El juicio que investiga la muerte de Diego Maradona fue suspendido por una semana. La decisión llegó tras el pedido realizado por el fiscal Patricio Ferrari, que había solicitado que se esclarezca la supuesta grabación irregular de un documental por parte de cuatro personas que se encontraban en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro durante la primera audiencia.
Para la jornada de este martes, estaba previsto que declaren ante el psicólogo Carlos Díaz --uno de los siete imputados que tiene la causa-- y los hermanos Alejandro y Carlos Cottaro, ambos acompañantes terapéuticos que trabajaron con "el diez".
El psicólogo fue contratado por el abogado Matías Morla y abordó las adicciones a las drogas y el alcohol del astro futbolístico, a la vez que participó de la reunión en la Clínica Olivos en la que se le comunicó a la familia que Diego sería trasladado a la vivienda del barrio cerrado San Andrés.
Además de Díaz y Cosachov, los otros cinco imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe, Mariano Perroni, y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
El presunto documental sobre el juicio
Según relataron fuentes judiciales, cuatro personas que estuvieron presnetes en la primera audiencia estarían participando de un supuesto documental que sobre el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona que realizaría la cadena británica BBC.
En videos que circularon en redes sociales se observa a uno de los sospechosos sacar una cámara para registrar el desarrollo de la primera jornada del debate, a la vez que los siete imputados se presentaban ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, acusada de promover el proyecto audiovisual.
Una policía advierte la situación y le informa al periodista que está prohibido grabar el juicio, por lo que este guarda el dispositivo, al tiempo que uno de sus colegas se levanta y cambia de asiento con el objetivo de buscar una mejor ubicación o ángulo para continuar con la filmación.
Los abogados Rodolfo Baqué, Fernando Burlando y Mario Baudry pidieron que se investigue "la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal".
Por su parte, la jueza Verónica Makintach quedó envuelta en la polémica, ya que habría autorizado el ingreso de las personas ajenas al proceso para realizar el supuesto documental para la productora. "Me duele muchísimo", dijo la magistrada sobre los rumores y agregó: "Me parece un disparate, me sentí agraviada porque se duda de mi imparcialidad".
