El juicio seguido en Salta contra Nelson Leonardo Cositorto y los referentes locales de Generación Zoe llegó a sus tramos finales. Ayer declararon los últimos testigos, entre ellos un damnificado y peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), además de la reproducción de videos y audios que Cositorto envió a inversores. 

En este debate también están siendo juzgados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, los operadores locales de Generación Zoe. Todos están acusados por estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita en concurso real.

Desde que se inició este juicio, a principios de junio, declararon alrededor de cien testigos. La mayoría de ellos, damnificados y denunciantes. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, desistió ayer de algunos testimonios por economía procesal y por considerarlos redundantes.

Por la mañana, la defensa de la familia Vilardel, a cargo del abogado Fernando Díaz Zabalaga, presentó audios y videos enviados por Cositorto en febrero de 2022 a la “comunidad Zoe” desde el exterior, explicando su estrategia para sostener la compañía y garantizar rentabilidad a los inversores.

En esas transmisiones, Cositorto, que en este proceso es asistido por la defensora oficial Cecilia Martínez, denunciaba el “relato mentiroso y sesgado de los medios”, tendiente a atacar “la revolución cultural” que significaba Zoe en medio de un “modelo colapsado”. Aseguraba que la campaña de desprestigio venía del ámbito comunicacional y también del político. También desmentía a quienes hablaban de “estafa piramidal” y remarcaba su compromiso por sostener un modelo exitoso que iba por fuera del “sistema usurero de los bancos”.

Además, en esos mensajes Cositorto buscaba llevar tranquilidad a los inversores asegurando que ya había diseñado un plan de saneamiento que le iba a permitir cumplir con los pagos. Hacía referencia al cierre de las oficinas físicas a raíz de los ataques y amenazas sufridos en algunas sedes y comunicaba la apertura de una nueva plataforma, Sunrise, a la cual podían migrar las personas interesadas en sostener su capital. 

A este grupo le ofrecía un depósito de 2 mil dólares -para todos por igual- con pagos automatizados del 7.5 % mensual y la renegociación de lo invertido en la primera plataforma. También garantizaba la continuidad de la oferta educativa en coaching y trading.

A quienes optaban por retirarse les avisaba que debían realizar su reclamo de manera remota y que podrían acceder a un plan de pago en cuotas. Esta opción iba especialmente dirigida a quienes se habían sumado a Zoe entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.

Asimismo, en los videos compartidos por whatsapp, Cositorto seguía promocionando la compra de membrecías y los nuevos planes de negocios de la compañía, destinados a recuperar rentabilidad. Mencionaba la inminente creación de la primera “comunidad privada Zoe” e invitaba a adquirir “terrenos en el metaverso”.

También aseguraba haber pagado la segunda cuota en la compra de una mina de oro que le daría respaldo a su criptomoneda, Zoe Cash. Decía haber comprado dos equipos de fútbol, uno en Tailandia y otro en Andorra, y tener avanzada la negociación para entrar a la AFA como sponsor.

En la continuidad de la audiencia declararon peritos técnicos del CIF, entre ellos el que tuvo a su cargo la extracción de información de cuatro dispositivos celulares pertenecientes a los imputados de la familia Vilardel.

El tribunal está integrado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans.