Un grupo de organizaciones rosarinas se planta ante el proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Nucleados en la Multisectorial “No a la baja”, este martes se reunieron con el arzobispo de Rosario y publicaron una carta abierta a los legisladores nacionales santafesinos donde plantean la inconstitucionalidad del proyecto, exponen la baja participación de menores en delitos complejos y remarcan la falta de eficacia de políticas punitivistas en la materia. “Si a la vulnerabilidad extrema que hoy vemos le sumamos el encierro, en lugar de rescatar a las infancias las lastimás aún más”, evaluó Cecilia Ferreyra, acompañante juvenil de la dirección de Justicia Penal Juvenil de Santa Fe. Desde el arzobispado valoraron el encuentro. “Si bajamos la edad de imputabilidad, pero no mejoramos todo lo que es la integración a una vida social digna para todo niño, niña y adolescente, no resolvemos el problema”, sostuvo Fernando Bustamante, delegado local de la Pastoral Carcelaria.
El encuentro tuvo lugar este martes por la mañana en la sede del Arzobispado de Rosario y contó con la participación del arzobispo, Eduardo Martin, y representantes de las diversas organizaciones que componen la multisectorial. El objetivo del encuentro fue intercambiar posiciones respecto al rechazo del proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad. A principios de mes, el oficialismo logró en la Cámara de Diputados de la Nación un dictamen de mayoría para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Es la segunda vez, en dos años de gestión, que el gobierno de Javier Milei busca reformar esa normativa.
“Fue una reunión muy amena. Desde la Multisectorial planteamos que bajar la edad de imputabilidad es violentar el derecho de las niñas y niños. Más que un discurso punitivista, se debe trabajar en la prevención y en mejorar la educación”, explicó Ferreyra en diálogo con Rosario/12. “La iglesia coincide con estos postulados. Así que fue una reunión donde tuvimos muchos acuerdos y donde se valoró la necesidad de trabajar la prevención en los territorios, más allá del discurso sobre seguridad que hoy impera. Sabemos que la cárcel hoy no regenera ni restituye a nadie. Creemos que hay que hablar de una justicia restaurativa para los jóvenes”, añadió.
Para Ferreyra, la discusión tiene su particularidad en Rosario, donde los reiterados casos de menores involucrados en bandas narcocriminales encienden las alarmas dentro de las organizaciones que están en los barrios populares de la ciudad: “Es un tema que nos preocupa mucho, porque sigue bajando la vara. Si las organizaciones criminales hoy cooptan chicos de entre 14 o 15 años, justamente porque no ingresan al sistema penal, imaginate cuando estos jóvenes sí ingresen al sistema penal. Cada vez van a cooptar niños más chicos, para el trabajo que implica el narcomenudeo y la narcocriminalidad”.
La historia de la Multisectorial se remonta a 2015, a partir de la inquietud que crecía por parte de los trabajadores de distintas áreas vinculadas a la niñez. Luego se fueron sumando diversas expresiones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles. El año pasado, ante el primer intento del gobierno por instalar el debate, el organismo retomó las reuniones con el objetivo de seguir sumando adhesiones y juntar fuerzas para que el proyecto no avance en el Congreso. En ese marco, este martes también publicaron una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales santafesinos, exponiendo los argumentos en contra de reformar la normativa vigente.
En el escrito, la Multisectorial plantea que se trata de un proyecto inconstitucional “que viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos”. Pero además, pone en duda la eficacia del objetivo que se propone: “Los datos muestran que el número de delitos cometidos por adolescentes en esa franja etaria son ínfimos y el porcentaje de delitos graves es aún menor”. Para ejemplificar, la carta remarca que en Rosario solo 23 niños menores de 16 años fueron detenidos durante el mes de abril, sin registrarse ninguna causa de gravedad. “No hubo asesinatos, ni robos violentos con agresiones físicas, ni violaciones”, remarca.
La carta también pone el foco en las instituciones para menores a las que califica como “tumbas” que reproducen las lógicas de las cárceles para adultos. “No están preparadas para recuperar, sino para castigar y depositar gente”, señala y agrega: “La experiencia demuestra que el encierro, salvo poquísimas excepciones, no ha recuperado a nadie y no ha solucionado las problemáticas de seguridad. Muy por el contrario, refuerza la especialización delictiva de quienes transitan por él”.
Por último, Ferreyra se refirió al contexto de crisis en el que se busca impulsar este proyecto. “Nosotros vemos que no hay presupuesto en educación, que no hay presupuesto en salud, que no se aborda la salud mental de la juventud ni de las infancias. Hay muchos pibes que llegan a nuestras instituciones habiendo pasado días y días sin haber comido”, expresó y añadió: “El tejido social está tan desgastado que genera situaciones de vulnerabilidad extrema que hacía mucho tiempo no se veían. Si a la vulnerabilidad extrema que hoy vemos le sumamos el encierro, en lugar de rescatar a las infancias las lastimás aún más”.
La mirada de la Iglesia
Desde el arzobispado de Rosario revalidaron una postura que la Iglesia ya manifestó en anteriores ocasiones: la necesidad de trabajar en el ámbito preventivo. Semanas atrás, la Comisión Episcopal de Pastoral Social rechazó el proyecto que impulsa el gobierno por medio de un comunicado que incluyó la firma de la Pastoral Social de la arquidiócesis de Rosario.
“Bajar la edad de imputabilidad de los niños, niñas y adolescentes sería una regresión. En nuestro país es un derecho adquirido con la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene un rango constitucional en nuestro país”, señaló Bustamante a Rosario/12. “Desde la Iglesia apostamos al desarrollo del sistema educativo, el acceso a la salud, a una vivienda digna. Si bajamos la edad de imputabilidad, pero no mejoramos todo lo que es la integración a una vida social digna para todos los niños, no resolvemos el problema”, añadió.
Además, el referente de la Pastoral Carcelaria consideró que se pone el foco en una demanda “que no tiene fundamento estadístico” en el país. “Las estadísticas publicadas marcan que es mínimo el porcentaje de menores de edad en delitos graves contra la propiedad o las personas”, expresó y agregó: “La convención de los derechos del niño establece que la privación de la libertad es lo último que se debe utilizar en el caso de que un niño, niña o adolescente cometa un delito. Hay toda una serie de instancias previas que están quedando como descuidadas para tener en cuenta antes de pensar si el sistema carcelario en argentina está preparado para recibirlos”.
