El actor Jorge Sesán, que en la mundialmente exitosa serie El eternauta interpreta al maquinista que conduce la locomotora en el último episodio de primera temporada de la serie de Netflix, pinta departamentos para poder hacer frente a su cada vez más esporádico trabajo como actor. Un director de consagrada trayectoria en cine y series televisivas confesó que desde hace más de un año vive de los ahorros que supo atesorar allá lejos y hace tiempo. Se le están terminando. Las “changas” para pasar este largo invierno de parálisis del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) se replican entre los distintos profesionales del mundo audiovisual argentino: son muchos lo que tuvieron que ponerse al volante de un auto y trabajar como choferes en aplicaciones de transporte precarizado, a la espera de que la producción vuelva a rodar. Son solo algunas de las historias que están detrás de la decisión del gobierno nacional de cortar el círculo virtuoso cinematográfico argentino que tanto costó construir, ley de cine de 1994 mediante.

El panorama es desolador, por donde se lo mire. La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) realizó un estudio en 2024 en el que le pone números a la situación actual del mundo de la cultura: el 60 por ciento de los actores y actrices afirmó haber tenido que trabajar en actividades ajenas a su profesión en el último año para poder llegar a fin de mes, mientras el 78 por ciento admitió que no alcanzó a cubrir la Canasta Básica con sus ingresos a septiembre del año pasado. Una situación que se extiende a buena parte de los profesionales técnicos y artísticos, ante la dramática retracción que sufrió el sector audiovisual en Argentina desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional.

Los datos del mercado laboral de los profesionales del audiovisual no son los únicos preocupantes. Desde que el economista y sin experiencia en el sector Carlos Pirovano asumió al frente del Incaa, el ente encargado del fomento del cine nacional no aprobó ninguna película de ficción. “A lo largo de 2024 y en lo que va de 2025, Carlos Pirovano se ha convertido en el único presidente del Incaa en tener el récord histórico de cero películas argentinas aprobadas durante su gestión”, puntualizaron hace unos meses desde el Espacio Nacional Audiovisual (ENA), el espacio que nuclea a distintas asociaciones audiovisuales. Solo hubo aprobaciones de nuevas películas para la realización de documentales, pero no para ficción. Los 241 títulos nacionales que se estrenaron en 2024 son consecuencia del funcionamiento de la gestión anterior. Todo hace pensar que en este 2025 no se van a poder superar los 200 estrenos de películas argentinas, como viene sucediéndose -con excepción del 2020, con salas cerradas por la pandemia- desde 2016. Y, a esta altura, la cantidad de films nacionales que se estrenarán en 2026 será aún peor, ya que la producción 2024-2025 se encuentra (casi) estancada.

“El panorama del cine nacional en la actualidad es muy desalentador y preocupante”, le cuenta a Página/12 Santiago Marino, coordinador de El audiovisual ampliado y profesor e investigador de la Universidad de San Andrés. “No solo teniendo en cuenta los cambios que se produjeron en el consumo del cine con la masificación de los servicios de streaming, sino porque a eso se agrega una combinación muy compleja en las salas: de las industrias culturales, es a la que más le ha costado recuperar niveles de prepandemia, en general en América Latina y especialmente en Argentina, donde todavía no ha vuelto a los números de 2019. Además, esto se combina con la decisión del gobierno nacional de desguazar el Incaa y de parar con el financiamiento para la producción nacional”.

Desde una perspectiva más cercana, el director Mariano Llinás describe la situación actual del cine argentino: “La política del gobierno respecto al Incaa parece no tener demasiado misterio: es de un ajuste feroz. Ganó las elecciones con la promesa de recortar a unas supuestas élites que gastaban toda la plata. Lo que hizo en este año y medio es diseñar a la medida de esa ficción a un enemigo. Es decir, la idea de que el cine era responsable de una especie de derroche. Toda una serie de cosas que cualquier persona medianamente informada sabe que no son ciertas, pero que son indispensables para la política del gobierno de mostrarles a sus seguidores que también están soportando el verdadero ajuste, que son duros con estos enemigos derrochones en los que nos han convertido. Es una especie de ficción muy simple que ellos necesitan y que habrá que ver en qué medida consiguen destruir en su totalidad el cine argentino o no. Si dependiera del gobierno, esa destrucción va a ser total.”

