El pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner convulsionó ayer el Senado y acrecentó las tensiones internas en el marco de un cargado fin de año legislativo. El interbloque de Cambiemos emitió un comunicado en el que dejó entrever su intención de avanzar con la medida para encarcelar a CFK, aunque el titular del flamante Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, adelantó su rechazo y pateó el tratamiento del tema para febrero o marzo del año próximo. Con el pronunciamiento de Pichetto (que el miércoles había provocado la fractura del bloque FpV-PJ) sumado al rechazo del kirchnerismo y otros legisladores de la oposición, el pedido quedó prácticamente sepultado en la Cámara alta, ya que para quitarle los fueros a un integrante del cuerpo se necesita el voto de dos tercios de sus miembros. 

Al día siguiente de que se formalizara la ruptura entre el sector del PJ más afín a la Casa Rosada y el sector opositor más duro, liderado por CFK, el juez Claudio Bonadio firmó el fallo que ordenó la prisión preventiva de la ex presidenta y remitió a la Cámara alta el pedido de desafuero. El expediente ingresó formalmente a las seis de la tarde y fue girado a través de la secretaría parlamentaria a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde debería tratarse, según la ley de fueros, en un plazo máximo de 60 días. Pero antes de que el expediente OV 498/17 tuviera ingreso al Senado, la noticia ya había generado una ola de reacciones políticas tanto dentro como fuera del Congreso.

El oficialismo emitió una nota firmada por el jefe de bloque PRO, Humberto Schiavoni, su par de la UCR, Angel Rozas, y el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff. Allí declararon cuestiones de rigor como que van a “cumplir con los plazos institucionales establecidos en la Constitución, en la ley de fueros y en el reglamento del Senado” y que “al pedido de desafuero vamos a darle una respuesta institucional, no partidista”. 

Pero más allá de esas afirmaciones formales, el comunicado contiene dos claves políticas. Por un lado dice: “Bajo ningún aspecto seremos un obstáculo para la Justicia”, y por el otro, sostiene que el interbloque actuará “sin estar atado a precedentes”. La primera frase implica que, tal como hicieron con el desafuero de Julio De Vido, Cambiemos buscará fundamentar su voto en que se trata de un pedido judicial. La segunda anticipa que además no respetarán la posición histórica del Senado, que ha rechazado los pedidos que no se fundan en una sentencia firme. Un comunicado en similares términos, enviado por la radical Silvina Giacoppo, dejó un poco más clara la posición oficial: “Nuestro bloque respetará todo el proceso institucional y en la medida que se ajuste a derecho va a facilitar el proceso judicial acompañando el pedido de desafuero como se hizo en Diputados”, afirmó la jujeña.

El peronismo ratificó ayer mismo su rechazo. Si bien no habló en nombre de su flamante bancada, Pichetto fue taxativo al ratificar su posición y la de sus pares. “La gran mayoría opina que no procede el desafuero”, adelantó. Insistió así con la postura que había adoptado ante el pedido de inhabilitación de la candidatura de Carlos Menem y ante el proceso de desafuero que se produjo en Diputados con De Vido. Pichetto recordó que la Corte Suprema dejó asentado que se trata de procesos que corresponden ante un caso con condena firme porque de otra manera se vulnera el principio de inocencia. La ex presidenta, por ejemplo, no tiene ni siquiera condena de primera instancia, mientras que el riojano ya cuenta con condena de segunda instancia en la causa de contrabando de armas. Además, el ex jefe del bloque del FpV-PJ criticó el pedido de prisión preventiva. Sostuvo que “no corresponde” ya que CFK “siempre estuvo a disposición de los requerimientos judiciales” y que “no hay peligro de que entorpezca la investigación”.

Como la Constitución establece que para el desafuero se requiere el voto de los dos tercios de la Cámara, es decir 48 senadores sobre 72, la embestida judicial tiene casi nulas chances de concretarse. Haciendo la cuenta inversa se necesitan 24 votos para garantizar el rechazo. El interbloque Argentina Federal, que preside Pichetto, tiene 25 integrantes, el kirchnerismo suma 8 y otros senadores, como Fernando “Pino” Solanas, también se manifestaron públicamente en contra. Sumarían unos 34, lo que deja incluso margen por si no todos los senadores del bloque comparten la postura de Pichetto.

De todas maneras, el tema seguirá vigente. Pichetto afirmó que como el Senado está en receso y por el recambio legislativo no están constituidas las comisiones, el fallo de Bonadio será analizado recién en febrero o marzo. El senador afirmó que “no hay ninguna posibilidad” de que el Senado “se aboque a estudiar esta cuestión porque estamos fuera del período de sesiones ordinarias”. Sin embargo, la ley de fueros es muy clara con los plazos: el fallo debe remitirse a la Cámara “inmediatamente” y ser girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, que cuenta con 60 días para emitir dictamen. Si no se expide la comisión, a partir de los 180 días debe tratarlo el pleno de la Cámara. Nada dice sobre si el Senado se encuentra o no en receso. De todas maneras, ante el escenario adverso, es probable que Cambiemos acepte dilatar su tratamiento hasta el año próximo.