Fue un viernes negro para el grupo Vicentin, o al menos para los intereses de su directorio, cuyos jerarcas debieron pactar una fianza millonaria en dólares para aguardar en libertad el juicio penal por el desfalco y vaciamiento de la agroexportadora. Es que en el concurso de acreedores, el juez a cargo, Fabián Lorenzini, habilitó ayer el salvataje (cram down), lo que equivale a correr a los directores del centro del ring y dejar jugar a terceros interesados en quedarse con la compañía, según elijan los acreedores la mejor propuesta de pago. Y además, recibieron ayer la certeza de que se les cae el puerto de Rosario como unidad de negocios a través de la concesionaria Terminal Puerto Rosario, donde participan en minoría con la empresa chilena Ultramar. El mensaje llegó de boca del gobernador Maximiliano Pullaro, quien adelantó su decisión de no prorrogar la concesión de las terminales I y II a TPR.
"Con los incumplimientos que arrastran en inversiones, no podemos renovarle ni un día más la concesión. No en estas condiciones", plantó el jefe del Ejecutivo ayer en una entrevista por Radio 2 de último momento antes de comenzar la veda electoral.
"Ellos nos plantearon que para hacer las obras que faltan deberían contar con más plazo de concesión, pero resulta que hay obras incumplidas y hay inversiones que no se hicieron", reprobó el mandatario.
El diálogo de TPR con la Casa Gris, a través del Enapro, es distante ya desde el año pasado. La gestión Pullaro pudo comprobar los incumplimientos de la concesionaria en el mantenimiento de ambos muelles, al punto de que peligra la continuidad de su aptitud para operar en cargas y descargas. Por eso ya desde el año pasado en Santa Fe no le atienden el teléfono a la concesionaria.
El tire y afloje viene de arrastre. En tiempos de Miguel Lifschitz en el gobierno, había un compromiso hilvanado por el cual TPR prometía invertir U$S 25 millones a cambio de por lo menos 25 años más de concesión, cuyo contrato vencerá en 2032. Pero esa gestión pasó y el acuerdo no se firmó. Tampoco quiso hacerlo Omar Perotti, quien lo rechazó de plano por considerarlo desventajoso para la Provincia. Por cierto, estudios encargados por el Enapro estimaron el año pasado que la inversión necesaria para poner en valor las terminales I y II supera los U$S 60 millones.
En el Ejecutivo sospechaban que la tumultuosa protesta del sindicato portuario el año pasado –con destrozos en el Concejo y en el Palacio Municipal– había sido fogoneada por interés de Vicentin para presionar al gobierno provincial en su pretensión de estirar la concesión del negocio en los muelles.
Los meses pasaron y Vicentin –complicada en sus entuertos judiciales– perdió terreno (y acciones) en TPR a manos de Ultramar. Pero la situación no mejoró. Por cierto, estudios del Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaron la peligrosa erosión del río que, sin el debido mantenimiento, llevó a clausurar dos sectores de la concesión.
"Primero deben cumplir estrictamente con el contrato, y después charlamos. No somos cerrados, sabemos que no hay muchos que puedan operar el puerto, pero también tuvimos contactos con grupos empresarios que nos plantean que están en condiciones y tienen interés en explotarlo", advirtió el gobernador.
Aunque parezca harina de otro costal, la reforma constitucional alteró el escenario, para desgracia de TPR. Es que, antes de que el oficialismo sacara adelante la convocatoria y la elección de convencionales hacia la reforma de la Carta Magna, los chilenos esperaban sin apuro que a Pullaro se le agotara el tiempo. Suponían que si este no les extendía la concesión, bien podían sentarse a esperar a que se fuera, porque no tenía (en rigor, todavía no tiene) chance de reelección, tendría que dejar el gobierno en 2027, y el contrato portuario vence recién en 2032. Pero ahora que habrá reforma, y que la reelección es el objetivo 1º de Pullaro, TPR se ve en posición apremiada.
Pullaro no quiso ayer que su advertencia suene a sentencia de asunto cerrado, pero dejó en claro que hay desconfianza hacia la empresa concesionaria y en esos términos no piensa en renovarle el crédito. "Hay algún cambio de actitud en la empresa, nuevas proyecciones de cargas, pero el puerto está mal. No puedo firmar algo con tanto incumplimiento. Hace veinte años recibieron tres muelles, y ahora pueden operar solo uno, por la falta de inversiones y matenimiento. TPR ya debería haberse puesto al día con las obras", reprochó el gobernador.
En consecuencia, se pronunció en línea con el criterio de los veedores de Desarrollo Productivo, en cuanto a preparar una nueva licitación. "Creo que sería mejor hacer otra licitación y que la empresa, con o sin cambio de socios, se presente. Vamos a hacer lo que mejor le convenga a la Provincia", cerró Pullaro.
