La decisión de Patricia Bullrich sobre el complejo de viviendas Sagol en Avellaneda encendió las alarmas en la provincia de Buenos Aires. En Baradero, Unión por la Patria teme que la ministra haga lo mismo y apresuran medidas para evitarlo. Por eso, desde el bloque de concejales impulsan una ordenanza para tomar posesión de los 207 departamentos del Procrear que quedaron paralizados y no quieren que terminen en manos de las Fuerzas Federales.

“Lo que hablamos con el intendente es declarar interés local el lugar porque nos van a venir a meter gente ellos”, sostiene la concejala Silvana Sosa. La autora del proyecto, afirma que el gobierno de Javier Milei no brinda certezas jurídicas y “tiene un único modus operandi que es ir de prepo”.

Sosa, abogada de profesión, relata a Buenos Aires/12 que la iniciativa está conversada y acordada con Esteban Sanzio, jefe comunal de Baradero. Allí, en 2021, se firmó un convenio con la Nación para la construcción de las viviendas, lo que, a juicio de la concejala, fue interrumpido de manera unilateral por el actual Gobierno nacional.

La referencia de la dirigente apunta a una doble medida orquestada por Milei. Primero, la resolución N° 1018/2024 que dispuso la disolución del fondo fiduciario que alimenta el Procrear. Segundo, la resolución N° 764/2025 de principios de junio que estableció la liquidación del fondo y cuestión.

Ambas, desde la mirada de Sosa, manifiestan la decisión independiente del Gobierno nacional de no cumplir con el convenio mediante el cual el Municipio cedió los terrenos al fondo fiduciario comandado por el Banco Hipotecario y la Nación tenía que edificar las viviendas. Desde que asumió Milei las obras quedaron paralizadas y hay 50 en condiciones de ser entregadas y otras 50 al 85 por ciento de ejecución de la obra.

Ante este escenario, la iniciativa que pretende ser discutida y votada el próximos 16 de julio dice: “La inacción frente a una situación de incumplimiento por parte del fideicomitente nacional implicaría convalidar la afectación negativa de derechos sociales fundamentales, en abierta contradicción con el mandato constitucional, de proteger a los sectores vulnerables y garantizar condiciones mínimas de equidad y justicia territorial”.

Misión blindaje

Tal como viene contando este diario, Bullrich orquestó los trámites para obtener y entregar a la Fuerzas Federales 160 viviendas en Avellaneda. De ese total, 134 fueron construidas por el Procrear y estaban adjudicadas por sorteo público. Incluso, en al menos dos casos, lograron completar los trámites necesarios ante el Banco Hipotecario y obtuvieron la aprobación de su crédito y la tarjeta de débito correspondiente.

Poco importó. Con distintos argumentos dilatorios, el gobierno de Milei pateó la definición para entregar los departamentos y obturó la chance de completar los pasos necesarios para hacerse del crédito a más de 130 beneficiarios. Por estos días, comenzarán acciones colectivas contra la Nación. Lo que ya se radicó es una denuncia penal contra Milei, Bullrich y Luis Caputo por desbaratamiento del derecho adquirido e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este contexto sirvió de alerta para Sosa. “Lo de Avellaneda encendió la alarma, y la gente se da cuenta que hay casas terminadas, que salieron con esto de la disolución y al toque a Bullrich hizo la entrega, entonces uno desconfía”, señala.

La situación motivó una reunión con Sanzio e, inmediatamente, la presentación del proyecto de ordenanza que lleva como título Volver a Casa. En el texto, Sosa advierte que el predio de la calle Paso pasó a manos del Banco Hipotecario por ser el agente fiduciario del fideicomiso Procrear o Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para Vivienda Única Familiar.

A su vez, explica que la cesión fue con “cargo”. Esto significa que “en el inmueble objeto de la presente sean ejecutadas viviendas de acuerdo al plan urbanístico aprobado mediante Convenio de Colaboración, en el término de cinco años contados a partir del 9 de junio de 2021, fecha de sanción de la Ordenanza 6050/21”. Si bien no pasaron los 5 años, la disolución y liquidación del fondo son, para la concejala, una clara decisión de que las obras actualmente abandonadas no serán finalizadas por el Gobierno nacional.

Por ende, en el cuarto artículo de la iniciativa se instruye al Departamento Ejecutivo “facultándolo para tomar posesión material y preventiva del inmueble y de las unidades habitacionales finalizadas, a efectos de garantizar su guarda, mantenimiento, vigilancia y conservación, hasta tanto se resuelva el reclamo dominial”.

En paralelo, establece que “la presente gestión no implica reconocimiento de deuda, obligación económica, ni saldo pendiente alguno a favor del Estado Nacional, por cuanto la disolución del fideicomiso conlleva el incumplimiento de la contraparte produciendo la frustración del objeto contractual y generado daños patrimoniales y sociales a esta jurisdicción”.

Es decir que, más allá de que la resolución 764 sostiene la devolución de los terrenos a los municipios con previo paso por el Tribunal de Tasación de la Nación, Sosa adelante que no se debe cobrar dinero alguno a los distritos respecto a las obras realizadas. “En el terreno está todo lo plantado y lo dejaron unilateralmente”, subraya.

Un fideicomiso municipal

El proyecto también apunta a declarar de interés social y uso prioritario las viviendas, así como su adjudicación, la cual debe enmarcarse “en el principio de autonomía municipal y la función social del suelo y la vivienda, ante el incumplimiento nacional del objeto fiduciario en su oportunidad convenido”. De esta manera, la concejala pretende que sea la Municipalidad quien tome la información de los beneficiarios de Procrear y diseñe el mecanismo transparente de entrega.

Incluso, adelanta a este diario que hay una segunda ordenanza esperando en gatera. “Queremos que se conforme un fideicomiso municipal que se financie con las cuotas de las viviendas que se entreguen, licitaciones y recursos que no provengan de ningún privado”, detalla. Con esta herramienta pretende dar una solución efectiva y veloz a la disposición de los departamentos y la finalización de los más de 150 restantes.

 

Si todo marcha sobre ruedas, el Concejo Deliberante sesionará el 16 de julio donde el oficialismo cuenta con mayoría para aprobar la medida y sembrar un antecedente que ponga un freno a operaciones como las de Bullrich que quebraron la ilusión de contar con una casa propia a cientos de personas que salieron sorteadas legalmente.