La vitivinicultura argentina atraviesa uno de los momentos económicos más críticos de su historia reciente. En 2024, la producción de vino alcanzó su nivel más bajo desde 1961, con 23 mil millones de litros. El consumo interno, que solía representar el 80% del destino de la producción, hoy apenas llega al 60%, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y suba de precios que afectó la venta de este producto.
A nivel global, el consumo disminuyó un 7,5% entre 2008 y 2024, pero en Argentina la caída fue de casi el 40%, ya que se consumía un promedio de 27,8 litros por habitante y pasó a ser de 16,7 en 2023.
Estos datos se desprenden del informe del Grupo de Empresarios y Profesionales por Mendoza (GEPS) elaborado por Luis Coita Civit, ingeniero agrónomo, enólogo y productor de uvas y vinos, que señala que el costo medio de producción por kilo de uva sin cosecha pasó de USD 0,23 a USD 0,40 (tipo de cambio oficial), lo que representa un aumento del 73,9%. Esta presión sobre los márgenes de ganancia provocó el cierre de al menos 1.200 viñedos en estos últimos años, y una merma significativa en la calidad de la materia prima, lo que afecta directamente la competitividad del vino argentino en los mercados internacionales.
Deterioro
La superficie total cultivada disminuyó de 226.287 hectáreas en 2014 a 202.847 en 2024, lo que equivale a una pérdida del 10% en la última década. El número de viñedos registrados también cayó un 8,5%, con 23.046 unidades en funcionamiento.
A medida que los pequeños y medianos productores quedan fuera del juego, lo que se consolida es un modelo concentrado en pocos actores, con capacidad exportadora y estructuras de escala. Las 10 bodegas más grandes concentran el 75% del comercio del vino, subraya el informe. De las 1.230 bodegas registradas, solo unas 847 efectivamente realizaron molienda, cifra que viene cayendo sostenidamente desde 2010, cuando eran más de 980. Las bodegas que no exportan ni tienen segmentos de alta competitividad en precio también enfrentan una crisis profunda. Muchas ya están reformulando su negocio, orientándose a vinos más baratos o incluso diversificando el mercado lo que genera una baja en la calidad de los productos.
Mendoza mantiene su peso específico en la vitivinicultura argentina, ya que concentra el 73% de la superficie cultivada, el 64% de la producción de uva y el 78% de la elaboración de vino. La actividad representa el 7% del Producto Bruto Geográfico (PBG) y genera más de 106.000 empleos directos e indirectos. Las unidades productivas se agrandaron ya que el tamaño medio de los viñedos se duplicó respecto a 1990, superando actualmente las 10 hectáreas, lo que evidencia un proceso de concentración que favorece a los grandes jugadores en detrimento de los pequeños productores.
La falta de herramientas de financiamiento, la escasa articulación con mercados alternativos y el ahogo del circuito productivo hacen que quienes no tienen una estructura competitiva enfrenten una vulnerabilidad extrema. Los productores denuncian que los aumentos en combustibles, maquinaria y mano de obra deja a la actividad al borde de la inviabilidad económica. Por eso, durante la vendimia de este año reclamaron un precio sostén de $340 por kilo para la uva criolla, lo que implicó un aumento del 70% respecto a la última campaña.
Todo esto genera un impacto económico regional contundente. La caída de la actividad en las zonas vitivinícolas implica pérdida de empleos directos e indirectos, afectando a sectores como el transporte, los servicios tecnológicos y los profesionales independientes. Según el informe del GEPS, las actividades alternativas que hoy resultan rentables, como la energía o eventualmente la minería, no tienen la capacidad de absorber la masa laboral desplazada.
Panorama incierto
Este año se abre un panorama incierto teniendo en cuenta que Estados Unidos, uno de los principales destinos del vino argentino, anunció nuevos aranceles del 10% que por ahora se encuentran en pausa. Los vinos argentinos ya enfrentaban una tarifa del 6% al ingresar a ese mercado, mientras que Chile, competidor directo, no pagaba ese impuesto. Si se activan las nuevas tarifas, Argentina quedaría con un arancel total del 16%, frente al 10% chileno. La brecha se achica, pero la carga sigue siendo más alta para el vino nacional, lo que, sumado al aumento de los costos internos, limita la competitividad.
La combinación de caída del consumo, aumento de costos, cierre de viñedos, concentración de la industria y baja calidad de la materia prima, configura un escenario de crisis estructural, más que coyuntural.
El vino argentino, otrora símbolo de identidad nacional y producto estrella de exportación, se encuentra en una encrucijada. La reconversión del sector requerirá de políticas públicas activas, financiamiento accesible, estrategias de diversificación de mercados y un rediseño profundo de su modelo productivo. Ante este panorama los pequeños y medianos productores se enfrentan al riesgo de volverse cada vez más dependiente de grandes grupos económicos y de perder representatividad en el entramado social y cultural que alguna vez sostuvo a este sector.
*Comunicador social, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
