"Los trabajadores tienen que internalizar sus derechos"

La última semana fue viralizado el despido de Víctor Díaz, peón rural en un campo de San Vicente. La situación evidenció la realidad de un sector que, según los registros de la UATRE, tiene cerca de un 70 por ciento de informalidad. El Ministerio de Trabajo bonaerense actuó y coincide con el gremio sobre la necesidad de visibilizar las condiciones de trabajo en el campo para quitarle romanticismo a modalidades que conducen a la explotación laboral.

“Hay que dejar de idealizar que trabajar en el campo es así”, sostiene Natalia Sánchez Jáuregui a Buenos Aires/12. La secretaria de Organización de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, o UATRE, traduce el “así” en la sobrecarga de horas, la falta de pago de horas extras, la posibilidad de contar con días de descanso o con vacaciones. “Lo de Víctor lo vemos cada vez que vamos a hacer una inspección”, subraya y, por ende, remarca que "los trabajadores tienen que internalizar sus derechos".

“Hoy, en cada operativo de fiscalización que realizamos, encontramos lo que muchos quieren esconder, como trabajo no registrado, explotación laboral, viviendas en condiciones inhumanas, trabajo infantil y establecimientos que operan en condiciones de total peligrosidad para la vida y la salud de los trabajadores, porque esa es la verdadera cara de la informalidad que algunos sectores prefieren naturalizar”, relata la dirigente. 

Habla de Víctor por la explosión mediática que tuvo su caso. Al ser una figura con una fuerte actividad en redes sociales, apenas se conoció su despido sin causa, infinita cantidad de mensajes de solidaridad y acompañamiento afloraron desde cada rincón del país. El propio sindicato se acercó, tomó las riendas de su situación y el trabajador lo agradeció públicamente. Pero no siempre fue así y es allí donde Sánchez Jáuregui apunta a la necesidad de que los empleados hagan valer sus derechos.

Quien también fue diputada provincial entre 2019 y 2023, señala que el año pasado también intentaron desde el gremio hablar con Díaz, pero no hubo resultados positivos. Advierte que, en muchas ocasiones, producto de ser personas vulnerables, alejadas de sus familias, sin hogar y presionados por sus empleadores, los peones rurales prefieren evitar entrar en contacto con el sindicato o radicar alguna denuncia.

Sánchez Jáuregui detalla que, en la UATRE, recibieron llamados por trabajadores que “ni siquiera saben dónde están porque llegan al campo y después no los dejan salir”. "Los despiden un fin de semana para que no tengan posibilidad de contactarse con nosotros", dice, al timepo que advierte casos donde "no los dejan salir porque hacen de casero o de seguridad, porque ojo que cuando hay hechos de inseguridad, los que sufren y se exponen son los trabajadores”.

Con todo, recuerda que el sindicato “no tiene poder de policía”. Aclara que, para ingresar en un campo, necesitan de organismos como el Ministerio de Trabajo o el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, o Renatre. A nivel nacional, ya no hay ministerio y sólo quedó la Secretaría de Trabajo dependiente de Sandra Pettovello en Capital Humano. En el plano provincial, la situación es opuesta.

Al frente de la cartera está Walter Correa y, tras la denuncia de UATRE, inspeccionaron el establecimiento donde trabajaba Víctor Díaz. El resultado fue la detección de irregularidades, tanto en la documentación laboral, como en seguridad e higiene. “Cables expuestos, falta de entrega de elementos de protección personal y mínimas condiciones higiénicas en el puesto de trabajo y la vivienda”, remarca la publicación del ministerio.

Precariedad y sufrimiento

“Estaba trabajando normal, no me mandó carta de despido, no me avisó”, cuenta en un video Víctor Díaz. Ahí, en más de siete minutos, relata sus últimos minutos en el campo. Cuenta que la razón de la salida sería otro video que subió a sus redes mostrando como se destruyó una silobolsa. “Parece que porque vino un ingeniero que le molestó el video del bolsón, dijo que no lo saludé, que soy un mal llevado y no sirvo para nada”, dice el peón.

Segundos después, pide que su empleador “no lo cague” porque, según él, quería darle poca plata por más de diez años de servicio. “¿Ahora dónde voy? No estoy trabajando, pero estoy acá”, señala mientras se graba. En ese momento, arriba la frase que más golpea la labor del gremio y el ministerio: “Mi patrón no me agradeció ni nada, yo le agradezco a mi patrón por darme laburo”.

El mismo agradecimiento los hizo minutos después de ser despedido. Entre lágrimas, caminando sólo, dolido por no poder quedarse con sus perros y tras más de diez años de trabajo, Díaz agradecía al patrón que de un minuto a otro lo dejó en la calle, sin previo aviso, sin indemnización y sin hogar.