¿Qué cambió?

Las distintas resoluciones que promovió el Incaa bajo gestión libertaria fueron todas contrarias a su finalidad, que no debería ser otra que la de fomentar el cine nacional. Fueron muchas y con consecuencias nunca antes sufridas por el audiovisual argentino. A nivel exhibición, hubo dos decisiones que atentaron contra las obras. Por un lado, se modificó la cuota de pantalla, que antes garantizaba la proyección de una película nacional en todas las funciones de una sala, al menos una semana cada tres meses; ahora basta con que los films nacionales ocupen el 6% (en caso de multisalas de más de ocho pantallas) o del 4% (en las de menos) y en dos funciones diarias en horario central por una semana. Por otro lado, la gestión el Incaa eliminó la “medida de continuidad”, que garantizaba el mantenimiento en cartel de las películas argentinas si superaba un mínimo de espectadores. Los grandes tanques de Hollywood, agradecidos.

No fueron la únicas medidas que boicotearon la posibilidad de acceder al cine nacional en las salas. La explicación de que la actual gestión no haya aprobado ni una película de ficción de producción nacional desde diciembre de 2023 a esta parte obedece, fundamentalmente, a otras dos decisiones. Por un lado, a la resolución del 9 de abril de 2024, que suspendió por 90 días el sistema de “ventanilla continua”, que permitía la presentación y gestión de proyectos en forma permanente y sin plazos definidos, a diferencia de los concursos por convocatoria. Esa suspensión se fue renovando ante cada vencimiento, paralizando la producción.

En paralelo, la gestión también disolvió el Comité de Preclasificación de Películas del Incaa, cuya tarea principal es recibir los proyectos cinematográficos, analizar su viabilidad evaluando distintas cuestiones (a través a de carpetas técnicas y financieras detalladas, donde se incluyen contratos, presupuestos, planes de rodaje, avales y garantías) y declararlos de interés (o no) para obtener los subsidios correspondientes tal cual lo define la ley, y así comenzar sus rodajes. La eliminación en 2024 de este comité le dió el tiro de gracia al cine argentino, modificando un mecanismo aceitado que impulsó la producción nacional durante años, dándole la posibilidad a producciones pequeñas, medianas y grandes de todas las temáticas y géneros de empezar a filmar a partir de ese apoyo económico que -vale la aclaración- en ningún caso financia toda la producción.

Las resoluciones sobre la exhibición y sobre la producción del cine nacional tuvieron como único objetivo paralizar a la industria audiovisual, dejando sin efecto los objetivos de fomentarla que por ley posee el Incaa. Por si no fueran pocos los cambios, la gestión de Pirovano estableció un nuevo agravante, mediante el decreto 662/24: las productoras que accedan a cualquier subsidio no podrían solicitar otro hasta que transcurra al menos un año, sin tener en cuenta que hay productoras que trabajan con hasta tres o cuatro producciones a la vez. A su vez, la misma normativa limita el uso del Fondo de Fomento Cinematográfico, del cual ahora sólo se podrá utilizar el 20 por ciento de su total para la producción de películas nacionales. Una decisión absurda, teniendo en en cuenta que su objetivo principal es promover la realización de obras nacionales.

“La política de paralización de la industria -puntualiza Marino- que encabeza la actual gestión es desastrosa. Es muy significativa en relación a la producción de cine local. Lo que ocurrió este año y medio tiene un peso dramático. Durante este año no se ha aprobado ningún proyecto de producción de película nacional de acuerdo a los cánones tradicionales con los fondos que el ente sigue recaudando. Lo recaudó este año y lo recaudó el año pasado. Es decir, esos fondos son además de destino determinado, son fondos específicos, no se pueden usar para otra cosa. No se sabe dónde están esos fondos ni qué se hizo con ellos y deberían ser destinados para la producción de cine nacional”.

