“A la Policía como institución en sí hay que cuidarla, la necesitamos. No es eso lo que quiero decir cuando hablo de Estado y Policía; hablo de un Estado en el que estamos todos sometidos a la voluntad militar y de un señor (Javier Milei) que manda, insulta, quiere destruir al opositor. El que se le para enfrente es un kirchnerista, es un militante. Le revientan la cabeza a alguien y la ministra (Bullrich) dice: era un militante. ¿por eso tiene que matar? Bueno, ese es el Estado que estamos viviendo”.

La denuncia fue formulada por Eugenio Raúl Zaffaroni durante el conversatorio “El derrumbe del Estado”, realizado en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), en referencia directa al modelo de gobierno que encabeza Javier Milei. El exjuez de la Corte Suprema planteó un escenario donde el Estado de Derecho está siendo desplazado por un esquema punitivo y verticalista. Cuestionó el uso político de la violencia institucional sobre la sociedad por parte del gobierno nacional y la criminalización del disenso con un Poder Judicial en el ojo de la tormenta, en el marco de la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Zaffaroni habló ante un auditorio colmado, en compañía del constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra y la diputada provincial Maite Milagros Alvarado. El panel fue organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNDAV, el Departamento de Ciencias Sociales, la Cámara de Diputados bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. En ese marco institucional, juristas y representantes legislativos analizaron el vaciamiento del Estado en sus funciones fundamentales, particularmente el uso regresivo de su poder coercitivo, según debatieron.

Zaffaroni propuso una distinción clave para entender la transformación del aparato estatal: “Hay una diferencia entre Estado de Derecho y Estado de Policía. El Estado de Derecho, nosotros luchamos para que lo sea. El Estado de Derecho es el que garantiza la vigencia de la Constitución. El Estado de Policía es el que se reduce a una voluntad. Es el modelo clásico del nazismo, el modelo de Carl Schmitt, ¿no? Es decir, se reduce a la voluntad del que manda”.

Esta idea, desarrollada a lo largo de su intervención, sirvió como base para criticar la consolidación de un poder concentrado que, bajo el pretexto de “orden” y “libertad”, justifica el uso desproporcionado de la fuerza, haciendo a ilusión a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su análisis, Zaffaroni subrayó que la pérdida de institucionalidad no es un proceso accidental sino un objetivo deliberado: “Lo que estamos viviendo es una destrucción de parte del Estado, un reforzamiento de otra parte del Estado, un reforzamiento represivo del Estado”.

La reflexión se da en un contexto de represión a jubilados en las inmediaciones del Congreso, durante la votación de la Ley Bases y también en los miércoles subsiguientes de reclamos de mejores condiciones, y también por las detenciones arbitrarias en manifestaciones pacíficas. Zaffaroni asoció este tipo de violencias estatales con una redefinición del rol de la política y de la administración pública: “La política puede concebirse como un arte de gobierno que promueve la coexistencia, o puede concebirse como el arte de elegir un enemigo a aniquilar. Esta es la concepción de Carl Schmitt, la concepción del nazismo, y la que se aplica en nuestro país”.

Más adelante, insistió en que esta lógica excluyente y persecutoria se instala con el consentimiento de estructuras institucionales que no ejercen control ni límites. “Un sistema en el que tenemos un Poder Judicial que no funciona, que no garantiza nada, no hay ningún país del mundo que funcione así. ¿Cómo no va a ser responsable la academia? ¿Qué hicimos nosotros? Los jueces no salen de una incubadora. Los formamos nosotros. Y nunca nadie se preguntó por qué no teníamos jurisprudencia obligatoria, por qué cada juez puede decir lo que quiere, por qué no hay unificación de criterios. ¿Por qué no lo dijimos antes?”, cuestionó.

Zaffaroni también abordó el impacto de este modelo de Estado en la práctica jurídica cotidiana. “El derecho debe ser básicamente realista. Si perdemos de vista esto, si perdemos de vista la realidad política del derecho y nos quedamos en una normatividad lógica perdida en las alturas... cuidado con hacer el derecho idiota. Y cuidado el día que llegue la palomita. Pensemos todo esto antes”. Para el penalista, el distanciamiento entre el derecho positivo y las condiciones sociales concretas alimenta una práctica jurídica vacía, ajena a los intereses populares.

En su intervención, también dedicó un apartado específico a cuestionar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. “No hay ningún tribunal supremo en el mundo que funcione como la Corte nuestra. No tiene ni siquiera una sala constitucional. La jurisprudencia constitucional no es obligatoria. Cada juez hace lo que quiere. Y esto no es nuevo. Yo pasé por ahí. Yo firmaba 14 mil cosas por año. En el mejor momento, 7 mil u 8 mil. ¿Y sabés qué? No sabía ni lo que firmaba”, confesó, en una autocrítica inusual y contundente.

