“La semana pasada se hizo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación presencial, por suerte se pudo conseguir porque el ministerio no está dando audiencias presenciales, para ellos todavía existe el COVID parece, o bien seremos nosotros el COVID, no sé. Estuvimos un par de horas ahí adentro discutiendo la reapertura de la planta, cosa que desde la empresa negaron totalmente, no quieren saber nada con la reapertura, dicen que la casa matriz ya tomó esa decisión y no la van a volver hacia atrás”. Con esa declaración, José Ramón Luque, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, describió la situación de la planta de Kimberly-Clark en Pilar, que cerró sus puertas dejando sin trabajo a más de 200 empleados que no se mueven de la puerta de la planta.
El sábado 7 de junio, sin previo aviso escrito y con una comunicación verbal dirigida a los trabajadores y al sindicato de base, la planta de Pilar quedó clausurada. La empresa, de origen estadounidense, informó que la decisión respondía a un proceso de centralización de la producción en su polo de San Luis, donde se proyecta una inversión de 15 millones de dólares a realizarse en 36 meses. La planta de Pilar llevaba más de 30 años de actividad, produciendo productos para marcas como Huggies, Kleenex, Plenitud y Scott.
Luque señaló que no es la primera vez que la firma actúa de esta forma. “En 2019, con el gobierno de Mauricio Macri cerraron la de Bernal, y allí también hubo 200 trabajadores despedidos. Y ahora con políticas similares de estos gobiernos es la segunda planta de Kimberly-Clark que cierran en Argentina”. Desde el gremio, denuncian que esta medida, además de injustificada, viola la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, que se encontraba vigente tras la convocatoria de un paro de 48 horas por parte del sindicato en el marco de una negociación paritaria para el período 2025-2026. “La empresa no sólo desoyó la orden, sino que ni siquiera se presentó a la primera audiencia formal y cerró sus puertas escalando el conflicto a un nivel gravísimo”, aseguró Luque.
Mientras tanto, los trabajadores continúan acampando en la puerta del establecimiento. Se turnan día y noche para sostener la presencia gremial en el predio cerrado. “Están permanentemente las 24 horas. También se aceraron algunos compañeros del Consejo Ejecutivo para acompañarlos”, aseguró Luque. Desde el gremio también se pidió una audiencia con la embajada de Estados Unidos y se iniciaron gestiones ante organismos internacionales de derechos laborales.
En medio de este conflicto, el Gobierno nacional ofreció una instancia de diálogo y los trabajadores se reunieron con la vice ministra de Trabajo, y ahora esperan hacerlo con la ministra Sandra Pettovello. La Federación exigirá que se intime a la empresa a dejar sin efecto el cierre y que se ordene la reincorporación de los trabajadores en sus puestos con todos los derechos vigentes, según afirmaron a Buenos Aires/12.
El argumento empresario de rentabilidad fue cuestionado por el sindicato. Desde la Federación entienden que el traslado a San Luis no es más que una estrategia para disolver derechos laborales y reconfigurar condiciones a medida de la empresa. “Dicen que unifican unidades productivas, pero eso no garantiza que San Luis continúe funcionando. No creo que tenga mucho más tiempo de permanencia”, advirtió Luque.
La planta puntana será, según la empresa, el segundo centro de producción más grande de Kimberly-Clark en América Latina. Allí se instalarán nuevas líneas de maquinaria e infraestructura. Sin embargo, no se ofrecieron alternativas de reubicación para los empleados despedidos en Pilar. “No quieren saber nada con la reapertura”, insistió el dirigente.
El plano legal
Desde el plano legal, la Federación emitió dos circulares a las que estuvo acceso este medio: una informando el cierre (N.º 059/25), y otra detallando la denuncia formal contra la empresa por violación de la conciliación obligatoria (N.º 062/25). En esta última se afirma que la actitud de Kimberly-Clark “rompe la paz social que debe imperar en este tipo de encuadramiento” y se acusa a la firma de incumplir la Ley de Contrato de Trabajo, convenios colectivos y tratados internacionales firmados por Argentina.
La crisis no es aislada. Otras fábricas bonaerenses cerraron sus puertas en los últimos meses producto de un panorama complejo que comenzó hace un año y medio atrás. La gráfica Morvillo de Avellaneda, con más de 50 años de historia, quebró y dejó a 200 trabajadores en la calle. En Olavarría, la empresa FABI cerró tras seis décadas de producción, dejando a 150 operarios sin empleo. En Lincoln, la planta de lácteos ARSA fue paralizada por la firma venezolana Maralac, con más de nueve meses de sueldos impagos y una denuncia penal por vaciamiento. El Ministerio de Trabajo bonaerense también dictó conciliación obligatoria en ese caso, sin respuestas empresariales.
El Sindicato de Papeleros argumentó que la combinación de apertura indiscriminada de importaciones, caída del consumo interno y desregulación laboral está provocando una desindustrialización acelerada. “Esto se está agudizando como consecuencia de la imposición del Gobierno nacional con la pauta salarial. Muchos de nuestros trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. El salario mínimo no llega al millón de pesos”, explicaron.
Una paradoja violeta
La paradoja no pasa desapercibida. En su momento, el presidente Javier Milei habría sugerido que una eventual llegada de Donald Trump al poder facilitaría el desembarco de inversiones estadounidenses y una expansión interna para las empresas estadounidenses que invirtieran. Sin embargo, ahora una de las principales firmas de ese país reduce su presencia productiva en la Argentina. Aunque su objetivo sea concentrar la producción, la realidad es que tendrá dos plantas menos. Para el sindicalismo, el discurso oficial no se condice con la realidad concreta del sector fabril. “Nada tiene que ver con lo planteado por el Gobierno nacional, que sólo apunta a extinguir derechos laborales, inclusive aquellos de rango constitucional”, denuncia el documento interno de la Federación.
“El conflicto está lejos de resolverse”, se lamentaron desde la Federación. El próximo martes vence el plazo de la conciliación obligatoria y la empresa no dio señales de querer revertir su decisión y mucho menos de reabrir la fábrica. Mientras tanto, el gremio se prepara para endurecer sus medidas: asambleas, movilizaciones, posibles paros generales en el sector. “Nosotros estaremos en las mismas condiciones de seguir parando las fábricas también”, anticipó Luque.
