En los últimos días se conoció la información de que el gobierno nacional cedió tres fracciones de tierra a la vera del corredor vial que une Rosario con Victoria (ruta nacional 174). El convenio firmado entre Vialidad Nacional y entidades agropecuarias definió otorgar dos parcelas para la Sociedad Rural de Victoria y una para la Comunidad Islera Asociación Civil a los efectos del montaje de un sistema de mangas y corrales para el embarque y desembarque de hacienda en pie en la zona de islas. Hasta ahora, el municipio de Victoria, centralizaba estas operaciones y cobraba un canon por dicha tarea. A partir de esta resolución, serán los propios privados los encargados de realizar esta logística de ingreso / egreso, gestión en la que fue clave el papel del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó activamente en favor de estos sectores de fuerte peso en el negocio ganadero.
La noticia encierra una aguda disputa que se viene dando desde hace tiempo por las tierras que conforman el Delta del Paraná. De hecho, diversas organizaciones socio-ambientales vienen denunciando una acelerada transformación de estos territorios, que en muchos casos tiene que ver con las consecuencias del dragado sin control que se ha realizado en el cauce del río Paraná, y las prolongadas bajantes que, producto de los efectos del cambio climático, han venido agudizándose en los últimos años, poniendo en riesgo unos de los reservorios de biodiversidad más importantes de Argentina: los humedales del Delta del Paraná.
El Delta del Paraná es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
Es sabido también que la ganadería no es un fenómeno nuevo en las islas. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad ha ido impactando de un modo más notorio en el ambiente de las mismas. De hecho, algunos estudios indican que en 2007 llegaron a haber más de 1,5 millones de cabezas de ganado y que luego de la gran inundación de ese año, la cifra se redujo sensiblemente. En esa ocasión, la imposibilidad de efectuar un retiro rápido del ganado le terminó costando la vida a miles de animales y más de un productor se replanteó la posibilidad de seguir trasladando animales a territorios inestables como son las planicies inundables que conforman las áreas de humedales, a pesar de las facilidades de acceso que permitió la construcción de la conexión vial entre Rosario - Victoria a áreas que antes eran prácticamente inaccesibles.
El fenómeno obedece a causas estructurales que tienen que ver con un modelo productivo centrado en la producción de materias primas con eje en la producción de soja (que beneficia centralmente a los grandes terratenientes y a las multinacionales que tienen hoy control del comercio exterior), que producto del corrimiento de la frontera agrícola ha ido desplazando a áreas más periféricas actividades como la ganadería, que en muchos casos ha tenido que refugiarse en zonas en donde los costos de la tierra son menores y las condiciones de las pasturas pueden resultar convenientes para este tipo de actividad.
En un informe que realizáramos en el año 2022 en el medio de una de las crisis ambientales más profundas de los últimos años generadas por las quemas en las islas, constatábamos solo del registro visual de la foto satelital la existencia de más de 365 establecimientos dedicados a la actividad ganadera, lo que indicaba un repunte de este tipo de actividad productiva. Los períodos prolongados de sequía, las bajantes del río Paraná y sobre todo los taponamientos de las principales bocas que alimentan de agua al humedal que se han ido obstruyendo producto de la acumulación de los sedimentos arrojados en las tareas de dragado, vienen transformando aceleradamente las condiciones de este territorio y han despertado nuevamente el interés de grandes terratenientes y productores que ven en esto una nueva oportunidad para ampliar sus negocios. Además, se sabe que una parte importante de estos territorios son tierras fiscales, que en muchos casos han sido usurpados de forma ilegal sin que el Estado tomara acciones para evitarlo, ni que se hagan públicos los datos catastrales que permitirían además verificar responsabilidades en caso de incendios, como los producidos en el año 2020.
En el registro de movimientos de la Draga “Pinta” perteneciente a la empresa belga Jan de Nul, que tiene aún la concesión de las tareas de dragado del canal de navegación principal de nuestro río Paraná, puede observarse con claridad el tipo de maniobra que se realiza para arrojar el material removido sobre la costa de las islas, y lo que posteriormente por el propio escurrimiento de las aguas, se va desplazando y acumulando en las bocas de los riachos y arroyos interiores. El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
En momentos de bajante del río Paraná, hay sólo tres bocas que alimentan el humedal de Victoria: la Boca de la Azotea, la Boca del Bobo (arroyo Careaga) y las Cuatro Bocas (Boya 500 – Paranasito), ubicadas entre Puerto San Martín y Diamante. Estas entradas son fundamentales para mantener el flujo de agua dulce hacia el humedal y, en consecuencia, asegurar el bienestar del ecosistema y las comunidades costeras.
