Un docente de la localidad de Villa Cañas, al sur de la provincia, fue imputado por abuso sexual en perjuicio de su expareja y de las hijas de ésta, en reiteradas oportunidades. La fiscal Florencia Schiappa Pietra, de Venado Tuerto, le atribuyó las figuras de abuso gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y corrupción de menores. Desde la querella -que representa a las tres víctimas- cuestionaron que luego de la imputación, que se extendió por varias horas, el juez Leandro Martín "reconoció la verosimilitud de lo denunciado", pero resolvió que el acusado continúe el proceso penal en libertad, por lo que adelantaron que apelarán la decisión. 

Según reza la imputación, los hechos ocurrieron durante la convivencia del acusado con quien fuera su pareja y las hijas de la mujer, durante la niñez y adolescencia de las mismas. Tras relatar los delitos y hechos que según la acusación se extendieron por casi una década, la fiscal y querella pidieron la prisión preventiva del imputado de 45 años. El juez, en tanto, "consideró que había apariencia de responsabilidad", incluso con una pena en expectativa alta, pero a la hora de resolver el planteo consideró "que no había riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio, y dispuso la libertad", señaló la querellante Carolina Walker Torres, quien cuestionó: "¿Qué más necesita la Justicia para proteger a tres víctimas de abuso sexual, dos de ellas incluso cuando eran niñas?".

Desde sus redes sociales, la querella sostuvo que fue una resolución "entre gallos y medianoche". Según relató, "tras casi 9 horas de audiencia en las que declararon 3 mujeres contando los aberrantes abusos sufridos, el juez Leandro Martín decidió dejar en libertad a G.D.O., docente de una escuela técnica de Villa Cañás, imputado por abuso sexual infantil reiterado, corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal contra sus dos hijastras, y abuso sexual con acceso carnal y amenazas reiteradas contra su ex esposa".

Con todo, "el juez reconoció que existe un alto grado de probabilidad en la autoría, que las denuncias son verosímiles, y que la pena en expectativa es gravísima (de 8 a 50 años de prisión). Sin embargo, el mismo juez decidió liberarlo". Además, indicó que "el propio imputado reconoció haber violado medidas de restricción impuestas (tras la denuncia) por el Juzgado de Familia y haber amenazado a su ex pareja".

Para la querellante, la decisión judicial "viola de manera flagrante el deber del Estado argentino de actuar con debida diligencia reforzada, tal como lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes". Y agregó: "Esta resolución ignora los principios de interés superior del niño, desoye la obligación de brindar protección efectiva a las víctimas y reproduce la impunidad que históricamente ha silenciado a quienes denuncian violencia sexual".

En ese contexto, adelantó que apelarán la resolución "profundamente regresiva y violatoria de derechos humanos"; y que continuarán "exigiendo la elevación a juicio" del caso, "porque las niñas y mujeres tienen derecho a ser protegidas, a ser escuchadas, a vivir libres de violencia".

La abogada querellante relató que los hechos cometidos en perjuicio de las hijas comenzaron cuando una de ellas tenía entre 9 y 10 y la otra 12 años. Ocurrieron entre 2008 y 2017, cuando la madre no estaba en la vivienda. "Fueron reiterados, durante varios años. Uno de los hechos fue la noche en que el acusado se casaba con la madre, cuando una de las víctimas era mayor", sostuvo sobre el suceso que llevó a que un año después le contaran a la madre, quien se separó del agresor. En el caso de la entonces pareja, la imputación menciona un hecho cometido en 2016; y otros de amenazas, posterior a la denuncia.