Producción: Javier Lewkowicz

El control de los datos 

Por Beatriz Busaniche *

No es la OMC el espacio apropiado para discutir temas clave de gobernanza de internet que tienen directa incidencia sobre los Derechos Humanos. El denominado Grupo de Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo llegó a la Ministerial de Buenos Aires con la expectativa de lograr un consenso para que el máximo organismo de comercio internacional tenga mandato negociador sobre la agenda de comercio electrónico.  Esta agenda no es nueva, pero en los últimos tiempos ha cobrado un cariz diferente de la mera distribución de bienes a través de medios electrónicos.

El significado que pretende generalizarse en las negociaciones de la OMC se relaciona con el comercio de “bienes digitales”; fundamentalmente, datos personales extraídos por multiplicidad de fuentes y servicios. Y si bien la primera perspectiva tiene sin duda aspectos positivos en la facilitación del comercio, la segunda abre numerosos interrogantes desde la óptica de los derechos humanos, el desarrollo económico y la soberanía de los estados.

A instancias de las grandes empresas de internet, con una enorme capacidad de lobby sobre todas las delegaciones, la agenda de comercio electrónico en la OMC tiene como eje central la limitación de la potestad de los Estados de fijar normas que regulen la actividad de la industria digital. Temas tales como las regulaciones sobre protección de datos personales están sobre la mesa. El CEO de Alibaba en conferencia en Buenos Aires dijo sin el menor reparo que estas regulaciones ponen trabas al flujo de comercio.  La demanda principal de las empresas es una baja en la protección de los datos personales a fin de lograr el libre flujo de información transfronteriza, sin límites ni protección alguna por parte de los Estados. En Argentina, esta discusión también tiene preponderancia. Ya en la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo de 2017 el presidente Mauricio Macri anunció una modificación de la ley de protección de datos personales para adaptarla al comercio internacional. Esa propuesta aún no ha llegado al Congreso Nacional, pese a estar ya redactado el primer borrador del proyecto.

Otro de los temas críticos de la agenda de comercio electrónico tiene que ver con la protección de propiedad intelectual y copyright, poner límites  a las propuestas de transferencia de tecnología e impedir a los Estados que puedan exigir a las empresas la entrega de código fuente de sus servicios y aplicaciones. Esto tiene consecuencias en diversos planos, desde la seguridad pública y la seguridad nacional, hasta la defensa del consumidor, pasando además por la cuestión de defensa de la competencia y la posibilidad de desarrollo local desde pequeñas y medianas empresas locales. 

La Oficina de Comercio de los Estados Unidos es particularmente activa en esta agenda, ya que representa ante este organismo el interés de las principales empresas del denominado grupo GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon). Pero también juega un rol importante la china Alibaba, quinta pata de la gran concentración de los datos en Internet.  Hoy, el 80 por ciento de los datos que circulan en la red están en manos de estas cinco empresas. 

La OMC no es el órgano apropiado para dirimir estos temas, ya que no tienen siquiera directa relación con los temas fundamentales que históricamente ha tramitado la OMC. Lamentablemente, unos 70 países (incluyendo a Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina entre ellos) emitieron un comunicado conjunto asegurando que seguirán adelante con esta agenda de trabajo con tres reuniones, dos en 2018 y una en 2019 previa a la Ministerial Nro. 12 que tendrá lugar en diciembre de ese año. 

Ningún país en desarrollo saldrá beneficiado si esta agenda prospera, ya que las medidas que se pretenden imponer redundan en un bloqueo a la capacidad de los estados de establecer regulaciones que protejan derechos fundamentales, de privacidad, autodeterminación informativa, defensa del consumidor, pero además, dejarán clausurada cualquier capacidad por parte de empresas locales de salir a competir contra los gigantes que hoy se distribuyen la industria de internet.

* Fundación Vía Libre. @beabusaniche

El costo laboral 

Por Sofia Scasserra *

El comercio electrónico es la nueva vedette de las negociaciones económicas trasnacionales. Existe ya un marcado consenso entre los especialistas del tema de que la misma no se trata de comprar y vender por internet, sino en la movilidad de datos de toda la población hacia Estados Unidos y China, logrando obtener grandes bases de datos que permitan armar perfiles perfectos del consumidor, desarrollar algoritmos que reemplacen procesos productivos y producir inteligencia artificial. Todas estas innovaciones que explican el futuro del capital (ya que la economía de datos crece año tras año y se espera que para el 2030 explique el 20 por ciento del PBI mundial), explican por ende su contracara: el futuro del trabajo.

En este sentido es notable como la agenda de comercio electrónico moldea las empresas de futuro fijando pautas para que se conviertan en grandes conglomerados tecnológicos con domicilio en paraísos fiscales, sin ningún tipo de responsabilidad para con los consumidores (ya que las reglas quitan la jurisdicción a los tribunales de defensa al consumidor nacionales), para con los trabajadores (pasando a ser cuentapropistas y usuarios de las plataformas), para con los Estados (ya que solicitan exención impositiva por la transferencia de datos y piden que no se puede exigir presencia comercial), y para con la sociedad en general (puesto que no se puede exigir transferencia tecnológica ni desempeño mínimo).  Así es fácil prever un futuro del trabajo cada vez más aislado y “emprendedor”, disfrazando una relación de dependencia encubierta. La realidad es que esto no es más que tercerización y precarización del empleo. Una “uberizacion” de la economía.

Pero esta no es la única consecuencia que experimentan ya hoy día los trabajadores sobre el manejo de datos por parte de las empresas. Existen también mecanismos en las propias empresas para ejercer un control “espía” sobre el empleado, a fin de lograr comportamientos acordes a lo que la empresa espera de ellos. Ya se conocen casos en Europa de empresas que han otorgado pulseras deportivas para conocer el estado de salud de los trabajadores, argumentando ser una empresa saludable, para después apercibir a un empleado porque hace más de un mes que no realizaba actividad física y esto es malo para la empresa porque si se enferma, habrá que darle licencia.

La economía de algoritmos y la inteligencia artificial también reemplaza procesos productivos y, por ende, puestos de trabajo. Esto no es novedad. Supermercados con cajas automatizadas, y oficinas de recursos humanos que se ahorran las búsquedas laborales con un algoritmo que automáticamente selecciona perfiles en portales laborales en base a la historia de empleados exitosos de la empresa. Esto refuerza historias de violencia de género y discriminación racial entre otros, ya que los datos pasados arrastran el historial de la humanidad, donde las mujeres históricamente somos menos promovidas y la discriminación racial hace que esta minoría tenga menos oportunidades. Lo cierto es que la tecnología reemplaza puestos de trabajo y crea nuevos, el desafío es que estos no sean más precarios. En este sentido es que los sindicatos vienen desarrollando una agenda de propuestas para que, como dice la OIT, lleguemos a buen puerto teniendo “el futuro del trabajo que queremos”.

Para empezar, es necesario que exista libre acceso a los datos, ya que la libre movilidad no implica acceso. Por otro lado permitir a los Estados tener soberanía y capacidad regulatoria e impositiva sobre manejo de los mismos, no parece ser descabellado. Un organismo internacional que regule el tránsito de información podría ser una buena iniciativa. A su vez, ser conscientes de que los datos les pertenecen a las personas y por ende tienen derecho a saber que se hace con ellos, como, cuando, y porque se utilizan. Y sin lugar a dudas empezar a incluir estos temas en la negociación colectiva. La participación de la sociedad civil en el armado y diseño de estas reglas se vuelve fundamental a fin de lograr sociedades más justas y equitativas en un futuro.

* Investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, Untref.