La titular de la Defensa Pública Penal, Estrella Moreno Robinson, habló acerca de la cobertura de designaciones en el organismo e indicó que hay un "compromiso" del Ejecutivo provincial de que "van a ser cubiertas un número significativo de vacantes". El dato tiene que ver con los planteos que se vienen dando por falta de recursos y ante la carga de trabajo existente dentro del órgano que tiene a cargo la defensa de "9 de cada 10" personas detenidas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. El Servicio Público Provincial de Defensa Penal mantuvo ayer una reunión con convencionales constituyentes, de cara a la reforma constitucional, e hicieron hincapié en que se incluya la autonomía, autarquía e independencia del organismo, como extrapoder. 

Con la idea de que el SPPDP tenga rango constitucional, autonomía, autarquía e independencia del Poder Judicial, proponen una defensa integral, "que abarque todas las vulnerabilidades que atraviesa una persona y no solo en el fuero penal".

Para Moreno, lo que proponen "no sería más que un reconocimiento a la consolidación de la Defensa desde 2014 (cuando se puso en marcha el sistema procesal penal actual), que tuvo un rol central y esencial en el sistema de justicia. En ese sentido, aseguró que la autonomía, autarquía e independencia "contribuyen a garantizar una defensa efectiva y eficaz, y garantizar a los defensores que puedan hacerlo".

Sobre la proyección de cómo se implementará lo que proponen, ante las dificultades que enfrentan por la falta de recursos humanos para afrontar la carga de trabajo existente, sobre todo ante las nuevas leyes de persecución penal en la provincia, la funcionaria judicial respondió: "Tenemos la palabra del gobernador de que van a ser cubiertas un número significativo de vacantes", que en la actualidad son 27. 

En tanto, indicó que el sistema propuesto sería un Ministerio Público de Defensa con asistencia jurídica "integral e independiente del Poder Judicial". Y, sostuvo que "hay experiencias en el país que funcionan y es hacia donde estamos mirando, tanto a la Nación como a la provincia de Jujuy que tienen ese modelo".

Consultada sobre la postura de los defensores, sostuvo que "debe haber equiparación entre fiscales, jueces y todos los empleados, porque cada una de las funciones tiene que tener las mismas garantías. Es la única manera de asegurar que quienes acusan, juzgan y defienden trabajen de la mejor manera, si no se provoca un desequilibrio".

En relación a la situación actual, indicó: "Somos un órgano autónomo y autárquico por ley, no tenemos rango constitucional, eso significa que se puede derogar la ley y no existe más la Defensa pública, por eso creemos que figurar en la Constitución como un organismo con estas garantías es fundamental para poder seguir actuando".

Respecto a los "equilibrios y desequilibrios" -en relación a los otros actores del sistema- "hoy sucede que la Defensa no puede seleccionar un empleado, el mecanismo está en manos de la Corte y la Corte también dijo en una acordada de 2012 que la autonomía que tenemos es delegada". Esto implica también que no pueden tener sus propios reglamentos respecto del personal, porque debía ser todo igual que la Corte. 

"Los empleados son elegidos por un examen de tipeo y no participamos en nada en esa selección. Los perfiles que necesitamos de una persona que trabaje en la Defensoría, no son los mismos que en otros ámbitos, necesitamos personas con vocación, porque atendemos a las personas más necesitadas de la sociedad", siguió. 

Sobre los recursos, agregó: "Desde que asumí estoy luchando, en representación de todo el organismo, para que sean cubiertas las vacantes de defensores y lo que tengo ya es el compromiso de que se van a cubrir. Cuando iniciamos, en diciembre de 2023, se presentó una ley en la que se reducía la defensa. Hoy somos 73 defensores (en la provincia) y tenemos 27 vacantes. En aquel momento logramos que los legisladores nos escuchen y hacer entender cuál es el rol de la defensa pública. Ese proyecto de reforma no se trató, fue la única ley en el paquete de leyes de diciembre de 2023 que no se trató. Luego logramos que se hagan concursos que están finalizados, lo que va a suceder ahora es que se van a cubrir vacantes en base a los resultados. No se cubriría todo, pero tenemos la palabra que puede haber una segunda cobertura".

Al mismo tiempo, señaló: "Hicimos números para demostrar cuál es el rol central de la defensa y podemos decir que tenemos prácticamente 9 de cada 10 personas privadas de la libertad a nuestro cargo; que en lo que va del año en Rosario tenemos el 70 por ciento de los juicios; a nivel provincial el año pasado fue el 60 por ciento de los juicios. Además, tenemos el 75 por ciento de los procedimientos abreviados. Esto lo planteamos porque ninguna reforma puede darse sin considerar el actor fundamental que somos, porque atendemos a los sectores más vulnerables y la gran mayoría de las personas perseguidas penalmente están en situación de vulnerabilidad". Asimismo recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos "habla de que siempre se debe proporcionar un defensor".

Cuestionó que se fijen "audiencias o muy cercanas o muy lejanas, que implican que el defensor no aproveche su tiempo de la mejor manera", mencionó sobre casos como los que se conocieron en el norte de la provincia, donde se llegó a pedir suspender audiencias por que un defensor no puede estar en dos lugares a la vez.

Ante la consulta sobre esas y otras dificultades actuales, la defensora insistió: "El fortalecimiento que necesitamos es la cobertura de vacantes. Luego, también necesitamos más empleados. Hay muchas cuestiones, hoy tampoco tenemos un sistema informático que nos permita tener estadísticas de manera sencilla".  

Otras experiencias

Fernanda López Puleio, secretaria General de la Defensoría General de la Nación, destacó que "la autonomía (en la Defensa) es el paso fundamental para la protección del vulnerable y para brindar una defensa técnica de calidad en el caso concreto. Esto fue reconocido por organismos internacionales y por las instancias regionales y locales". Para la funcionaria judicial, "una cosa es el juez, otra el fiscal y otra el defensor. Esta tríada, es hora de que quede plasmada en el texto constitucional, porque eso le va a dar relevancia histórica y a partir de allí van a empezar a caminar, superando problemáticas de todo tipo, porque va a haber alguien pensando los problemas de la Defensa Pública y pudiendo resolverlos desde la Defensa Pública. La Constitución da el puntapié inicial para la mayor eficiencia del sistema".

En tanto, María Gabriela Burgos, defensora General del Ministerio Público de la Defensa de Jujuy, habló de la experiencia en esa provincia. "En 2016 sancionó la Legislatura provincial leyes que separaron al Ministerio Público de la Acusación del ámbito del Poder Judicial y a la Defensa Penal". En 2023, se integraron además la defensa jurídico penal y la defensa de menores a nuevo Ministerio Público de la Defensa. "La tríada de jueces, fiscales y defensores tienen distintas funciones dentro del mismo sistema. En Jujuy eso quedó plasmado en la Carta Magna constitucional. Hay que transitar dificultades y se va a establecer el mecanismo que se va a llevar adelante. Hoy en Santa Fe tienen un salto cualitativo importantísimo. Significa pensar en trascender de acá a unos cuántos años".