Buenos Aires adhirió a la nueva ley de ART
Otra a favor de las empresas

El Senado bonaerense confirmó ayer la adhesión provincial a la nueva ley de Riesgos de Trabajo. Las modificaciones que reestablecieron la obligatoriedad de las comisiones médicas antes del inicio de una acción judicial fueron aprobadas a comienzos de año por el Congreso Nacional pero las provincias debían ratificar su compromiso.

La gobernadora María Eugenia Vidal consiguió el visto bueno de los diputados pero la oposición consiguió frenar el tratamiento en la Cámara Alta. La nueva distribución de fuerzas eliminó esos impedimentos ya que Cambiemos cuenta con quórum propio en ambas cámaras. Por eso, a pesar de los persistentes cuestionamientos de los sindicatos que ayer manifestaron su rechazo en La Plata, la medida se aprobó. 

A comienzos de año el Gobierno de Mauricio Macri pretendió atacar la “litigiosidad”. Para eso restauró una instancia administrativa previa y obligatoria al inicio de una acción legal. El diagnóstico del gobierno, las aseguradoras y las empresas es que la elevada cantidad de juicios por accidentes y enfermedades laborales responde a la “mafia” de los abogados laboralistas. Los letrados y los sindicatos rechazan esa interpretación. Apuntan, en cambio, contra las altas médicas apresuradas, las bajas reparaciones, el reducido listado de enfermedades, la negativa de las ART a cubrir reagravaciones, la ausencia de prevención y seguridad laboral.  

“Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires concentran el 94 por ciento de las demandas de todos el país. Con responsabilidad y consenso se ha logrado que la mayoría de estas adhieran a la Ley que significa menor litigiosidad y una mejor sustentabilidad del sistema en beneficio de los trabajadores”, celebró el Superintendente de Riesgos de Trabajo, Gustavo Morón. 

La iniciativa oficial tapona la posibilidad de iniciar juicios por accidentes. Ataca la consecuencia de las mezquindades del sistema reponiendo una instancia obligatoria creada por la reforma de mediados de los noventa que, tras ser declarada inconstitucional en distintos fallos desde 2004, pasó a ser una instancia voluntaria.

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