La comisión bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desplazó de sus funciones a la defensora general Marisa Graham, quien continuaba en funciones porque el Congreso sigue sin resolver su reemplazo mediante un concurso de oposición y antecedentes. La remoción consuma lo que varias organizaciones dedicadas a la niñez denunciaban: la acefalía y el grave riesgo que ello implica para las demandas colectivas vigentes.

Por mayoría simple, La Libertad Avanza (LLA) y sus socios del PRO y la UCR dejaron sin efecto la resolución 1/25, que había extendido la vigencia de los mandatos de Graham y del defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, quienes venían desempeñándose en esos cargos desde marzo de 2020.

Desde LLA plantearon que como el mandato de Graham venció el 28 de febrero pasado, la resolución por la que se mantuvo en el cargo más allá de esa fecha era "ilegítima" y debía ser derogada. El diputado libertario Nicolás Mayoraz, que lideró la embestida contra la Defensoría, llegó a sostener que "la actitud de esta señora (por Graham) y los fundamentos que pone en su resolución rayan el delito de sedición".

Desde la Defensoría explican que quien estuvo en falta fue el propio Congreso, al no conformar a tiempo la Comisión Bicameral, por lo que la Defensoría se vio obligada a modificar el reglamento interno para evitar la acefalía del organismo y prorrogar tácitamente el mandato de Graham y Hernández.

Justamente, el nudo del asunto es que ante la finalización del mandato de la defensora y su adjunto en febrero pasado el Congreso no avanzó con la designación de sus reemplazantes. Sin sucesores, la Defensoría hubiera quedado acéfala, con el riesgo que ello implica. La situación fue advertida oportunamente por entidades dedicadas a la defensa de niños, niñas y adolescentes.

En la reunión de la comisión, la diputada Paula Penacca (UxP) sostuvo que en el artículo 49 de la Ley 26.061 que crea la bicameral, se establece que es potestad de ese cuerpo tanto proponer como designar y remover a los defensores, y que para ello se requiere de una mayoría especial de dos tercios.

Y explicitó la situación: si bien reconoció que era una irregularidad llegar a esta instancia de debate con el plazo del mandato de la defensora vencido, le adjudicó la máxima responsabilidad política de esa situación al oficialismo, que maneja ambas cámaras del Congreso.

"Hay un sector político que hoy conduce ambas cámaras que debería haber procurado que las bicamerales estén funcionamiento mucho antes del momento en que se iniciaron. En función de esa falta que hizo que los mandatos de los defensores y defensoras estuvieran vencidos, no tenemos potestad en esta comisión para meternos invadiendo el funcionamiento de la Defensoría, en opinar ni mucho menos en derogar una resolución interna", consideró.

En este marco, denunció que existen "acuerdos espurios" en el oficialismo y sus aliados para "descabezar" la Defensoría y "poner a dedo a alguien" al frente del organismo, o bien dejarla "acéfala" por tiempo indeterminado.

Tras la remoción de Graham y Herández se hizo lugar a la propuesta de la diputada de Unión por la Patria María Eugenia Alianiello para iniciar el llamado al concurso de oposición y antecedentes para resolver el reemplazo de Graham y del defensor adjunto el próximo 16 de junio.

Es preciso recordar que el 28 de septiembre de 2005 se sancionó la Ley 26.061 que creó la figura del “Defensor". Tuvieron que pasar 15 años para que se designaran las autoridades por primera vez y recién en 2020 se formalizó la designación de Graham y los dos adjuntos: Juan Facundo Hernández y Marcelo Fabián Repetto. Fueron elegidos por concurso público, después de exámenes y audiencias. 

A principios de este año, ante la inminente acefalía de la Defensoría, Graham emitió la resolución que modificó el Reglamento Interno y habilitó una "prórroga tácita" de su mandato y el de su adjunto, Facundo Hernández, que habían vencido el 28 de febrero. Así buscó preservar y "proteger" alrededor de 400 causas que estaban activas y necesitaban una pronta resolución para que "no queden sin legitimación".

En ese mismo sentido, en enero, "Infancia en deuda" presentó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 en el que pedía que, hasta tanto no se celebre el concurso público, se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, "a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños". El juez declaró abstracta la causa y entre los argumentos indicó que la Resolución 1/25 es válida hasta que se pruebe lo contrario, lo que se pudo leer como una confirmación de la decisión de Graham.