En Colombia, más de la mitad de los hogares rurales no tienen acceso a agua potable; esas comunidades se ven diariamente obligadas a consumir el recurso hídrico de diversas fuentes como pozos, ríos, quebradas y directamente de la lluvia. Esas más de ocho millones de personas, que permanecen en un estado de vulneración permanente de su dignidad estarán condenadas a perpetuar el ciclo del empobrecimiento para las generaciones venideras, mientras no tengan la garantía del derecho humano más básico asociado a la vida: el acceso al líquido vital.
Hay una relación directa entre empobrecimiento y necesidades básicas insatisfechas con la ausencia o escasez de agua potable. Los departamentos que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tienen los mayores niveles de precariedad social son los que carecen de saneamiento básico en la mayoría de sus territorios. Las poblaciones étnicas y campesinas, adicionalmente, a ser las principalmente golpeadas por el conflicto armado en Colombia, padecen el mayor déficit en cobertura de saneamiento básico.
En Colombia se ha construido una institucionalidad con crecientes recursos año a año, con la misionalidad de llevar acueductos y alcantarillados a todos los territorios del país; sin embargo, entre demorados proyectos, diseños y falta de articulación de las entidades nacionales con las territoriales han pasado los años sin que se logré avanzar en cobertura. Buena parte de los billonarios recursos invertidos; al parecer, se han ido por la alcantarilla.
Por otro lado; esa Colombia profunda que tanto cacarean desde la institucionalidad, y que según los tecnócratas es la que tiene la problemática de falta de acceso a agua potable, no está en las zonas rurales o distantes de los centros urbanos, también se encuentra en las periferias de las ciudades colombianas: inclusive de Bogotá, Medellín y Cali.
Recientemente conversé con lideres y lideresas sociales de los barrios Santa Marta, Villa Esperanza, El Triángulo, El Verbenal, Tierra Colorada, San Ignacio, Tierra Nueva, Ciudadela el Paraíso, La Yuquera y Villas del Topacio en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Todas estas comunidades tienen una condición común: no cuentan con acceso a agua potable ni a alcantarillado; y, en algunos casos, el distrito les cobra el servicio sin que cuenten con él.
Desde esa periferia bogotana se vislumbra a la distancia la ciudad capital como si fuera otro territorio separado por la frontera invisible de la indignidad. Estas comunidades urbanas excluidas son víctimas del destierro y del empobrecimiento de la guerra. La historia del poblamiento de estas laderas es la del desplazamiento forzado, Nunca el distrito los ha acogido con un plan de vida, siempre se han tratado como ilegales e invasores; y por eso, en las proyecciones de ciudad siguen siendo invisibles y hasta ellos no llegan las obras de infraestructura de servicios.
Le hace falta comprender a buena parte de los servidores públicos del Estado colombiano, que a la luz de la Constitución Política de 1991 ningún ser humano es ilegal, y que la garantía de derechos no depende de otra consideración distinta al de ser persona.
*Abogado y Magíster en Educación. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