Lo llamativo de todo este paquete de resoluciones que van en contra de la ley de cine vigente y de los objetivos del Incaa es que mientras no aprobó ningún proyecto cinematográfico de ficción en este año y medio, el ente continúa recaudando lo que le corresponde para promover a la industria cinematográfica. Nunca dejó de recaudar ese dinero. Vale aclarar que el Fondo de Fomento se compone de ingresos genuinos de la industria audiovisual, conformado por el 10 por ciento de la venta de entradas de cine, el 25 por ciento de lo que el extinto Enacom recauda de los canales de TV y emisoras radiofónicas y del 10 por ciento de venta de “videogramas grabados” en soporte físico.

“El Incaa sigue recaudando lo que le corresponde por ley, pero tiene pisado el dinero que debería servir para fomentar la producción nacional”, subraya Martín Desalvo, director de El silencio del cazador y miembro del Consejo Asesor del Incaa, conformado recién hace dos meses por la actual gestión. “El presidente dice que deberíamos estar contentos porque el dinero está supuestamente en las cuentas, pero es todo lo contrario al fin del instituto, que es el de ayudar a la producción, no que haya plata en el banco. Es una gestión que muestra felicidad por haber hecho el mayor recorte de la historia y tener superávit, como si se tratara de una empresa. De hecho, todas las películas que se están filmando este año son de mandatos anteriores: hay cero películas aprobadas por esta gestión. Hablamos de ficción, porque documentales sí se aprobaron ya que no se modificó el sistema”.

La detonación del funcionamiento del Incaa y de la promoción del cine nacional de parte del gobierno libertario continuó con otras decisiones, que incluyeron más de 250 despidos y la eliminación de gerencias y jefaturas a su estructura. Una de las más explícitas fue la resolución N°16-E/2024, que suspendió toda erogación económica vinculada a apoyos y aportes institucionales de parte del Incaa a las producciones, incluyendo los destinados a festivales nacionales e internacionales. Así, el Incaa renunció a la organización de “Ventana Sur” en Argentina, el mercado que desde hacía más de 15 años servía como plataforma de acceso internacional para las productoras nacionales. La decisión también afectó el acceso a la producción cinematográfica argentina en el exterior, donde el cine nacional transmite no solo identidad cultural sino también le permite al país contar con ingresos de potenciales divisas por ventas de obras. La paradoja es que el mismísimo Pirovano viajó a las ediciones 2025 de los Festivales de cine de Málaga y de Berlín en representación de cine nacional a la que él mismo le está pasando una sangrienta motosierra.

¿Y, entonces?

La industria cinematográfica nacional quedó a merced del sector privado, volcada principalmente hacia grandes producciones comerciales, en su mayoría asociadas a algún servicio de streaming. Es decir: el sector privado pasó a ser el principal financiador del cine argentino, perdiendo riqueza y heterogeneidad, además de una clara identidad nacional que se desfigura si el único criterio para filmar es la contraprestación económica. Un criterio válido, por otra parte, pero indudablemente limitante para el país en térmicos culturales y artísticos. Y con consecuencias directas en la identidad audiovisual nacional y en el acceso a las obras argentinas que no cuentan con la coproducción o el apoyo del Incaa.

“La decisión de qué se filma -reflexiona Marino- se ha extranjerizado. Hoy son las plataformas, Netflix, Amazon, Paramount, Disney, las que deciden qué se filma, porque las productoras que trabajan con esas plataformas, que son casi siempre las mismas, K&S en el caso de Netflix, o Pampa Films en Disney, detallan que las decisiones centrales las toman las plataformas. Esto incluye decisiones estéticas, no solo de guiones y de tipos de historias. Ese es un primer problema muy grave. Y la otra preocupación es que el acervo cultural queda en manos extranjeras. Si mañana Netflix decide dar de baja de su catálogo una película original que produjo en Argentina, ¿dónde queda esa producción? ¿Quién y cómo puede verla si no la vio en su momento en el catálogo de Netflix? ¿Quién puede almacenar todo el material, que cuando era financiado por el Incaa quedaba en el registro del instituto y se podía hacer un trabajo sobre el acervo cultural? Es decir, la extranjerización de la decisión de producir el contenido nacional viene acompañada de la extranjerización del control del acervo cultural audiovisual”.

