Los dieciséis policías y los cuatro civiles presos por el robo del combustible destinado al patrullaje, detenidos el lunes en más de treinta allanamientos, serán imputados la próxima semana por el MPA. Entre ellos se cuentan tres jefes y dos subjefes de sección de la Unidad Regional II, que fue intervenida por tres meses, aunque con un cambio sensible ocurrido en las últimas horas. El propio secretario de Seguridad Omar Pereira salió a aclarar que el subjefe de la fuerza local Mariano Gobi no será desplazado de su cargo como lo anunciara el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, hace solo 24 horas. También se conoció ayer que los hechos más comprometidos de carga de combustible, que jamás fueron destinados a las patrullas, sucedieron en una estación de servicios Puma ubicada en Ovidio Lagos 3900. "El daño es una suma estimada en 45 millones de pesos mensuales o bimensuales", dijo Pereira, quien dejó otra frase polémica: “Las cajas negras existen y existieron. No puede considerarse como algo admitido para que sea un sobresueldo”, aseguró.

Entre los jefes y subjefes que serán imputados se encuentran la subinspectora Davina P., subjefa de Talleres Mecánicos Tarragona; el comisario Fabián F., jefe de Perros y Caballería; el inspector Mario B., subjefe de Perros y Caballería; el comisario supervisor Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de la Unidad Regional II; el comisario supervisor Gerardo R., jefe de Garage de distribución de combustible de la URII.

También serán imputados el subinspector Javier A. y Francisco T., miembros del Cuerpo Guardia de Infantería; el subinspector Sergio L. y el numerario Ramón S., ambos del Comando Radioeléctrico; el comisario Juan P., de la Brigada de Orden Urbano; el inspector Juan V., de la Brigada Motorizada; el subinspector Fernando C., del Grupo Táctico Multipropósito; la empleada Nancy P., de la División Personal; el subinspector Jorge D. y Gustavo B., de la División Logística, y el inspector Franco C., de la Policía de Investigaciones.

En ese marco el fiscal también imputará a cuatro personas que están vinculadas a la empresa Gas Auto Tiferno, investigada por las maniobras realizadas en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, un comercio actualmente clausurado y ubicado a poco más de diez cuadras de la sede de la Jefatura de la URII de Ovidio Lagos al 5200. Se trata de Mónica B., Daniel R., María D.F. y Oscar C.

"La investigación nació en julio-agosto, cuando entró una denuncia que tomó la Subsecretaría de Control, que depende de este Ministerio de Seguridad, y después se dio a Fiscalía. La investigación nos limitaba a tomar medidas porque el fiscal (José Luis Caterina) seguía reuniendo información”, dijo Pereira en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2).

El funcionario provincial aclaró que Daniel Acosta fue desplazado como jefe de la Unidad Regional II, aunque no aparece entre los sospechados por las maniobras. “Es responsable de lo que hacen sus subordinados”, enfatizó al tiempo que comentó que su subjefe Gobi permanece en el cargo porque no está dentro de los involucrados en la causa.

“Reorganizamos la plana. Si bien el fiscal hizo mención de que la mayoría (de los detenidos) son jerárquicos, el único con jerarquía de mando es el jefe de la Brigada de Orden Urbano. El resto es todo personal responsable de cuestiones logísticas, de carga de combustible. De Agrupación Cuerpos, Comando Radioeléctrico, Motorizada el fiscal ordenó retirar sus celulares, pero no están detenidos ni imputados. Quedan separados de sus cargos a la espera de medidas judiciales”, amplió.

Pereira señaló que en los casos donde hubo aprehensiones de policías con poder de mando fueron reemplazados por sus subjefes.

Con respecto al perjuicio económico causado al Estado provincial a través de las maniobras, expresó: “Los 45 millones (dichos por el fiscal Caterina) eran mensuales o bimensuales. Era muchísimo. Y hay que ver en la investigación desde cuándo. El fiscal tiene celulares y planillas. Queremos ver desde cuándo era la mecánica delictiva”.

A su vez, remarcó que la investigación provincial se centró en una estación de servicio Puma que está en Ovidio Lagos al 3900, cuyos dueños y encargado están dentro de los aprehendidos. “Está cerrada en estos momentos (la estación). Surgirá después si hay otras, pero todo indica que por montos y vehículos, que era puntualmente ahí donde estaba la relación delictiva con la Policía”, finalizó.

La Fiscalía Regional Rosario adelantó que la semana que viene, en principio entre lunes y martes, el fiscal José Luis Caterina imputará a las veinte personas detenidas hasta el momento en el marco de la pesquisa por sobrefacturación de combustible para los móviles policiales que patrullan las calles rosarinas. La Fiscalía Regional decidió mantener en reserva los apellidos de los detenidos hasta el momento de formularse las imputaciones.