Luego del repudio explícito del Partido Justicialista al fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a prisión y proscripción política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ayer el partido hizo foco en quien preside el máximo tribunal desde 2021, el santafesino Horacio Rosatti que hizo carrera desde el peronismo y fue intendente de la ciudad capital en el final de los '90. "Un traidor", lo definió sin cortapisas el documento emitido ayer por el Consejo Ejecutivo del partido a nivel provincial.
"En una causa sin pruebas, ya juzgada, que solo busca disciplinar políticamente a quien expresa a quien representa los intereses mayoritarios del pueblo argentino", contextualiza el documento.
La cúpula provincial del PJ volvió a reunirse ayer temprano para acordar un duro mensaje contra el colofón del lawfare hacia la expresidenta, y fustigar sin eufemismos al ministro de la Corte que también fue procurador general del Tesoro en 2003, y ministro de Justicia entre 2004 y 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En rigor, la condena justicialista apunta a dos de los tres ministros de la Corte que ratificaron la sentencia de la causa Vialidad, Rosatti y el rafaelino Ricardo Lorenzetti. Pero la tirria tiene más enjundia contra el santafesino, porque integró el partido alguna vez y se benefició de ello.
"Dos de los tres jueces de la Corte Suprema aceptaron ser designados por decreto. ¿Qué imparcialidad puede haber en ese contexto? Rechazamos especialmente el rol de los jueces santafesinos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y señalamos con firmeza a Rosatti, quien fuera parte de nuestro partido y hoy actúa en contra de sus principios fundamentales. Hoy traiciona no sólo los principios del justicialismo, sino también a la ciudadanía que alguna vez dijo representar", cargó el documento del PJ.
Rosatti escaló desde el peronismo santafesino y desde su reputación de abogado constitucionalista, pese a su actuación presente. Empezó como convencional por Santa Fe en la reforma constitucional nacional de 1994, al año siguiente ganó la elección de intendente de Santa Fe, ciudad que gobernó hasta 1999. Y en 2003 aceptó el llamado de Néstor Kirchner para trabajar en aquel gobierno de reconstrucción nacional como procurador general del Tesoro. Siendo conjuez de la Corte, el entonces Mauricio Macri lo designó en diciembre de 2015 y por decreto como ministro de ese tribunal. Lo mismo hizo con el otro que convalidó la condena a Cristina, Carlos Rosenkrantz. Ambos juraron en 2016 y aceptaron haber sido designados de esa manera, aunque luego sí merecieron el acuerdo del Senado.
"Este fallo, impulsado por quienes no pueden ganar con votos, representa un ataque directo a la democracia y a la voluntad popular. La celeridad con que se dictó contrasta con la demora de causas que comprometen al poder económico", prosigue el pronunciamiento del PJ.
El planteo fue acordado por los distintos sectores que conducen el peronismo en la provincia: Guillermo Cornaglia como presidente y en nombre de los senadores departamentales, el sector de intendentes y jefes comunales, La Cámpora y el espacio de Agustín Rossi.
En el mismo documento, pero en otra dirección, el partido cuestionó la posición asumida por Maximiliano Pullaro, quien luego de conocida la sentencia aseveró que "fue justicia, no proscripción", y opinó que el fallo de la Corte "mostró que en Argentina no hay impunidad".
"Nos preocupa profundamente la postura pública del gobernador Maximiliano Pullaro, cuyas declaraciones no solo desinforman, sino que anticipan una posible persecución judicial en Santa Fe contra quienes defiendan los intereses del pueblo", planteó el PJ.
Ayer un dirigente peronista de orden provincial comentó indignado esa posición del gobernador. "Justo él habla de impunidad, que por una rosca parecida zafó de que los fiscales Apullán y Martí lo imputaran por acomodar concursos de ascenso policial cuando era ministro", recordó, memorioso. El comentario aludió a una investigación trunca en 2018 de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí en ese sentido y que comprometía a Pullaro, por entonces ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz. Una causa que nunca prosperó y que terminó con la carrera de los fiscales.
"Nadie está exento. Ni un presidente comunal, ni una legisladora o legislador de nuestra provincia está a salvo de ser perseguido por el solo hecho de representar intereses contrarios al poder económico y político que hoy gobierna. Por eso, desde el PJ Santa Fe adherimos a la convocatoria nacional del Partido Justicialista y anunciamos la conformación de una Mesa de Acción junto a partidos aliados, organizaciones sociales y todos los sectores comprometidos con la democracia", concluyó el planteo del organismo provincial del partido.
