La titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, dijo que “la mayor preocupación” de cara a las elecciones del 7 de septiembre es “el bajo nivel de participación” que se expuso en las elecciones desdobladas que llevaron adelante otras jurisdicciones.

En su rol de presidenta de la Junta Electoral dijo que “será necesario trabajar mucho para que los jóvenes universitarios tomen conciencia de la importancia que tiene hacer valer su derecho” y que “sientan que ir a votar no es una obligación, sino que están ejerciendo un derecho”.

Todos los espacios políticos tienen una serie de pendientes para cerrar antes del cierre de listas, pero la organización del proceso electoral empieza a tomar forma en la provincia, especialmente porque solo restan dos meses para que los más de 14 millones de bonaerenses habilitados a votar puedan concurrir a las urnas.

La organización de los comicios bonaerenses depende de tres organismos: la Junta Electoral; el Ministerio de Gobierno que comanda Carlos Bianco y el Juzgado Electoral con competencia electoral N°1 que dirige Alejo Ramos Padilla. El trío avanzó en los últimos días con diversos acuerdos y trabajos técnicos.

Así, a poco de haberse firmado un convenio con Correo Argentino para la prestación de distintos servicios relativos a los comicios, se hizo lo propio con 26 universidades con asiento en el territorio provincial, con el fin de capacitar a quienes se van a desempeñar como autoridades de mesa.

La idea central del acuerdo es “brindar las herramientas necesarias para que las autoridades de mesa designadas desempeñen sus tareas en forma correcta” no solo para la elección doméstica, sino también para los comicios del 26 de octubre, que por primera vez en la historia de la Provincia se realizarán con boleta única de papel.

“Más allá de los resultados, para nosotros sería un buen resultado de esta elección que todo suceda como corresponde y sin ningún tipo de conmoción, porque eso va a fortalecer el sistema electoral propio de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Bianco en el marco de la firma de convenios que se llevó adelante en La Plata.

Para el juez Ramos Padilla, se aseguran las bases del sistema democrático “empoderando con conocimientos a las autoridades de mesa desde las universidades públicas” y “que el ciudadano sea el primero que tiene confianza y creencia en el sistema democrático”.

El convenio con las universidades

No es la primera vez que se sella un acuerdo de capacitación como este, dado que en las elecciones de 2023, se firmó uno que contó con la participación de 24 casas de altos estudios y permitió la realización de capacitaciones para autoridades de mesa en 36 sedes universitarias en todo el territorio bonaerense. Según la Junta, esos resultados fueron “ampliamente favorables”.

Según se expuso, las funciones de cada actor incluyen que será el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico que el tenga a cargo las relaciones entre las partes, en tanto que cada universidad seleccionará y designará a las personas encargadas de dictar los cursos de capacitación, comunicando las mismas al Juzgado. Para eso, la junta elaborará y suministrará al Juzgado todo el contenido y material correspondiente a la capacitación para la elección.

Otro de los puntos del convenio al que tuvo acceso Buenos Aires/12, marca que la colaboración consistirá en la selección y designación de las personas a cargo de dictar la capacitación, como también la cesión transitoria de espacios como aulas y salones para las capacitaciones, en horarios y sedes a coordinar con la casa de estudios, a fin de no afectar el normal desarrollo de las clases regulares.

También contempla la difusión por los canales virtuales o materiales como carteles y folletos donde se exponga información relacionada con las vías de consultas y reclamos al padrón electoral y el registro de asistencia de los ciudadanos que concurran a los cursos de capacitación y la posterior remisión del mismo a la Junta y el Juzgado.

Por último, se marcó que la universidad es la que deberá seleccionar y proporcionar las personas encargadas de dictar los cursos dando prioridad al personal docente, pudiendo afectar también a personal no docente, administrativo, alumnos o egresados que resulten competentes y pertinentes para posibilitar la correcta realización de la actividad.

Para eso y como requisito obligatorio, ninguno de ellos podrá estar afiliado a un partido político, ni ser candidato a cargo electivo alguno.