“La producción cayó en algunas canteras hasta el 60 por ciento, y muchas operan hoy a menos del 40 por ciento de su capacidad instalada. En nuestra cantera, reducimos el personal a la mitad y sostenemos un esquema de trabajo intermitente: los empleados trabajan 15 días y los restantes del mes se quedan en sus casas sin goce de sueldo”, cuenta Gustavo Núñez, presidente de la Cámara de la Piedra bonaerense y empresario de la cantera Cerro del Águila de Olavarría. Sus palabras marcan el tono de lo que ocurre en uno de los polos mineros más importantes del país, golpeado por la paralización de la obra pública. En la provincia, ya hubo mil despidos en todo el sector vinculado a la construcción, acompañado de un inevitable desplome de la actividad comercial.

En Olavarría, epicentro de la minería no metalífera en Argentina, el parate total de la obra pública nacional desató una cadena de consecuencias que atraviesa a todos los sectores productivos. No se trata solo de despidos. El cierre de canteras, la desarticulación de servicios vinculados, la contracción del transporte y el freno en la producción industrial produjeron una parálisis estructural en la ciudad.

Según explica Núñez, la mayoría de las rutas son provinciales.  "El gobierno nacional de Milei paró las obras en 2023, y la Provincia te dice que no le mandan fondos. Lo entendemos, pero van a tener que buscarle la vuelta porque la situación de los mineros es realmente muy grave y no podemos seguir esperando”, reclama.

Las estadísticas de la Subsecretaría de Minería son elocuentes. En 2024, la caída de la producción interanual fue del 33,5 por ciento. Para el primer cuatrimestre de este año se registró una suba del 16,6 por ciento, aunque esto responde a una comparación con los niveles mínimos de actividad de la pandemia. En 2024, no se alcanzaron siquiera los 10 millones de piso y para finales de 2025 calculan menos de 7 millones, si no cambia la situación. En ese mismo período, la producción del cemento apenas repuntó un 6 por ciento, cuando históricamente superaba los 12 millones de toneladas anuales. 

“Pasándolo en limpio el volumen de piedra que se producía en la provincia de Buenos Aires, realmente era de 900 mil a 1.100.000 de toneladas eso es más o menos lo que se movía. Hoy, produciendo 400 mil, la complejidad es grande”, sostiene Núñez.

Para septiembre de 2023 el sector de la minería contaba con más de 4.500 de trabajadores distribuidos en los denominados "municipios mineros" como Olavarría, Azul y Benito Juárez. Sin embargo, según la información brindada desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), a mayo de 2025 cerca de mil trabajadores bonaerenses perdieron su empleo: 600 a lo largo de 2024 y otros 400 en lo que va de este año.

El panorama golpea especialmente a Olavarría, donde se concentran las principales cementeras del país y un entramado de industrias fuertemente dependientes de la minería. Allí, el cemento producido es clave para la obra pública nacional. De hecho, esta semana hubo anuncios de nuevas desvinculaciones: entre 20 y 30 operarios más, solo en una de las empresas de servicios.

“Yo nunca hablo de una crisis porque hay abogados en las empresas que son muy pícaros y por ahí utilizan la palabra que diga para desvincular gente con el artículo 247. Por eso, yo digo que estoy muy preocupado por la situación que ya viene desde hace más de un año”, argumenta Alejandro Santillán, secretario general de la seccional Olavarría de AOMA y dirigente nacional del gremio, en diálogo con Buenos Aires/12.

La minería en Olavarría no es una isla. Alimenta a múltiples sectores: transporte, logística, construcción, metalmecánica. Al frenar la obra pública nacional, se desacopla toda la cadena: no se produce piedra, no se transporta, no se construyen rutas ni viviendas.

El sistema está tan deteriorado que incluso los equipos mineros están siendo desguazados. “Nunca vimos tanta cantidad de equipo minero ya en desuso”, afirma Santillán y continúa: “Se terminan descuartizando equipos que estaban trabajando, que estaban siendo operativos, y hoy esos equipos están parados”.

La industria en terapia intensiva

El 2024 marcó un punto de inflexión. En ese año, según datos de la Subsecretaría de Minería bonaerense y confirmados por Santillán, se perdieron más de 200 puestos solo en el sector minero olavarriense. En lo que va de 2025, ya están pisando los 300, y hay canteras que podrían cerrar definitivamente en los próximos meses si no se reactiva la obra pública. Los efectos se multiplican a otros rubros que trabajan con la minería. Es el caso de fábrica de bolsas FABI o la ceramista Cerro Negro.

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, fue contundente en la Asamblea del Consejo Federal de Minería: “El diagnóstico es claro, estamos en una situación crítica”. Costa coincidió con Santillán y Núñez en que la paralización de la obra pública afectó no solo a la minería, sino también a la construcción, la industria y el comercio. “La provincia de Buenos Aires tiene uno de los perfiles mineros más importantes del país. Hoy estamos sufriendo mucho. Perdimos más de 1000 puestos de trabajo en actividad directa”, alertó.

Según datos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Buenos Aires representa el 11,4 por ciento de los empleos directos del sector minero a nivel nacional. Cada puesto directo implica entre 1,5 y 2 empleos indirectos. La minería bonaerense mueve alrededor de 55.000 millones de dólares anuales internamente, mucho más que lo exportado por litio en todo el país.

Laura Delgado, subsecretaria de Minería bonaerense, lo explica así: “Esta realidad no se ve solo en Buenos Aires, se ve también en Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de La Pampa, en varios lugares del país en donde las rutas que generalmente son las que sostienen la mayor carga de camiones por los circuitos que tiene la propia producción de cada región, no están siendo mantenidas y está muy complicada la mano”. A su vez, afirmó que desde la Provincia están sosteniendo la obra pública provincial e incorporando algunas nacionales de forma conjunta con municipios. “Estamos apuntando a poder dar herramientas para que los privados, para que la construcción privada tampoco caiga”, agrega haciendo alusión a que la industria minera lleva 140 años produciendo.

Desde AOMA, Santillán advierte que la situación va más allá del empleo. Denuncia la degradación del Ministerio de Trabajo a secretaría, la flexibilización laboral encubierta y la limitación de derechos sindicales como parte de una estrategia del gobierno nacional: “Han modificado la parte de las herramientas que tiene un sindicato de huelga… vienen por los derechos de los laburantes”. En el escenario que describe, los trabajadores están cada vez más desprotegidos.