En este panorama, el Incaa redujo su aporte a la promoción del cine nacional a concursos o herramientas de financiación ficticias o absurdas. La implementación de micro créditos bancarios para financiar películas carece de viabilidad, al punto que pese a que algunas productoras inicialmente se inscribieron para aplicar, finalmente todas desistieron de hacerlo. Incluso, en muchos casos esos créditos impulsados por el ente contaban con intereses que superaban a los del sistema bancario. Además, como en Argentina el costo en dólares de los rodajes se incrementaron cerca de un 40 por ciento desde fines de 2023, los créditos impulsados (de 50 mil dólares) tenían montos irrisorios para lo que requiere una producción audiovisual. “Argentina -detalla Desalvo- está mucho más caro para producir que Uruguay, donde hay un plan de beneficios económicos e incentivos fiscales que nosotros no tenemos, a excepción de algunas provincias que tienen cash rebate (devolución de dinero) pero con sumas también escasas que no terminan por impulsar la producción”.

Eliminado el sistema de “ventanilla continua” y el Comité de Preclasificación de películas, el Incaa basa su política de fomento solo a través de concursos, que por su misma burocracia y pasos administrativos demora los tiempos de producción. Y no solo eso: basta ver algunos de los concursos anunciados para entender los lineamientos de la nueva gestión. Así, en mayo el Incaa lanzó un Concurso Audiovisual Multiplataforma destinados a “jóvenes creadores de contenido” de Tik Tok, Instagram, YouTube y Twitch, de entre 18 y 28 años. Y hace unos días, por ejemplo, lanzó un Concurso de largometrajes para grandes audiencias, destinado a productores cuyas películas hayan superado los 75 mil espectadores en cine, cuyo premio es de 500 mil dólares.

La comunidad cinematográfica argentina es coincidente: “es imposible generar y desarrollar una industria solo a base de concursos”. Pero como por ahora es la única herramienta posible, hace algunas semanas el Consejo asesor del Incaa le propuso al presidente un sistema de concursos que puede comprender a la totalidad de la producción nacional, teniendo en cuenta su heterogeneidad. Pirovano se mantiene inflexible y no parece dispuesto a conversar políticas públicas que no sean las que le marca el gobierno nacional desde su asunción.

“Pensar la industria cinematográfica únicamente como un negocio monetario es un gran problema, porque toda obra artística transmite valores culturales, de identidad nacional, de soberanía, de lo que somos, pensamos y sentimos… “, cuenta la guionista Luisa Irene Ickowicz, presidenta del Consejo Profesional de Cine de Argentores. “Una película no solo genera trabajo a los técnicos y a los artistas que la realizan sino que también dinamiza la economía hacia el resto de las actividades detrás del proyecto, desde el catering, la escenografía, el traslado, la hotelería, el turismo… Incluso, desde su concepción, el cine es una industria que trae divisas al país. Hoy, lamentablemente, el Incaa no está cumpliendo con su finalidad de promover nuestro cine y tampoco con la posibilidad de generar recursos genuinos”.

Sin indicios de cambios de la actual gestión, con un gobierno que por cuestiones ideológicas eligió al Incaa como botín de guerra para implementar su modelo cultural y económico, se vive la peor crisis de la historia del cine nacional. “La pregunta ahora tiene que ver con nosotros, si nos podremos arreglar para seguir haciendo películas pese a este ataque”, dice Llinás. Interrogante que la comunidad cinematográfica deberá responder con creatividad, arte y, por supuesto, mucha lucha. Para recuperar la finalidad de un Instituto que sigue recaudando un dinero que le es propio.