y por los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar.
La directora de Amnesty insistió en que el juicio "será recordado como una jornada clave para la historia de los derechos humanos" y destacó que es "el resultado de una lucha colectiva de diferentes actores, tanto de la sociedad civil como de la justicia que trabajaron incansablemente durante años”.
La sentencia de ayer, la primera para los vuelos de la muerte a 41 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, fue una reafirmación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia retomado desde 2005, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a pesar de los embates que el Gobierno de Cambiemos habilitó al cuestionar el reclamo de los organismos de derechos humanos, los programas públicos que respaldan a las víctimas y los fallos que aparecieron en sintonía con la nueva época política.
"El juicio en general ha sido exitoso desde el punto de vista del Ministerio Público, que hizo un trabajo muy importante. Algunas penas fueron bajas en mi opinión, porque no se condicen con la trascendencia del delito. Vamos a analizar las absoluciones cuando se conozcan los fundamentos. Hay cierta incoherencia en ese sentido", analizó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
El titular de la Procuraduría valoró que la sentencia "ratifica la vigencia del proceso de Memoria, Verdad y Justicia" y advirtió que el organismo "no puede dejar de estar" porque "es una política de Estado, lo dijo la propia Corte", en relación al riesgo que corren los organismos de investigación especial creados por la ex Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien renunció por la presión ejercida desde el Gobierno nacional.
El juicio, que demandó cinco años, involucró a 789 víctimas y resultó en la condena a 29 civiles y militares a prisión perpetua. En el proceso judicial se juzgó a militares, a los pilotos de los conocidos “vuelos de la muerte”, y a civiles involucrados en secuestros, torturas y apropiación de niños durante el régimen militar (1976-1983).
Entre los condenados a prisión perpetua se encuentran Alfredo Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta, dos de los marinos más conocidos entre los que actuaron en la ex ESMA. Otros condenados a prisión perpetua fueron Randolfo Agusti Scacchi, ex jefe naval; Mario Daniel Arrú, ex piloto de la Prefectura encargado de realizar los "vuelos de la muerte" y Juan Antonio Azic, sentenciado por la apropiación, en su entonces, de la actual diputada Victoria Donda.
