Finalmente, el Tribunal Electoral de Misiones declaró inconstitucional el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, y la policía podrá votar en las próximas elecciones del 8 de junio.
"Nosotros respetamos las decisiones del Poder Judicial en ambos casos, cuando en un primer momento el Tribunal Electoral no otorgó este derecho como está en la Constitución y ahora", aseguró el candidato a diputado provincial por el Frente Renovador de la Concordia Fernando Santa Cruz en la 750.
Desde 2006, cada año el Tribunal Electoral hace una excepción para que las fuerzas de seguridad puedan participar del proceso democrático. Sin embargo, dos semanas atrás estalló la noticia de que esta vez los policías no iban a poder sufragar. La decisión generó malestar, sobre todo porque uno de los candidatos es Ramón Amarilla, un expolicía que se encuentra con prisión preventiva por sedición a raíz de su protagonismo en los levantamientos de las fuerzas de seguridad de principios de 2024 en la provincia.
"Causó malestar en la familia policial", describió Santa Cruz en Escuchá Página 12. "El fiscal, por pedido del gobernador (Hugo Passalacqua), hizo un recurso y el Superior Tribunal lo declaró inconstitucional. Nosotros creemos que tanto en la primera instancia como ahora el impacto va a ser nulo en cuanto a lo electoral, creo que no hay especulaciones", sostuvo.
El próximo 8 de junio se eligen 20 de las 40 bancas de la Cámara de Representantes y parte de 11 Concejos deliberantes. El Frente Renovador Neo es el nuevo nombre del oficialismo misionero, que responde a Passalacqua pero que tiene su terminal política en el exgobernador Carlos Rovira, quien fue noticia días atrás por ser el presunto responsable de los votos negativos de los senadores misioneros al proyecto de Ficha Limpia, que hicieron caer la iniciativa del PRO en el Senado.
Por último, consultado por la situación crítica de los yerbateros en la provincia, el candidato Santa Cruz dijo que la desregulación del sector afectó fuertemente a los productores regionales: "La principal medida que está generando la provincia es generar un molino público privado en el norte, para que sea un comprador fuerte en el mercado y fijar un piso alto en el precio de la yerba". "Incluso en el gobierno de Macri se entendía la problemática", lamentó.
