"Ponen en riesgo las infancias y favorecen la impunidad de los abusadores"

Organizaciones de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, madres protectoras, sobrevivientes de abuso sexual infantil (ASI) y colectivos feministas alertaron sobre la gravedad de una serie de proyectos de ley con tratamiento en el Congreso, que revictimizan a las infancias abusadas y criminalizan a sus madres. Los promueven sectores del Gobierno, denuncian, “en alianza con grupos antiderechos y defensores de abusadores”.

El proyecto más mediatizado, conocido como “de falsas denuncias”, que impulsa la senadora radical Carolina Losada, ya cuenta con dictamen de Comisión, y espera su turno el proyecto de reforma a la Ley 26.061, de Protección integral de los derechos de  niñas, niños y adolescentes, activado por juristas y defensores de abusadores sexuales. Al combo se le pegó ayer otra iniciativa reeditada por la diputada Lilia Lemoine y la Fundación Morelli –que denunció al ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, por la distribución en escuelas del libro “Cometierra”, de Dolores Reyes- un símil que propone aumentar las penas por falsas denuncias y falsos testimonios en casos de violencia de género y abuso sexual infantil.

“Las madres protectoras nos enfrentamos a una durísima batalla judicial de violencia institucional y revictimización, donde niños y niñas son descreídxs y nosotras criminalizadas por proteger”, dice Yanela Barrios, sobreviviente de ASI y madre protectora de su hija Dulce. En marzo, al progenitor condenado por el abuso de la niña, la Justicia de Salta le redujo la pena de doce a seis años de prisión. “Nos acusan de obstrucción de vínculos cuando somos las primeras a las que nuestrxs hijxs nos relatan los horrores sufridos, muchas veces en manos del propio progenitor, y así se presenten mil pruebas, nunca va a ser suficiente para que condenen al agresor”, lamenta la activista de Grito Global, integrante de la Comisión de legislación de la Mesa Nacional contra el ASI, y fundadora de la organización Madres Protectoras en Salta, que confirma estar sufriendo persecución y violencia vicaria de parte de su ex “y del entorno familiar que lo acompaña”.

Los proyectos, asegura, implican un serio retroceso en materia de derechos humanos, género y protección integral de las niñeces, a lo que se suma la fragilidad institucional de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, tras el apartamiento de Marisa Graham. “Esta situación representa un riesgo gravísimo, ya que podría colocar en ese lugar a la abogada Fátima Silva, impulsora de estos proyectos regresivos, y que en declaraciones públicas manifestó su interés para ocupar ese cargo, al frente de un organismo que debería velar por los derechos de las infancias.”

De aprobarse las iniciativas fogoneadas por los sectores conservadores y antiderechos de La Libertad Avanza (LLA), las colectivas de protección a las infancias aseguran que se buscaría intimidar las denuncias, apartarse de las garantías de justicia y aplicar castigos penales a las madres denunciantes.

A la intemperie

El proyecto S-1186/2023 de Falsas denuncias y falso testimonio, criminaliza las denuncias por violencia de género, abuso o acoso sexual, o violencia contra niños, niñas y adolescentes, con agravamiento de la pena. “Propone penas de prisión de tres a seis años a quienes realicen denuncias que no terminen en condena judicial, desconociendo que la mayoría de las causas de abuso sexual en la niñez o adolescencia, y de violencia, no avanzan por falta de investigación, complicidad institucional o aplicación del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental)”, remarca Yanela. “Se busca amedrentar a madres protectoras, familiares y profesionales, en lugar de garantizar justicia.”

En el caso del proyecto S-0219/2025, de Reforma de la Ley 26.061, de Protección integral de NNyA, se establece que solo se tomará como válido el informe de un único perito oficial designado por el juez, que podrá entrevistar a lxs niñxs las veces que considere.

“Lo que no figure en el informe de ese único perito, que no es imparcial ni necesariamente capacitado en perspectiva de niñez, no tendrá valor para el proceso judicial”, precisa la referenta. “Esta reforma elimina el derecho de las víctimas a declarar en un espacio protegido, con profesionales de confianza y en entornos adaptados. Revictimiza, silencia y coloca el testimonio en la infancia o en las adolescencias bajo control absoluto del sistema judicial, que muchas veces ha sido cómplice de abusadores.”

En un contexto donde la violencia de género y los casos de pedofilia “están en alza”, sostiene Yanela, la tercera propuesta, de creación de una Comisión revisora de causas con condena firme, bajo el supuesto de posibles errores judiciales, sería impulsada por personajes “relacionados con sectores que niegan el abuso sexual infantil, defienden a condenados y promueven el falso SAP. Reabrir causas firmes pone en riesgo a sobrevivientes y favorece la impunidad de abusadores”.

