El director del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (Isep), Marcelo Villanúa, renunció ayer a su cargo. Lo hizo después de un año y medio de gestión en el gobierno de Santa Fe. La renuncia coincide con una purga significativa de la fuerza a partir de una denuncia de corrupción en la Policía de Rosario. Desde el gobierno provincial indicaron que, de momento, la Subsecretaría de Formación y Carrera Policial quedó a cargo de Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El comisario general retirado abandonó la conducción de las escuelas de cadetes de la provincia casi en simultáneo con la intervención de la Unidad Regional II. Sin embargo, fuentes oficiales remarcaron que la noticia no tiene relación alguna con el reordenamiento que impusieron las 20 detenciones de uniformados y civiles por fraude en la compra de combustible para los móviles.

El Ministerio de Justicia y Seguridad no sólo deberá reemplazar al subsecretario de Formación y Carrera Policial en la cartera conducida por Pablo Cococcioni. También quedó vacante el puesto de Carlos Pross, otra de las principales autoridades a cargo del Isep.

Villanúa estuvo al frente del instituto desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. La designación marcó el regreso a la función pública en primera línea después de cuatro años. Su pase a retiro se resolvió en el inicio de la administración anterior, cuando Marcelo Sain removió a la mayoría de las autoridades policiales.

A partir del cambio de signo político en la Casa Gris, el ex director general de la fuerza provincial volvió a trabajar al servicio del Poder Ejecutivo en los últimos días de 2023. Cococcioni lo convocó junto a otros jefes que fueron desplazados desde fines de 2019. Entre ellos se cuenta Claudio Romano, el actual interventor de la Unidad Regional II.

A partir de la declaración de emergencia en seguridad en la Legislatura, el ministro de Justicia reincorporó a más de una decena de uniformados retirados para resolver cuestiones operativas y de gestión. En enero de 2024, Pross volvió a prestar servicio con el rango de director general por decreto y luego se hizo cargo de la supervisión del instituto donde se forman los agentes santafesinos.

La partida de las máximas autoridades del Isep no corresponde a medidas administrativas del gobierno santafesino por la nueva causa penal sobre corrupción dentro de la fuerza. Sin embargo, el corrimiento agranda la larga lista de vacantes que generaron los pases a disponiblidad de todas las personas involucradas en la investigación judicial.

Al margen de lo que ocurra con la conducción del Isep, el fiscal José Luis Caterina planea imputar a tres jefes y dos subjefes de la policía rosarina por la malversación de fondos de la fuerza en estaciones de servicio. Entre ellos se cuenta un buen amigo y compañero de pesca de Villanúa: Gerardo Ramírez, encargado de la sección Garage y la distribución de combustible en la Unidad Regional II. Además, el funcionario judicial solicitó la captura de cuatro personas vinculadas a estaciones de servicio Puma.

No es la primera vez que Villanúa ocupa los titulares de los diarios: el 27 de febrero de 2021 fue allanado por una secuencia de casos de presunta corrupción económica desarrollados durante sus gestiones al frente de la institución policial. En el marco de la misma investigación también fueron requisados los domicilios de otros dos funcionarios policiales del área de compras: Francisco Fernández, que era jefe de logística, y Luis Gómez, que era el habilitado en el área de Administración y Finanzas. Las situaciones analizadas se remontan al año 2017.

Entre los hechos analizados por los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada de Delitos Complejos se encontraba la creación de empresas subordinadas al grupo policial para prestar servicios pagados por la policía con la ventaja de conocer las ofertas de los competidores en el proceso de compras para cotizar menos.