La marcha del Silencio es un punto de encuentro, una forma de exigir “Nunca más”, un compromiso militante con la memoria de los desaparecidos uruguayos. Un pedazo de la historia de un pueblo. Nació el 20 de mayo de 1996, etapa durísima para las luchas de Madres y Familiares que siete años antes habían sufrido el golpe de la Ley de Caducidad. Una pretensión que legalizaba el olvido sometida a referéndum durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, máximo el responsable político de esa norma. La ciudadanía votó y ganó la postura de dar vuelta la página.

Fue por la diferencia de un 57 al 43 por ciento aquel 16 de abril de 1989. Pero los derrotados no se rindieron, siguieron organizándose, militando y pidiendo justicia por los crímenes de la dictadura. Aquellos delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales habían prescripto para el gobierno aunque no para los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado. Parejas, hijos, nietos, amigos y compañeros de los desaparecidos.

Su lucha continuó y empezó a ganar espesura. En los debates y búsquedas de consensos surgió la idea de que el 20 de mayo era una fecha clave. Ese día de 1976 aparecieron en la Argentina los cuerpos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Fue así que bajo la consigna “Verdad, memoria y Nunca Más”, aquel 20 de mayo de hace treinta años se realizó por primera vez la Marcha del Silencio. Un silencio que interpela a la sociedad, como a cada gobierno posterior al de Sanguinetti, con más o menos éxito.

Durante el mandato de Jorge Batlle se dio un paso adelante con la creación de la Comisión para la Paz. Aunque módica en sus resultados, a partir del 9 de agosto de 2000, esta especie de CONADEP redactó un informe sobre 260 desaparecidos uruguayos en todo el Cono Sur. Su trabajo significó el reconocimiento del Estado a las víctimas del golpe cívico-militar iniciado en 1973 y liderado en la primera etapa por el presidente constitucional Juan María Bordaberry. Pero sus consecuencias jurídicas tuvieron “efectos acotados” dice Elena Zaffaroni de Madres y Familiares.

  Es demasiado lo que queda por hacer, aunque el pueblo uruguayo tiene suficientes herramientas para lograrlo. El poder de la movilización y la concientización entre los jóvenes. La disputa por el sentido con los grupos de extrema derecha que todavía niegan el pasado. La renovada expectativa en avances tangibles durante el cuarto gobierno del Frente Amplio. Son algunas de las coordenadas a tomar en cuenta para que no se detenga o retrase la demanda de justicia que ya lleva cuatro décadas en democracia.