Los trabajadores marítimos y fluviales se movilizaron este martes por las calles del centro rosarino, en repudio a las intenciones del gobierno nacional de desregular la Marina Mercante. Desde el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara) denunciaron que el decreto que prepara el gobierno permitirá el ingreso de buques extranjeros para operar en el cabotaje nacional, terminando con la exclusividad histórica de la Marina Mercante nacional en nuestro territorio. También aseguran que la medida pondría en riesgo unos 22 mil puestos de trabajo directo en todo el país, de los cuales 8 mil corresponden a Rosario y la región. “Es una entrega total de nuestro territorio, de nuestra soberanía y de nuestra independencia económica como país”, sostuvo Fernando Ramírez, referente local del gremio naval.
La jornada de protesta inició con un acto frente a la Bolsa de Comercio y continuó con una movilización hacia el Concejo de Rosario, donde los trabajadores hicieron entrega de un documento que explica los pormenores del asunto. La actividad contó con el acompañamiento de los gremios que conforman la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) en Rosario y las agrupaciones nucleadas en la Intersindical Rosario. También estuvo presente en la ciudad Mariano Villar, secretario general del Siconara a nivel nacional, en el marco de una recorrida que busca visibilizar la situación en distintos puntos del país. Ya hubo movilizaciones similares en Misiones, Corrientes, Buenos Aires y ahora Santa Fe.
La preocupación del gremio pasa por la decisión del gobierno de avanzar hacia la desregulación de la Marina Mercante. El decreto, que según denuncian ya estaría listo para ser firmado, establece que la navegación, comunicación y comercio en el ámbito del cabotaje nacional podrán ser realizados tanto por buques bajo registro argentino como extranjero. La medida significaría una pérdida en la exclusividad que mantiene la Marina Mercante argentina sobre algunas tareas específicas. “Implica una pérdida de la presencia Argentina sobre sus ríos y sus mares, impactando negativamente en el control de nuestra soberanía e independencia económica”, señalaron en un comunicado.
Desde el gremio estiman que la decisión del gobierno podría afectar en forma directa unos 22 mil puestos de trabajo en todo el país. “Todos los buques que hoy hacen el transporte de hidrocarburo interprovincial, como gasoil o nafta, son argentinos. También tenemos buques argentinos que abastecen a las terminales termoeléctricas del país, o los buques gaseros que abastecen la energía para transformar en gas natural para usar en nuestros hogares y en las fábricas. Todo eso, que hacemos con mano de obra argentina, con este decreto podría desaparecer”, advirtió Ramírez en diálogo con Rosario/12.
En Rosario y la región, la medida afectaría el empleo de unas 8 mil personas. “Pensemos en todos los puestos laborales a bordo. Acá tenemos remolcadores de empuje y de maniobra, buques areneros y buques que transportan containers, entre otros. Pero en la provincia también tenemos astilleros que fabrican barcazas y tenemos toda la logística de los talleres navales que atienden a los barcos de la región”, sostuvo el referente gremial. “Hay un impacto directo, pero también un impacto indirecto que es muy fuerte y más difícil de dimensionar”, añadió.
Para el gremio, la medida que busca impulsar el gobierno no tiene nada de nuevo. Por el contrario, se parece bastante al decreto 1.772 de 1991 impulsado durante el menemismo, que estableció el cese definitivo de la bandera argentina en los buques y artefactos navales, vigente durante once años. “No solo no generaron mayores inversiones ni puestos de trabajo, sino que aceleraron el desmantelamiento de gran parte de la Marina Mercante argentina, provocando la pérdida de empleos, la paralización de astilleros nacionales y una transferencia del control logístico y comercial a intereses foráneos”, detallaron.
Ante ese escenario, el petitorio entregado por los representantes de los trabajadores marítimos y fluviales propone iniciar una mesa de trabajo genuina que convoque a todos los actores involucrados en la temática “promoviendo así un debate constructivo a nivel local”. También, que se impulsen iniciativas legislativas, declaraciones institucionales o pedidos de informes, tanto a nivel regional, provincial como nacional, tendientes a proteger y priorizar el empleo nacional en las actividades de navegación en buques de bandera argentina y sus puertos; rechazar la modificación de la actual ley de cabotaje; y que se exprese la preocupación por la situación “poniendo especial relieve que nuestra ciudad y provincia juega un rol trascendental en la hidrovía”.
“Como trabajadores pedimos integrar las mesas de trabajo para exponer todo lo que conocemos sobre este oficio”, remarcó Ramírez. “Este es un decreto que nos quiere bajar de los barcos, que propicia la llegada de tripulaciones extranjeras. Ya pasó en los noventa y quedó demostrado que no trae más divisas y que no le abarata el flete al chacarero. Solo beneficia a las multinacionales que manejan el transporte marítimo mundial. Es una entrega total de nuestro territorio, de nuestra soberanía y de nuestra independencia económica como país”, cuestionó.
