Luego de dos jornadas de audiencia, el juez Hernán Postma prorrogó ayer la prisión preventiva de nueve agentes -cuatro cumplirán domiciliaria‑ acusados por la persecución y homicidio de David Campos y Emanuel Madina, el 23 de junio pasado. Para otros siete, imputados por encubrimiento, el magistrado ordenó la libertad morigerada. Esto último preocupa a los familiares, que piden que se garantice su seguridad y reclaman ser atendidos por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. "Esperamos que lo que pasó hoy se sostenga en la acusación", expresaron a la salida.
La audiencia comenzó anteayer y las familias de los jóvenes alertaron sobre la negativa de Postma por dejar ingresar al público a la sala, alegando cuestiones de seguridad. "Nos preocupa mucho lo que pasó adentro de la audiencia, con la negativa del juez al ingreso y que no se haya garantizado el derecho de la querella a hablar". Las abogadas querellantes, de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, entraron alarmadas, también, ante la probable excarcelación de la mayoría de los imputados, debido a que el fiscal Adrián Spelta anticipó que no tenía argumentos para insistir con que los 18 uniformados siguieran en prisión preventiva.
Así, el juez Postma ordenó la libertad para siete de los acusados, mientras que otras dos mujeres policías ya gozaban de ese beneficio. Al resto, se le denegó esa posibilidad. El magistrado ordenó que sigan presos Alejandro Bustos, Leonel Mendoza (considerados autores materiales de los homicidios), Fernando Varela, Hugo Daniel Baroni y Marcelo Adolfo Escalante; mientras que Claudio Canclini, Leandro Cardozo, Aldo Benítez y Paola Cano, cumplirán prisión domiciliaria. Los que fueron liberados están acusados por encubrimiento y falsedad agravada.
Campos y Medina murieron dentro de un auto, en Arijón y Callao, fusilados durante la persecución de la que participó una veintena de policías, desde barrio Saladillo. Las pruebas demostraron que estaban desarmados, y la familia asegura que los propios policías les plantaron las armas encontradas en el interior del auto. Desde la audiencia imputativa a los agentes del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica (PAT), el fiscal alertó sobre la adulteración que había sufrido la escena del hecho.
