La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta, Laura Cartuccia, informó a Salta/12 que esta semana se prevé terminar de conformar una comisión, con legisladores con funcionarios del gobierno provincial, para estudiar modificaciones a la ley que crea el Instituto Provincial de la Salud (IPS) de Salta.

“El que fue enviado a la Legislatura no se va a tratar”, dijo la legisladora en las primeras horas de la mañana de ayer al referirse al proyecto de ley que había enviado el gobernador Gustavo Sáenz el pasado 14 de mayo, y tomó estado parlamentario la semana pasada. 

Ya al mediodía el propio Sáenz anunció el retiro del proyecto que quitaba la obra social del IPS a quienes se jubilen como trabajadores del estado provincial o municipal y que actualmente son afiliados forzosos de esta obra provincial. El proyecto también preveía que solo se iban a hacer descuentos de receta sobre el precio de medicamentos genéricos y no de marca.

Los repudios y críticas no se hicieron esperar y hasta la UPCN había convocado para hoy, día de sesión en Dputados, a una marcha desde la sede de la obra social hasta la Legislatura.

Pero los ánimos parecían haberse calmado ayer tras la reunión del gobernador con los referentes de la mayoría de los sindicatos que representan a los empleados estatales.

“Le pedimos que, si hay alguna modificación que se tenga que hacer, se haga en conjunto. Somos los que aportamos y queremos participación en lo que se pueda trabajar en mejorar la obra social”, dijo a este diario el secretario general de UPCN, Gustavo Soto, al confirmar que la marcha que se había previsto para hoy se dejó sin efecto.

La misma decisión tomaron sectores de izquierda que también habían convocado a marchar a la Legislatura provincial. El Partido Obrero consideró que el retiro del proyecto fue una “victoria popular”.

“El proyecto que finalmente se retiró, forma parte de todo el ajuste que Sáenz ya viene realizando, en particular sobre los salarios de los estatales, los recortes de hora guardia en los hospitales y su paulatino vaciamiento en los 5 años que lleva de gobierno. Sáenz es solamente el ejecutor de la motosierra de Milei”, afirmó el PO en un comunicado.

Este partido objetó cualquier modificación que se pueda establecer a futuro, incluso, un mayor aporte a la obra social. Se estima que esta será finalmente una de las alternativas a las que se apuntará ante el déficit millonario del IPS, que concentra el servicio de cobertura sanitaria que reciben los estatales de provincia y los municipios. 

Incomprendido

Sáenz dio por hecho que, tras su discurso del viernes pasado, en el que se mostró angustiado por las reacciones que tuvo su proyecto, se había entendido que la iniciativa había sido retirada.

La incomprensión de sus acciones en este caso particular, se acumula desde el momento que presentó el proyecto. La redacción dejaba claro los empleados estatales de la provincia quedarían sin la obra social del IPS una vez que se jubilaran. Y también buscaba salvar los costos de los medicamentos con la receta de genéricos y no de marcas de la industria farmacéutica.

Tras “haber dicho públicamente que no iba a ser así, muchos, los de siempre, dirigentes políticos aprovecharon para seguir generando incertidumbre, angustia, en los queridos jubilados”, dijo el gobernador en un video que subió a sus redes sociales ayer tras la reunión con los referentes sindicales. “La tranquilidad más grande es que voy a retirar ese proyecto”, anunció. 

“No pagues vos el costo político, sino los otros”, afirmó que le dijeron al reconocer ser “un ser humano de carne y hueso, que comete errores pero que con humildad se hace cargo de sus errores. Muchos dirigentes políticos deberían hacerlo”. Y afirmó que no irá contra quienes lo mal asesoraron dado que “no corto el hilo por lo más delgado”.

Entre las explicaciones que dio por el déficit que arrastra la obra social provincial (y que en febrero pasado era de 25 mil millones de pesos), señaló que la última devaluación provocó aumentos en los medicamentos de entre el 500 y 600%; además de la sobrefacturación de algunas clínicas, y las bajas cuotas.

Afirmó que se dispondrán auditorías dado que hay clínicas que facturan más tiempo del que realmente se interna a un paciente o por una multiplicidad de estudios, a veces innecesarios. “Es necesario auditar y no se enojen cuando lo hagamos porque estamos defendiendo a nuestros afiliados y a sus derechos de ser atendidos dignamente”, argumentó.

Por otro lado, también expuso sobre los aportes de afiliados: “Mientras en el sector privado un grupo familiar paga por la cobertura médica entre 600 y 900 mil pesos, en el IPS muchos que tienen sueldos altos, pagan entre 20 y 30 mil pesos”, afirmó.

El gobernador convocó a debatir sobre la obra social y dijo que deberá ser un tema a tratar entre legisladores, funcionarios y los responsables de la intervención de la obra social, en cabeza de Emilio Savoy.