El exministro de la Corte propuso, además, una reforma judicial integral que, según explicó, no requiere una reforma constitucional. “No hace falta cambiar la Constitución para hacer esto. Hace falta una decisión política. Necesitamos una Corte de por lo menos 30 miembros, dividida en salas, que funcione con un mínimo de coherencia. Todo eso se puede hacer por ley, por una ley simple”.
 

“Esto no es una democracia, esto es una autocracia electiva”

“Esto no es una democracia, esto es una autocracia electiva. Nosotros teníamos una Constitución de doble rostro. Es decir, una Constitución que en algunos momentos se cumple y en otros no. Pero lo que se está viviendo desde el 10 de diciembre de 2023 es la destrucción de la Constitución Federal de la República Argentina”, afirmó Gustavo Ferreyra en el inicio de su exposición.

El constitucionalista precisó que ese día se marcó el punto de quiebre: “El 10 de diciembre, el presidente decide no hablarle a la Asamblea Legislativa y se coloca de espaldas al Congreso. Esa es la primera secuencia de la negación del derecho”.

En su disertación, Ferreyra fue desarrollando las características de ese “nuevo régimen”. “Una nueva forma de organización estatal se inauguró desde el 10 de diciembre de 2023. Esa nueva forma de organización estatal consiste en que el presidente decide actuar por decreto de necesidad y urgencia. El presidente asume todas las competencias normativas del Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional se encuentra cruzado de brazos”, sostuvo.

También apuntó contra el máximo tribunal del país: “La Corte Suprema, frente al DNU 70/23, le dijo: ‘dale para adelante’. ¿Quién le va a poner freno? Nadie. Y esto lo estoy diciendo desde una convicción jurídica. Es decir, lo que se produjo es el alineamiento de la Corte Suprema con el presidente”.

 

 

Ferreyra advirtió sobre la profundidad del cambio institucional: “Esto no es una nueva democracia. Decir que esto es una nueva democracia es casi un acto de amor a este presidente”. Y reforzó esa afirmación con un diagnóstico directo del plan oficialista: “Milei está haciendo exactamente lo que prometió. Está destruyendo la educación, está destruyendo la salud pública, está demoliendo las universidades, está dejando cierta aspiración natural a nuestros jubilados, aniquilando la obra pública, aniquilando la obra pública. ¿Cómo lo hace? Dependiendo del decreto por razones de necesidad u urgencia”.

Ferreyra también se refirió al poder concentrado que emerge de esta reorganización institucional: “El presidente de la Nación se transforma en un monopresidente. Un monopresidente es aquel que tiene todos los poderes. Tiene el poder de iniciativa, el poder de control y el poder de sanción. Y lo más grave, tiene el Poder Judicial”.

En su lectura, este desequilibrio entre los poderes del Estado neutraliza el sistema de frenos y contrapesos propio de un régimen republicano: “Nosotros tenemos un sistema presidencialista. Aquel que gana se lleva todo. Quien gana se lleva todo. Por eso no hay posibilidades de oposición”.

El constitucionalista cerró su exposición con una apelación a la vigencia del derecho y al rol activo de la ciudadanía: “Tenemos que luchar porque el Estado ya no se fundamenta en la Constitución. El Estado no está en la Constitución. Está en el presidente. Esa es la transformación que se está llevando adelante”.

“Dejar atrás el paradigma de la exclusión”

Alvarado también recuperó una referencia histórica para contextualizar el momento actual. Citó el libro “Después del derrumbe”, escrito por Néstor Kirchner en 2003, antes de asumir la presidencia: “La Argentina no está en venta. La Argentina puede volver a ser un país normal. Esta gran Nación puede volver a ser una sociedad integrada. Podemos dejar atrás el paradigma de la exclusión y volver a unirnos. Volver a constituirnos en un Estado Nación”.

En esa línea, propuso una pregunta que, dijo, atraviesa el presente: “¿Qué vamos a hacer después del derrumbe? ¿Qué vamos a hacer cuando pase esta tormenta neoliberal? ¿Qué vamos a hacer cuando pase esta etapa de destrucción, de ajuste, de represión?”.

La legisladora también apuntó contra la responsabilidad de los poderes del Estado: “Hoy el descrédito de los tres poderes del Estado tiene que ver con que no están cumpliendo el rol que tienen que cumplir. Porque la Constitución, como dice Ferreyra, no es solamente un papel. Es un programa político, es un plan de gobierno, es una hoja de ruta”.

 

Y concluyó: “La Constitución no es un papel. La Constitución es la vida. Y la vida se defiende en la calle, en la universidad pública, en el Poder Judicial cuando tiene que fallar a favor de los más humildes. Y en el Congreso, cuando tiene que legislar para ampliar derechos”.