Revictimizar y silenciar

La Red de Organizaciones Sociales de Niñez y Adolescencia Territoriales de Argentina (Ronat), de la que es parte Yanela, articula unas 250 organizaciones en todo el país y trabaja con la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Marisa Graham hasta mayo, cuando fue desvinculada y reemplazada por la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Que la Defensoría no sea intervenida por alguien que la vaya a liquidar y desguazar”, pidió Graham.

Desde tu espacio en Madres Protectoras en Salta y la Ronat, vinculan la salida de la Defensora con las presiones de grupos antiderechos.

-Las madres protectoras estamos abocadas en cierto modo a la investigación y seguimiento de las causas porque históricamente fuimos y somos atacadas por grupos aliados a abusadores o a redes de pedofilia. Abarcan organizaciones que dicen proteger a las infancias, y en realidad son promotoras del SAP, para descalificar las denuncias y los relatos de lxs niñxs, y pregonar el impedimento de contacto, que es con lo que se nos acusa a la mayoría de las madres después que nuestrxs hijxs revelan los abusos. Todo esto viene de la mano con que querían sacarla a Marisa Graham para ocupar su espacio. Ella sufrió escraches y críticas porque no se sentaba con los abogados de los abusadores y porque se oponía al inexistente SAP. Creo que, además, esas organizaciones están ligadas a la pedofilia, por eso manejan poder y mucho dinero. No es algo al azar, va más allá de la misoginia del Gobierno, son arreglos previos, y lo que están haciendo es liberar la pedofilia en la Argentina.

En 2024, la Asamblea de Derechos Humanos (APDH) repudió el proyecto de “falsas denuncias” que presentó la senadora Carolina Losada con el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, por negar la existencia de los delitos de abuso y por su odio hacia las mujeres.

-Pero el proyecto fue tratado en Comisión, obviamente porque lo impulsa Cuneo Libarona alineado con Losada. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal que sostiene estos enfoques, y considera que las mujeres somos una resentidas que denunciamos. En aquella jornada en el Senado, en noviembre de 2024, para impulsar el proyecto llevaron a Anet Jazmín Carro, una chica de 18 años quebrada por el llanto, y le hicieron leer un texto como si fuera propio, donde declaraba que había acusado falsamente a su progenitor de haberla abusado. Cuneo Libarona y Losada fueron denunciados en el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires por la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), que encabeza Carlos Rozanski. La lucha que estamos dando es grande, sobre todo en momentos que el propio ministro de Justicia usa los recursos del Estado para dar capacitaciones en todo el país sobre alienación parental y falsas denuncias.

Junto con el daño que provoca el descreimiento del sistema judicial frente a la palabra de las madres protectoras.

-Cuando la madre decide cortar el vínculo del niñx con el progenitor para proteger de violencias y abusos, la Justicia elige creer en la palabra de los varones en una asimetría de poder: solo a nosotras nos consideran falsas denunciantes. Se nos acusa de cualquier situación, debemos presentar montones de pruebas, atravesar instancias judiciales durísimas de cinco hasta doce años para llevar adelante un proceso que, en la mayoría de los casos, no llega a juicio porque desestiman la causa.

¿Qué sucede hoy con las denuncias de los abusadores por impedimento de contacto?

-Quedamos criminalizadas desde el primer momento. Muchas sufren encuentros institucionales en los que les arrancan a sus hijxs como método adoctrinador, y es lo que está pasando en la mayoría de los tribunales del país. Estamos en un tiempo en el que la emergencia por violencia de género nunca cesó, en el que hay un femicidio cada 27 horas, y un gobierno misógino que propaga discursos de odio y promueve el crecimiento de las violencias. En ese contexto, estos proyectos de ley inconstitucionales son actos nocivos, diseñados para silenciarnos, porque justamente el agravante de las penas se aplica en los casos de denuncia por violencia de género o por abuso sexual en las infancias.

Otro de los puntos inadmisibles es la intervención de un único perito oficial designado por el juez para entrevistar a lxs niñxs.

-No van a poder presentarse pruebas de parte y no se va a tener en cuenta el relato que hicieron lxs niñxs en otros ámbitos. Sabemos de las negligencias y la inoperancia que existen en la Justicia, donde no hay peritos especializados ni con perspectiva de género. Es un Poder Judicial machista, patriarcal y adultocentrista, que descree totalmente de la voz del niñx y que intenta encorsetar todas las causas de abuso con el inexistente SAP. De un modo u otro, enmarcan como alienación parental, colonización de la memoria, implantación de recuerdos, para criminalizar a las madres o a lxs profesionales que denuncian casos. Y mientras cometen estos ataques revictimizantes y adoctrinadores de las víctimas, los medios de comunicación informan que la Corte Suprema de Justicia sobreseyó al ex cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusos sexuales contra niñxs de entre 12 y 15 años. Esa impunidad que logran los abusadores está liberando la pedofilia a la Argentina.