La exministra de Trabajo de la Nación Raquel “Kelly” Olmos y la abogada laboralista Natalia Salvo criticaron el DNU 340/25, publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, en donde el Poder Ejecutivo avanza sobre el derecho de huelga de los trabajadores con los mismos argumentos que utilizara Javier Milei en el DNU 70/23, dictado a pocos días de asumir la presidencia y posteriormente declarado inconstitucional.

En este marco, Olmos afirmó que esta resolución “es claramente una intención de restringir el derecho a huelga que en Argentina es un derecho constitucional”.

“Es cierto que existe un mecanismo para poder declarar algunas actividades de manera esencial. Este Gobierno, con un decreto, intenta avanzar contra la Constitución”, advirtió en la 750.

“Desde que intentaron modificar la Constitución Nacional a través del DNU 70, porque el capítulo 4 expresaba estas cosas, fue declarado inconstitucional. Ahora vuelve a insistir en temas donde la Justicia se expidió y dijo que habían avanzado sobre la letra de la Constitución.”, agregó.

“Lo que pretenden es dejar sin efecto la legislación laboral y retrotraernos al siglo XIX, donde las relaciones son civiles o comerciales y el derecho a huelga se trata en la justicia penal”, sostuvo.

"Con el decreto vinieron a consolidar lo que ya está sucediendo"

En el mismo sentido, la abogada Natalia Salvo explicó de qué trata este nuevo DNU.

“A través de un decreto de necesidad y urgencia, que no tiene nada de necesidad ni de urgencia porque está funcionando el Parlamento, el Presidente de la Nación, de una manera oblicua, cuando desregulan la actividad de la Marina Mercante introduce un montón de actividades económicas como servicios esenciales, a contramano de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo y nuestro mismo artículo 14 bis que consagra como derecho humano fundamental el derecho de huelga”, enfatizó.

“Vaciaron de contenido el derecho a huelga. Y es importante destacar que la consecuencia de que una actividad sea declarada como servicio esencial es la prestación de un servicio mínimo, que en este caso el mismo decreto fija en un 75 por ciento la actividad”, dijo.

Según Salvo, “abogados de la CGT están elaborando un pedido de inconstitucionalidad de este decreto que está calcado al famoso decreto 70/23, que está suspendido por la acción de la justicia del trabajo”.

“Esto viene a consolidar lo que ya está sucediendo, porque hay un disciplinamiento total y absoluto. Más allá que es un Gobierno que llegó con el voto popular, están teniendo prácticas dictatoriales”, denunció.