Sobre esta línea de razonamiento, Sánchez Jáuregui, oriunda de Necochea, indica que, en muchas ocasiones, el propio trabajador se vuelve un “obstáculo”. “Mientras están bien, no actúan”, dice y pide "que el trabajador tiene que ser el primer inspector". 

“Hay que entender en todo momento que son personas en estado de vulnerabilidad, que buscan la manera de vivir mejor y en el campo encuentran un hábitat mejor al de su cotidianidad, sumado que son personas que aman el campo”, explica ante todo.

Menciona que los peones suelen provenir de otras provincias o países limítrofes, como el caso de Díaz. “Muchas veces quedan desconectados”, afirma la dirigente. Lo que sí desarrollan es una conexión entre empleados que trabajan en campos vecinos, aunque de manera contraproducente. Resulta que, en varias ocasiones, colaboran con sus empleadores y cierran las tranqueras o avisan que están pasando las camionetas del ministerio o UATRE.

Con el caso de Díaz, la expectativa es fomentar un cambio de actitud. En uno de los últimos videos subidos por Sánchez Jáuregui, Díaz señala la importancia de acercarse a las organizaciones gremiales e incentiva a que otros trabajadores tomen contacto para evitar pasar por situaciones similares.

La dirigente de UATRE detalla que el salario básico mínimo de un peón rural por 44 horas de trabajo semanal es de 720 mil pesos. En paralelo, sostiene que es común que los empleadores asocien los ingresos de sus peones al salario mínimo vital y móvil, que en julio será de 317 mil pesos.

Rastrillajes e inspecciones

Sánchez Jáuregui arribó a la Secretaría de Organización de la UATRE en octubre del 2024. Relata que “constantemente se hacen rastrillajes”, porque no es lo mismo inspeccionar una empresa avícola o una cerealera con cien trabajadores que operan en un mismo predio y cuentan con organización, que un peón con su familia en el medio de 50 hectáreas.

Según los registros del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, entre el 1 de enero de 2024 a julio de 2025, se realizaron 2.980 actuaciones producto de la inspección a 1.192 establecimientos rurales. De las casi 3 mil inspecciones, el 41 por ciento fueron intimaciones a presentar documentación, el 24 fueron infracciones por detección de incumplimientos, el 21 por verificaciones y el restante corresponde a informes.

También se realizaron 7 suspensiones, lo que significa que “se detectaron irregularidades por exposición a riesgos graves e inminentes para la vida de los y las trabajadores”. En total, entre enero de 2024 y julio de 2025, se alcanzaron 14.386 trabajadores y trabajadoras en el marco de inspecciones rurales. En lo que respecta a las proporciones, un 55 por ciento se concentró en el sector agrícola, 32 en la ganadería y las actividades complementarias agruparon un 13 por ciento.

A nivel nacional, la situación es antagónica. El desmantelamiento del Ministerio de Trabajo liquidó las posibilidades de contar con inspecciones continuas. A esta situación se suma la frialdad de las paritarias, donde las propuestas a nivel país no pretenden superar el 1 por ciento de aumento.

Cabe señalar que UATRE participa de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, un espacio de negociación colectiva donde se discuten remuneraciones y condiciones laborales para las actividades rurales comprendidas en la Ley 26.727. De allí parte el salario del peón rural, así como ocho actividades a nivel nacional, como la actividad avícola o porcina.

También se ocupa de tratar los acuerdos elevados por las Comisiones Asesoras Regionales, dado que muchas actividades tienen un desarrollo puntual en una región. Son 139 actividades que se negocian en el marco de las provincias.

La dirigente de UATRE agrega que, tras su labor como legisladora, hubo mejorías para abordar las situaciones de empleo informal y las inspecciones. Entre otras normas, impulsó la señalización de las tranqueras con el objetivo de ubicar con facilidad un establecimiento. “Logramos poner módulo de formación para derechos laborales en la policía, porque muchas veces los empleadores los echaban y llamaban a la policía diciendo que el trabajador robó algo y no se quiere ir”, expone Sánchez Jáuregui.

“El trabajador tiene el derecho de que, si lo despiden, le paguen el boleto a volver y trasladen sus cosas con familia, porque el trabajo rural tiene reglas específicas, y por eso queremos un área con inspectores formados para el sector y más trabajadores para cada delegación del ministerio”, repara.

Pone en valor el trabajo de Correa y del gobernador Axel Kicillof en, por ejemplo, la conectividad. La mejoría de los caminos rurales e inversiones en servicios esmerilan la desconexión que suele padecer la ruralidad. “Las escuelas rurales son fundamentales, por eso es muy importante lo que hace el gobernador de sostener escuelas por más que tengan cinco alumnos, porque permiten que los hijos y las familias se formen”, alienta Sánchez Jáuregui.