Quedó imputado ayer el segundo marinero filipino detenido la última semana por haber participado en el contrabando de casi media tonelada de cocaína descubierta en un buque amarrado en el puerto de Vicentin en San Lorenzo. La decisión la tomó el juez federal Carlos Vera Barros, en base a los cargos que presentó el fiscal Matías Scilabra, de la Procuraduría contra el Narcotráfico (PROCUNAR). 

La audiencia de formalización de la investigación en la que se le atribuyó al ciudadano filipino Rowel Tagalera haber participado en el contrabando de estupefacientes hallados el pasado 30 de abril a bordo del buque MV Ceci se celebró ayer. 

Las sospechas sobre Tagalera se basan en los dichos del único detenido, el cocinero de a bordo que fue quien reveló detalles de la forma en que ingresaron los más de 460 kilos de cocaína a la bodega del barco. Ahora, con el teléfono de Tagalera secuestrado, se pudieron corroborar los roles. Según los pesquisas, Tagalera fue quien contactó a Jonathan Caputero, el cocinero del buque MV CECI, para concretar el contrabando.  

En la audiencia se resolvió tener por formalizada la investigación penal y se dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 60 días. La medida fue adoptada en función de los riesgos procesales vigentes y la gravedad del hecho investigado.

La captura del sospechoso ocurrió en el marco de un operativo llevado a cabo por personal de Prefectura Naval, que se realizó con colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Paul Starc. 

La captura ocurrió cuando el tripulante arribó a la misma terminal portuaria en la que se descubrió el gran cargamento narco meses atrás. Lo interceptaron cuando llegó a bordo de una embarcación de otra bandera. Su localización y posterior detención se logró a partir una intensa investigación llevada adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Se trata de la segunda detención del caso: el primero en caer había sido un cocinero llamado Jonathan Caputero, quien fue señalado por la Justicia como quien realizó la maniobra para los narcos. De hecho, el chef se hizo cargo al admitir su responsabilidad ante las autoridades. Tras su detención, también entregó su celular. A pesar de su confesión, los investigadores aún trabajaban por resolver la incógnita principal que es el lugar donde se cargó la droga.

Hasta ahora, la respuesta la buscaban en los bolsos estancos donde estaban los estupefacientes, los cuales tenían sabor salado a pesar de que el agua del Paraná es dulce. Ese detalle llevó la causa a la rada de Montevideo, donde el buque sospechoso había permanecido fondeado los días previos a llegar al cordón industrial, proveniente de Emiratos Árabes e Irak. En ese lugar, los narcos, que buscarían “mano de obra barata”, habrían contactado al chef que cedió al pedido.

La deducción es que luego de la operatoria, el barco cerealero continuó su ruta comercial por el río Paraná para cargar 46 toneladas de girasol en el puerto de San Lorenzo y seguir hasta Europa. Sin embargo, el hallazgo de la cocaína frustró el plan.

El hallazgo de 469 kilos de cocaína ocultos en un buque cerealero de bandera de las Islas Marshall ocurrió a fines de abril. La embarcación, que tenía como destino Europa y procedía de Emiratos Árabes, se encontraba anclada en el puerto de Vicentin.

A bordo del buque, el “MV Ceci”, iban 21 tripulantes de nacionalidad filipina, de los cuales 20 fueron detenidos tras el operativo. No obstante, todos fueron liberados horas después, a excepción de Caputero, quien quedó detenido con prisión preventiva.

Todo salió a la luz cuando el capitán del buque “descubrió varios paquetes sospechosos en una de las cámaras frigoríficas del barco y en el interior de los vestidores”, según explicaron los investigadores. Más precisamente, en una de esas cámaras frigoríficas del buque se hallaron los primeros 80 kilos de cocaína. Esa fue la punta del caso. La embarcación cuenta con un total de tres refrigeradores.

Las fuentes con acceso al expediente agregaron que, ante el hallazgo, el capitán del buque “MV Ceci”, se comunicó con el armador -responsable de la operación del barco-, quien llamó a un estudio jurídico en la ciudad de San Lorenzo. Fue entonces cuando la información llegó a la UIF, que hizo la denuncia esa madrugada en la fiscalía federal y comenzaron los operativos de las fuerzas federales en el buque que había amarrado en el muelle Vicentín del puerto de San Lorenzo para hacer trabajos de carga.