La Asociación de Fiscales volvió a expresar ayer la necesidad de convertirse en una "órgano extrapoder" frente a la próxima reforma constitucional, y reclaman la selección de fiscales en forma transparente y su remoción por un tribunal heterogéneo, y no sólo en manos de legisladores, y hasta las tareas de superintendencia, para fijarse presupuesto y administración. 

En forma paralela, el Servicio Público de la Defensa Penal, convocó hoy a una conferencia de prensa donde remarcarán la propia autonomía funcional y la autarquía financiera. 

Aurelio Cicerchia, vicepresidente de la Asociación de Fiscales expresó la necesidad de respetar "la selección de los fiscales a través de procedimientos de concurso público que se diriman por parámetros objetivos y releven las aptitudes técnico profesionales y la experiencia de los postulantes. 

Estos -agregó- deben ser auditables por los concursantes y la ciudadanía y deben finalizar con la propuesta de una terna vinculante". En este sentido, el fiscal rosarino aclaró que hoy es decisión del Ejecutivo provincial quien resuelve el nombre del elegido.

De igual modo, Cicerchia destacó que "debe garantizarse la carrera fiscal asegurando la obligación de igual remuneración por igual tarea habilidad en el cargo a desempeñar y equiparación de salarios con la judicatura".

En la misma línea, el directivo del Asociación pidió que "la remoción de los fiscales se realice a través de un tribunal de enjuiciamiento compuesto de forma estamentaria. Este tribunal debe integrarse por un órgano fiscal elegido por sus pares y representantes del poder legislativo, de la Fiscalía general, de la Fiscalía Regional,  del Colegio de Abogados y de las Universidades Nacionales con asiento en territorio provincial". Hoy está exclusivamente en manos de legisladores provinciales.

Finalmente Cicerchia reclamó que " la superintendencia del MPA quede a cargo de la fiscalía general y no de la Corte Suprema , esto implica cuestiones administrativas y sobre el funcionamiento y la organización, asi como la definición de presupuestos y recursos". 

En este sentido, la Asociación de Fiscales y funcionarios del MPA realizó una consulta con sus asociados y asociadas concluyendo que la ubicación institucional correspondiente para garantizar esos puntos es la de un órgano extrapoder como lo establece la Constitución nacional en su Artículo 120.

De igula manera, en el marco del proceso de reforma de la Constitución el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) convocó hoy a una rueda de prensa para expresar su postura institucional en lo que respecta a la importancia de la inclusión de la defensa pública en el futuro texto constitucional y los contenidos que deberían ser incluidos.

La autonomía funcional y la autarquía financiera del Servicio Público de Defensa está dentro de los temas habilitados por la Ley N.° 14.384 para ser debatidos por la Convención Constituyente y, en tal sentido, desde el SPPDP se expresa la convicción institucional de que el fortalecimiento estructural del organismo es condición indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la plena vigencia de los derechos.

Para lograr esos objetivos se propone "la incorporación expresa del Ministerio Público de la Defensa como parte integrante del sistema de justicia, con autonomía funcional y autarquía financiera, y con un diseño institucional que garantice su independencia respecto de los tres poderes del Estado". 

"Este reconocimiento constitucional -agregan desde el servicio encabezado por Estrella Moreno- resulta fundamental para asegurar el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la defensa, especialmente en favor de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad".

Entre los ejes centrales de la propuesta institucional se destacan la definición del organismo como autónomo e independiente de los tres poderes del Estado, en concordancia con el artículo 120 de la Constitución Nacional, así como la inclusión de sus funciones esenciales: acceso a la justicia, defensa técnica y asistencia jurídica integral.

También apuntan a la capacidad de autogobierno presupuestario, con la potestad de elaborar y ejecutar su propio presupuesto, así como la selección y remoción de sus integrantes mediante mecanismos técnicos y autónomos, conforme a estándares establecidos por la Ley Nacional N.º 27.149 que regula al Ministerio Público de la Defensa a nivel federal.

Y finalmente marcan la "necesidad de que los integrantes, empleados, funcionarios y defensores, del Ministerio Público de la Defensa sea equiparados en todo aspecto a los empleados y funcionarios del poder judicial, extendiéndose tales equiparaciones a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Y la garantía de un piso presupuestario que asegure el cumplimiento efectivo de su misión".

Con este objetivo de hacer publico estos lineamientos, hoy se realizará un encuentro con Convencionales Constituyentes, encabezado por la Defensora Estrella Moreno Robinson.

Estarán también Fernanda López Puleio (Secretaria General de la Defensoría General de la Nación), María Gabriela Burgos (Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Jujuy), Maximiliano Benítez (Defensor General de la Provincia de Entre Ríos) y Ariel Alice (Defensor General de la Provincia de Río Negro y Coordinador del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales). El encuentro con la prensa tendrá lugar a las 11 en Mitre 2914, Rosario.