Sería lógico preguntarse, por qué el gobernador Frigerio que con toda premura y en un verdadero trámite express logró que el gobierno nacional le cediera las tierras necesarias para facilitar nuevos accesos desde la ruta en beneficio de la actividad ganadera, y que además ha estado sumamente activo en apoyo al proceso de licitación que el gobierno de Milei ha planteado para reprivatizar, entregar a manos extranjeras y profundizar el dragado del canal de navegación principal del río Paraná (en el que además pidió se incluya al Paraná Guazú – Bravo – Talavera como parte principal de la Vía Navegable Tronca), sigue haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos respecto del dragado de las bocas que garantizan el agua en el humedal.
¿Es una acción deliberada para agudizar la situación de crisis hídrica que presenta desde hace años gran parte de humedal con el objetivo de lograr que una parte significativa de ese 1,7 millón de hectáreas puedan utilizarse con fines productivos?
Es sabido que la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos cuenta con las dragas para poder hacerlo. Sucede en este sentido, algo similar a lo que reiteradamente se ha denunciado en relación a las dragas de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que desde hace años se encuentran en estado de total abandono, para justificar luego que es necesario que las tareas de dragado sean realizadas por empresas extrajeras.
Es sabido, que renombrados terratenientes de la zona, han venido comprando tierras en los últimos años, a precios exiguos por tratarse de zonas inundables. ¿El gobierno de la provincia estará al tanto que su inacción puede terminar multiplicando el valor de esas tierras si su puesta en producción se asegura por la ausencia de anegamientos?. ¿Querrá garantizar un negocio en beneficio de unos pocos a un costo ambiental incalculable?
¿El gobernador sabrá que el recurso ictícola, que es sostén de muchas familias isleras, está en serio riesgo? ¿Conocerá que especies como el dorado, la boga y el surubí, precisan de este tipo de lugares para garantizar el desove y la reproducción de las especies?
No es la primera vez que intereses privados buscan apropiarse de estos territorios para transformarlos y dotarlos de condiciones similares a la existente en nuestra pampa húmeda: modificar las condiciones naturales para asegurar la expansión de la ganadería e incluso de la agricultura extensiva.
Es un proceso que algunos estudios definen como de “pampeanización”, cuyo ejemplo más burdo fue el llevado adelante hace algunos años por la multinacional holandesa Bema Agri, que durante 10 años alteró unas 10.000 hectáreas en la zona de islas frente a Villa Constitución, construyó 19km de terraplenes para secar un perímetro en donde incluso llevó maquinaria para poder sembrar soja y maíz. Finalmente la justicia le impidió continuar por infringir la protección de un área natural y las ordenanzas y leyes provinciales.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos.
La intención del gobierno nacional de avanzar con la profundización del dragado del canal de navegación troncal del río Paraná, al que intentó llevar a 44 pies antes de que se frustrara el escandaloso proceso de licitación (aunque ya se sabe que volverá a intentarlo en los próximos meses), agudizará las condiciones críticas en las que ya se encuentra actualmente el humedal. Recordemos que este intento de privatización y entrega del río Paraná fue recientemente denunciado por más de 180 organizaciones que formaron parte de la épica “Remada Contracorriente” que recorrió 1.200 km en defensa del agua, la vida y la soberanía en el mes de marzo del presente año.
Solo comparar una imagen satelital actual con la de algunas décadas atrás, nos permite tomar dimensión de la dramática reducción de las superficies en las que antes había agua y ahora crecen pasturas propias de nuestra pampa que el propio ganado ha ido trasladando hacia este territorio en el que otrora reinaban los juncos y camalotes.
Para los 40.000 habitantes de la ciudad de Victoria, el acceso al agua resulta vital. Sin embargo, como ya pudo verificarse en momentos de bajantes del nivel del río, se ha estado cada vez más al límite en la posibilidad de asegurar la provisión de agua. Sucede que la Laguna Grande, que cada vez es más chica, es la que se comunica con el Riacho Victoria en donde se encuentra la toma de agua de la ciudad.
La situación es cada vez más urgente, y si las tareas de profundización del dragado del río Paraná con el que pretende avanzar el gobierno nacional de Milei en beneficio de las agroexportadoras se hace efectiva, y siguen sin tomarse las medidas necesarias para desobstruir las bocas de acceso que garantizan niveles de irrigación adecuados para el humedal, no solo se estará poniendo en riesgo la diversidad de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, sino que, como ya se vio en anteriores bajantes, se pondrá en riesgo la garantía de acceso a un elemento vital como el agua para la vida y se hará cada vez más crítica la situación de sectores como el de la pesca artesanal, la agricultura familiar y la apicultura, que ya están al borde del colapso.
Continuar la pelea en defensa del agua, la vida y la soberanía es la única posibilidad para dar vuelta esta situación. Está en nuestras manos lograr que la victoria sea colectiva y en beneficio de todos.
(*) Arquitecto, docente de Diseño del Paisaje y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná.
