La Constitución Nacional de la República Argentina en el artículo 20 garantiza los derechos de las personas extranjeras, dice que las personas migrantes tienen los mismos derechos que los nacidos en el país con respecto a salud, educación, trabajo y seguridad social. Es totalmente falso que los migrantes vienen a la República Argentina en "tours de salud": no es así. Incluso, como no se ha derogado la ley de migraciones y está en plena vigencia, los migrantes podemos ser atendidos con el documento de nuestro país de origen.
El Gobierno Nacional manifiesta que vienen un número de personas en forma ilegal. Tampoco es cierto. Las personas que ingresan de los países limítrofes vienen en base al convenio del MERCOSUR y este decreto lo desconoce totalmente. El convenio del MERCOSUR dice que podemos ingresar libremente al país con el documento de nuestro país de origen. Podemos permanecer por tres meses, al igual que los argentinos pueden ingresar a nuestros países de origen, el convenio del MERCOSUR es recíproco.
Por otra parte, habla de los condenados, dice que una persona que haya sido condenada por delitos menores no podrá ingresar al país. La ley actual establece que para acceder a una residencia en Argentina, uno de los requisitos es presentar el certificado de antecedentes penales del país de origen. Y cuando una persona migrante tiene un antecedente penal, no accede a la documentación. Eso ya está implícito.
Si una persona comete un delito en Argentina es la justicia penal la que debe intervenir, esta para eso, es decir, una persona que comete un delito es primeramente denunciada, procesada y luego habrá un juicio que la condene. Asimismo, no se puede decir que la mayor parte de los delitos son cometidos por los inmigrantes, cuando apenas el 6% de la población carcelaria es migrante. No se puede generalizar.
Por qué una persona que ha tenido una condena en Argentina por un delito o una falta va a ser nuevamente condenada con una expulsión. Es realmente insólito y contraviene las garantías constitucionales y los acuerdos y convenios internacionales. Es totalmente injusto. Ya vimos las graves consecuencias que tiene una expulsión. Durante el gobierno de Macri con el decreto 70-2017, hemos visto las dolorosas escenas en que la madre o el padre era expulsado y quedaba la pareja con los hijos totalmente angustiados. Además, esa situación crea traumas irreversibles en los niños, sobre todo.
Creo que no hay derecho para implementar medidas como estas porque los migrantes no vienen a delinquir, vienen a trabajar en diferentes áreas. Están en la agricultura, en la fruticultura, en los talleres textiles, hay profesionales, médicos. En la provincia hay médicos que vienen de nuestros países de origen, a los que les ha costado estudiar en su país y nos vienen a prestar sus servicios acá y al prestar sus servicios, están tributando, pagan los impuestos. Todos los migrantes pagamos impuestos.
Actualmente son muchos los migrantes que trabajan en la informalidad porque ya no hay tantos trabajos en relación de dependencia y registrados, hay mucho trabajo autónomo. Todos estamos inscritos en el monotributo, pagamos ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, por qué se nos acusa de vivir de los que pagan los impuestos si nosotros también pagamos. Esa es otra de las grandes falsedades que dice el decreto, como si nosotros viviéramos de los impuestos que se pagan.
Con este decreto creo que lo único que se está buscando es estigmatizar a los migrantes. Estas medidas se lanzan para mostrar ante la población que se está arremetiendo contra la delincuencia o cuidando los servicios sociales y de salud, cuando se sabe muy bien que la situación en los centros de salud pública es crítica por el ajuste que realizó el propio Gobierno Nacional.
Ante esta situación, los abogados y las organizaciones de derechos humanos, vamos a plantear la inconstitucionalidad de este decreto, ya que es contraria a la Constitución y a la ley 25.871, que es la ley de migraciones inclusiva de derechos, una ley que es ejemplo para los otros países.
Trataremos de revertir estas medidas mediante recursos legales, pero si empiezan a ejecutarlas, volveremos a ver cuadros muy tristes de expulsiones, cuando existe un ordenamiento político penal para que la persona que cometa el delito sea sancionada, y no hay derecho para que migraciones tome la atribución de expulsar a una persona sin ver su contexto humano, social, familiar y sin un control jurisdiccional como debiera ser.
*Presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna
