El diputado nacional del PRO Sergio Capozzi explicó las razones por las cuales votó en contra de la creación de la comisión que investigará a funcionarios del Gobierno por el caso $LIBRA y aseguró que la misma no tendrá impacto “jurídico”.
“En el caso particular de nuestro bloque, estuvimos en contra porque yo creo en la división de poderes. Acá hay un problema grave y por eso mi decisión de no apoyar la conformación de la comisión, y es que va a tener eminentemente fines políticos”, afirmó Capozzi, en diálogo con la 750.
Para argumentar su posición, el diputado del PRO brindó un ejemplo concreto. “Supongamos que vienen 30 testigos. La gran diferencia entre una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y una de la Justicia es que el testigo que presta su testimonio en sede judicial lo hace bajo juramento de decir la verdad y esto tiene una consecuencia penal. El falso testimonio está penado”, explicó.
No obstante, señaló que dicha comisión “tiene que tener transparencia”, pero como contrapunto remarcó que “la Justicia argentina es la madre de todos los males”. “Es lenta, complaciente con el Poder”, sentenció.
"Las consecuencias jurídicas que podrían tener es que tal vez algunas preguntas incisivas lleven a un funcionario a que diga algo que llame la atención a la Justicia”, cerró.
La causa pasa a manos de María Servini
El escándalo por la criptomoneda $Libra, que involucra de forma directa al presidente Javier Milei, dio un nuevo giro judicial. Este miércoles, la Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa quede en manos de la jueza federal María Servini, al declarar incompetente a su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. A partir de ahora, Servini concentrará el expediente principal del caso, y Arroyo Salgado deberá remitirle toda la documentación reunida hasta el momento.
La decisión no es menor: implica que el expediente más sensible que vincula al jefe de Estado con una presunta maniobra de estafa quedará radicado en los tribunales de Comodoro Py, epicentro de las causas de alto voltaje político. En su fallo, la Cámara no solo priorizó criterios jurisdiccionales, sino también investigativos: destacó que la jueza Servini ya había delegado la pesquisa en el fiscal Eduardo Taiano, quien había tomado medidas de prueba concretas antes del reclamo de Arroyo Salgado.
