El exsenador aliado de La Libertad Avanza Edgardo Kueider, quién ayudó al Gobierno con su voto a la Ley Bases y luego intentó cruzar hacia Paraguay con 200 mil dólares sin declarar, está cada vez más complicado. Ahora, se inició el proceso de extradición en el marco de la causa Securitas por presunto lavado de dinero que impulsa la jueza Sandra Arroyo Salgado. Es por eso que la Justicia paraguaya ordenó la detención preventiva de él y de su secretaria, Iara Guinsel Costa, ambos requeridos por la Justicia Federal de San Isidro. Si bien el exfuncionario y su acompañante ya estaban con prisión domicilaria por la causa por contrabando, ayer fueron detenidos y trasladados a la sede de Interpol en Asunción. En la audiencia identificatoria que se hizo ayer, ambos decidieron no someterse al proceso de extradición simplificada y evitaron quedar de manera inmediata en manos de las autoridades argentinas. Es por eso que ahora será la justicia de Paraguay la que dará inicio a un proceso más largo, en el que los acusados podrán presentar sus objeciones y luego deberá resolver un juez. "Es una chicana para estirar lo que puede ser una condena", indicaron los medios de ese país. Se trata de un delito que tiene una pena de entre 3 años como mínimo y 10 como máximo, más accesorias. Por el momento, seguirán con la domiciliaria, pero con tobillera electrónica.
Del puente al lavado
Kueider y Costa se encontraban bajo arresto domiciliario en la capital paraguaya acusados de tentativa de contrabando de divisas. Habían sido detenidos en el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este y Foz de Iguazú, el límite entre ambos países, cuando intentaban ingresar con una mochila cargada con 211.102 dólares sin declarar que llevaba en el asiento de atrás del auto.
En Paraguay se les abrió también una causa por lavado de activos luego de que el empresario Carlos Guasti, CEO de una firma de Real Estate con peso en el mercado inmobiliario paraguayo, revelara que la joven había intentado comprar departamentos en Asunción por cerca de 700 mil dólares. Esa transacción fallida fue el 18 de junio del año pasado, apenas cinco días después de la aprobación de la Ley Bases, para la que el voto del entonces senador Kueider fue decisivo.
Pero el pedido de extradicción viene por otro delito. En la Argentina, Kueider y su secretaria son reclamados por el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N.º 1, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que inició el pedido en el marco de una causa conectada con un megaexpediente por pagos ilegales de la empresa Securitas a funcionarios públicos de diversas provincias.
Desde marzo hay siete personas detenidas en ese caso, todos ligados a Kueider, entre ellos Daniel González, colaborador en el Congreso, a nombre quien estaba la camioneta con la que cruzó a Paraguay y con quien se asoció en la firma Betail S.A, a nombre de la cual adquirió tres departamentos de lujo en Paraná. Al exsenador, que se alejó del peronismo y se abrazó a Javier Milei, se lo investiga también por presunto enriquecimiento ilícito en Entre Ríos.
Es en ese contexto que la fiscal adjunta paraguaya Matilde Moreno solicitó la detención del exsenador y su secretaria con el objetivo de iniciar el proceso de extradición. El pedido fue aceptado por el juez Rolando Duarte, quien emitió la orden. "La solicitud de extradición se realiza en virtud al tratado de extradición entre la República del Paraguay y la República de la Argentina , del 25 de octubre de 1996, sancionada en nuestro país por Ley 1061/97, vigente y aplicable al caso", indicó el juez paraguayo en su fallo. El pedido había llegado a Paraguay en enero de 2025, pero en ese momento el Ministerio Público paraguayo pidió información complementaria para cumplir con los pasos formales de los tratados internacionales.
Tras la orden del juez Duarte, Kueider y Gunsel Costa fueron detenidos por la Policía de Paraguay mientras cumplían el arresto domiciliario en un amplio y confortable departamento de Asunción --antes habían estado en el complejo “Tierra Alta” de la capital, pero fueron expulsados a pedido de los vecinos por la presencia constante de la prensa--. Fue 24 horas antes de la audiencia preliminar por la causa por contrabando que enfrentan en ese país. “Fueron detenidos a las 8 de la mañana y estuvieron acompañados en todo momento por sus abogados defensores”, explicó el comisario Virgilio Chávez, subjefe de Interpol Paraguay. Ahora seguirán con la prisión domiciliaria, pero deberán usar una tobillera electrónica que, según indicaron los periodistas locales, serán de los primeros detenidos en usarlas ya que es una metodología que se instaló hace poco tiempo.
En las horas previas a la audiencia, el juez Duarte había explicado el proceso: “Una vez detenidos o puestos a disposición del juzgado, se realiza lo que se denomina la audiencia identificatoria. En esa audiencia se le consulta si se quieren someter al proceso de extradición. Si se someten al este proceso, se inicia el procedimiento de entrega. Si no se someten, empieza lo que formalmente se conoce como un proceso de extradición”. Como Kueider y Gunsel Costa se negaron, ahora es la justicia paraguaya la que deberá impulsar el proceso, algo que llevará meses.
"Es una chicana judicial para dilatar el proceso", explicó el periodista Victor Spahr en diálogo con radio AM 750. "Ahora es Paraguay el que inició el reclamo para avanzar con la extradición. Mientras tanto, deberán cumplir con arresto domiciliario en el inmueble donde están, que queda en Asunción, y deberán utilizar tobilleras electrónicas según dispuso el juez", agregó.
El fallo de la Justicia paraguaya
La causa Securitas
En marzo de este año, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención de siete exsocios, testaferros y colaboradores de Kueider, que estaban acusados de integrar una organización criminal que colocaba en el sistema bancario sumas millonarias que provenían de negocios ilícitos. Según sostuvo la fiscalía, la detención del exlegislador aliado de La Libertad Avanza en Paraguay con 200 mil dólares no declarados forma parte de una actividad ilegal, que incluye la compra de tres departamentos en Entre Ríos. Además, el fiscal Fernando Domínguez incluyó como pruebas imágenes de Kueider contando grandes cantidades de dinero en su despacho mientras era secretario General de la Gobernación, durante el mandato de Gustavo Bordet, entre el 2017 y 2019, que tendrían vinculación con las coimas que la empresa Securitas pagó para operar en ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana, y por la que es investigado en otra causa.
Los acusados son o bien parientes, colaboradores, o contadores de Kueider. Se trata de Daniel González, socio del exsenador en la empresa Betail SA –a través de la cual hacían las operaciones– dueño del auto en el que fue detenido; Rita Soledad Machuca, secretaria histórica durante su función pública; Javier Rubel, primo de Kueider que pasó de trabajos informales como albañil a ser empresario; Adriana Cecilia Crucitta, abogada y socia de González; los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti, que aportaban en la estructura de la empresa y Gabriela Saint Piere, esposa de Nogueras. Todos fueron señalados por la fiscalía como integrantes de una banda “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles” en conjunto con Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa.
La empresa Betail le sirvió al exsenador como base para recibir activos líquidos, en apariencia legales, aunque, en realidad, “no tuvo nunca capacidad económico-financiera de generar ganancia alguna”.
