La justicia argentina ha hablado, y lo ha hecho con el tono solemne y cínico de los tribunales coloniales: seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta, una vez vicepresidenta y actual titular del Partido Justicialista. La acusación —mal disfrazada de caso de corrupción— es apenas una máscara de la verdadera causa: haber desafiado al capital y al poder mediático durante más de una década.

No es la primera vez, ni será la última. Lo que vemos hoy no es justicia: es una venganza de clase. Cristina no está siendo castigada por enriquecerse (cosa que no probaron), sino por tocar los intereses del capital concentrado: por ampliar derechos, por recuperar la soberanía de YPF, por enfrentar a Clarín, por poner a las Madres de Plaza de Mayo en la Casa Rosada y a los genocidas en la cárcel. Eso no se perdona.

Como explicó Lenin, el Estado burgués es "una máquina de opresión de una clase por otra". Y en América Latina esa máquina ha perfeccionado una nueva forma de dominación: el lawfare, o guerra judicial, donde el código penal reemplaza a los tanques, y los fiscales operan como tropas de ocupación ideológica. En esta guerra sucia, los enemigos del pueblo son juzgados por la misma justicia que amnistía a genocidas y empresarios evasores.

La condena a Cristina busca cancelar políticamente al kirchnerismo. La quieren proscripta, invisible, borrada del juego electoral, como hicieron con Lula en 2018, abriéndole la puerta a Bolsonaro. La receta es la misma: crear un clima mediático de linchamiento, judicializar decisiones políticas, manipular al Poder Judicial como un brazo armado del neoliberalismo.

Pero el pueblo no es tonto. Sabe que los verdaderos ladrones están en la mesa chica de la patria financiera, en los despachos de la Corte Suprema, en las redacciones de los diarios que hoy celebran esta farsa. El pueblo recuerda que fue con Cristina que volvió la paritaria, el salario digno, la industria nacional, la Asignación Universal por Hijo, la jubilación para amas de casa, la dignidad para los últimos.

Esta condena no es el final: es el comienzo de una nueva ofensiva popular. Cristina ha dicho que no será candidata, pero su proscripción no detendrá a los millones que han hecho del kirchnerismo una identidad política, una trinchera contra el neoliberalismo y el neocolonialismo.

La lección es clara: no basta con llegar al gobierno si no se disputa el poder real. Mientras la oligarquía controle los medios, la justicia, el aparato económico, la represión y la cultura, cualquier avance popular será perseguido como delito. La única solución de fondo es una transformación estructural del Estado: una reforma judicial radical, una democratización del poder económico, una Constitución nacida desde abajo.

Hoy Cristina es la cara visible del castigo. Pero cada trabajador despedido, cada madre sin subsidio, cada joven criminalizado en los barrios, también son víctimas de este sistema judicial que castiga a los de abajo y premia a los de arriba.

La historia no ha terminado. Y si algo nos enseña la lucha de clases es que cuando los pueblos despiertan, ni mil condenas los detienen.

* Dirigente del Partido Comunista de Chile