En las últimas horas se publicó un nuevo informe del INDEC sobre el estado de situación de la informalidad en el mercado de trabajo argentino. Allí se analiza el último trimestre de 2024 en los principales aglomerados urbanos. Los datos son claros y muy preocupantes.

A fines de 2024 la tasa de empleo informal llegaba al 42 por ciento. Según los parámetros que utiliza el INDEC la informalidad laboral se refiere al conjunto de personas ocupadas que desarrolla sus actividades al margen de las normas que la regulan. Engloba tanto a trabajadores monotributistas como a no registrados y a registrados que cobran una parte de su sueldo “en negro”. 

Lo que se observa en el informe es un crecimiento sostenido de la informalidad en el último año, una participación más importante en mujeres que en varones (43,4 vs 40,9 por ciento), y, particularmente, un tremendo 58,7 por ciento en los jóvenes de hasta 29 años. Casi 8 de cada 10 trabajadoras/es en la construcción y el servicio doméstico son informales. En el cuentapropismo, alcanza el 62,4 por ciento.

A simple vista un panorama muy preocupante y sistémico en el que se ve la profundización de un proceso que ya lleva una década en el que conviven estancamiento y caída salarial, precarización y una sobreocupación que indica que en el conjunto de la población ocupada tres de cada diez tienen más de un trabajo.

Ante este panorama la respuesta del gobierno es insistir en una reforma laboral que disminuya el costo de la mano de obra y en debilitar a los sindicatos. Esa discusión esconde dos cuestiones. En primer lugar, que este 42 por ciento de hoy no se explica centralmente por “cuanto sale un trabajador registrado” sino que, en gran medida, es por el aumento de la informalidad de la economía en general. Cuanta más evasión, cuanta más economía “en negro”, cuantos menos controles, más trabajo informal y precario. En segundo lugar, lo que se busca con ese abaratamiento no es un nivel mayor de formalidad si no que el objetivo es abaratar el costo de los ya registrados, maximizar ganancias empresarias.

Frente a esto, el desafío del campo popular es organizar y representar a los trabajadores informales. Estamos en deuda en ese sentido. Cristina Fernández de Kirchner ya lo planteó en septiembre pasado cuando advirtió que "las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo, ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores". 

Lo cierto es que hoy hay un porcentaje altísimo de trabajadores y trabajadoras huérfanos de organización y de representación político sindical. Sin convenios colectivos, sin comisiones internas, sin un colectivo del cual ser parte y que los defienda. Esa orfandad se expresó también en las urnas hace dos años atrás.

Nuestro propósito debiera ser organizar lo informal y representar lo fragmentado. Incrementar el poder popular de las organizaciones sindicales. Repensar y avanzar en una forma sindical moderna que contenga la masa de trabajadores, jóvenes en su inmensa mayoría, que hoy están fuera de los sindicatos. Siempre propugnar por más organización colectiva. A su vez, en un mercado laboral altamente fragmentado tenemos que buscar lo común, lo que nos une como clase trabajadora, para poder expresar y representar al todo.

La CGT sin duda tiene un papel determinante en este desafío. Debe protagonizar. Históricamente, las organizaciones sindicales han sido un actor necesario, un motor indispensable, en la construcción de la democratización del bienestar en Argentina. Lo hicieron, eso sí, siempre de la mano de la conducción política del Partido Justicialista y contando con icónicos líderes sindicales que atravesaron los particularismos sectoriales y el internismo expresando, organizando y representando al movimiento obrero en su conjunto, como lo fue hace ya demasiado tiempo el queridísimo y recordado Saúl Ubaldini. Necesitamos más sindicatos, no menos. Más organización, no menos.

*Doctor en Historia. Autor de “Una Alianza que Transformó el País. Los sindicatos y el primer peronismo”.